“Si las economías del mundo, siguieran las mejores prácticas en procesos regulatorios para la apertura de una empresa, los emprendedores emplearían 45.4 millones de días menos cada año en trámites burocráticos”. Es uno de los comentarios que encontramos al revisar el informe Doing Business (DB). Y es que es bastante obvio que el exceso de trámites y permisos burocráticos retrasa las inversiones y el crecimiento del Perú; pero si revisamos la situación de las ciudades del interior del país, encontraremos que la situación es aún más complicada.
DB es un índice que realiza el análisis y seguimiento a los cambios en las regulaciones y procesos que debe de realizar una pequeña y mediana empresa en varios aspectos, tales como: la apertura de empresas, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registros de propiedades, obtención de crédito, protección de inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio internacional, cumplimiento de contratos, resolución de la insolvencia y regulación del mercado laboral.
Este informe, sólo recoge información de la ciudad más relevante para la economía de cada país, en nuestra caso por tanto sólo se analiza Lima. En la última edición DB 2015, por primera vez se incluyó una segunda ciudad, pero sólo para los países con más de 100 millones de habitantes.
Mi experiencia en estos poco más de dos años fuera de Lima, es que si revisáramos los indicadores de las ciudades del interior del país, encontraremos que la demora en trámites y permisos es infinitamente mayor, y una razón relevante de esta demora, es que en muchos casos deben enviar el expediente a Lima para ser analizado, un centralismo bastante incómodo y palpable día a día.
Es claro que tener todas las instancias (cargos y funciones) en todas las ciudades del Perú sería operativamente demasiado costoso, pero esa no es la única razón, dos razones adicionales que están relacionadas son: la falta de capacitación y el temor a dar una autorización que pueda ocasionar sanciones de parte de inspectoría o contraloría.
Esto ocasiona, que los funcionarios públicos pasen a una larguísima etapa de análisis, que causa parálisis y terminan enviando el expediente a una instancia superior, que muchas veces está a miles de kilómetros de distancia.
A lo anterior, hay que sumar que la excesiva demora permite la aparición de oportunidades para la corrupción, y muchas veces el expediente da vueltas a la espera de una “aceitada”.
Estamos ante un gran problema, y si en Lima según el informe DB no hemos tenido avances relevantes respecto al año anterior, la situación en provincias es aún más complicada, por ello, quizás antes que usar la tramitología (arte o ciencia de resolver, perfeccionar o facilitar los trámites) caso a caso, yo iría por el camino corto, usando la frase atribuida a Hipócrates de Cos (que también usa, en alguna obra William Shakespeare) que dice: “grandes problemas, requieren grandes soluciones“, y en el caso del Perú con su complicada desaceleración económica, deberíamos usar la traducción literal que es: “tiempos desesperados, requieren medidas desesperadas”.
Y esto significa, usar radicalmente “la declaración jurada” (de la persona/empresa solicitante, y de ser el caso del profesional colegiado que avala) como documento clave de nuestra estructura de trámites, esto obviamente debe ir de la mano de una inspección posterior, y de ser el caso una drástica sanción civil o penal, según sea el caso a la persona o apoderado de la empresa solicitante y del profesional colegiado que avala.
La declaración jurada es un documento clave en muchas economías que han avanzado en el índice DB. Sé que muchos consideran que los peruanos somos un país totalmente distinto del resto del mundo y como somos únicos en el mundo las soluciones de otros países no nos aplican. La evidencia, los países que han mejorado en forma importante en el índice, como Colombia, Jamaica o Albania, que seguramente también creen que son diferentes al resto del mundo, han aplicado las mejores prácticas de otros países y ha funcionado.
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