En las últimas semanas, así como otros problemas estructurales del país, el COVID-19 también ha hecho (aun más) evidente el problema de hacinamiento y condiciones precarias de los penales. En este marco, el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia (expediente N° 05436-2014-PHC/TC) donde declara el “estado de cosas inconstitucional” de las cárceles en Perú, debido al hacinamiento que existe. En esta resolución, ordena al poder ejecutivo (especialmente al Minjus) elaborar un plan para solucionar el problema hasta 2025. Si no lo hace para entonces, cerrará las cárceles. En este artículo daré algunas sugerencias sobre los puntos donde debería enfocarse el plan.
¿Por qué debería importarnos?
El problema de la sobrepoblación de las cárceles no solo nos debería importar por temas humanitarios, sino por razones “egoistas”:
1. Un sistema como el actual hace que los delincuentes se vuelvan más avesados en las cárceles y aumenta las posibilidades de reincidencia. De acuerdo a estadísticas del INPE, más o menos un cuarto de los prisioneros (25%) ingresa más de una vez a un penal.
2. El costo de un preso en Perú es de más o menos 10 mil soles al año. Si hay 100 mil presos aprox., eso significa 1 billón de soles anuales. Es más o menos lo que gasta el Estado peruano en agua y alcantarillado en un año, en un país donde más o menos la mitad de la población no tiene acceso a servicios de agua y saneamiento.
3. Tenemos obligaciones internacionales que cumplir en materia de Derechos humanos, que incluyen nuestro trato a prisioneros.
¿Qué hacer?
1. Revisión de la “racionalidad” de nuestras penas: delitos asociados a las drogas, alimentos y sexuales
Fuera del “populismo punitivo” del Congreso (que es un problema en sí mismo), en este caso nos enfocaremos en los puntos que efectivamente pueden descongestionar nuestras cárceles. Por ejemplo, ¿es necesario encarcelar a los micro-traficantes de drogas? La mayoría son delincuentes de poca monta, con un importante número de extranjeros. La despenalización de delitos asociados a la venta de droga podría traer una reducción del 15% de la población penitenciaria aprox.
Por otro lado, ¿es conveniente meter a la gente en la cárcel por no pagar alimentos? ¿Cómo ayuda eso a las víctimas? ¿No sería mejor pensar en alternativas a la pena? Por ejemplo, un sistema de vigilancia estatal a estas personas, que tengan la obligación de registrar sus bienes, búsquedas de trabajo, gastos, etc. En el caso de alimentos, hablamos de cerca del 3% de la población penitenciaria.
Finalmente, habría que revisar nuestro tratamiento a los delitos sexuales. Claramente, este es un problema social de la mayor gravedad y que requiere una acción del Estado urgente. La respuesta facilista es subir las penas, incluso proponiendo la pena de muerte, pero ¿es esto conveniente? No estoy proponiendo un trato más blando o que no sufran las consecuencias de sus actos, pero estos delitos parecen ser tan complejos e involucrar tantas capas sociales y sicológicas, que no parece conveniente darle un trato semejante a otros delitos. Esto no implica restarles importancia, sino todo lo contrario, verlos de forma más comprensiva, incorporando temas como la “justifica reparadora” y programas dedicados al tratamiento sicológico de víctimas y delincuentes. Además, debe tomarse en cuenta que este tipo de delito es uno de los menos reportados, en parte por lo inapropiado de la respuesta del sistema de justicia. A pesar de esto, estamos hablando del 15% aprox. de la población penitenciaria. Si hay una parte de nuestro sistema penal que requiere ser reevaluada y modificada, es ésta. Aquí les dejo un estudio comprehensivo al respecto, porque obviamente no puedo agotar el tema aquí ni es mi área de especialidad: “Innovative justice responses to sexual offending – pathways to better outcomes for victims, offenders and the community” (2014).
Estos son ejemplos de temas que deberían tener aproximaciones distintas y más comprehensivas que simplemente arrojar a las personas a la cárcel y que, de paso, significarían una reducción de más o menos un tercio de la población penitenciaria.
2. Revisar nuestras políticas de prisión preventiva y previa
Casi la mitad de los presos en Perú no ha sido sentenciado. Eso es inadmisible. Es verdad que el número se ha ido reduciendo en los últimos meses, pero 40% sigue siendo inadmisible. En Perú se ha hecho una costumbre que las personas vayan a la cárcel solo por ser acusadas de cometer un delito, yendo en contra del principio de presunción de inocencia. Esto se ha hecho patente para la mayoría cuando muchos políticos han ido a la cárcel aun sin sentencia, pero el problema no empieza con ellos. Desde hace decenas de años se viene encarcelando a gente de ese modo.
3. Privatización de prisiones
Sin duda un tema polémico. Existen argumentos a favor y en contra. En contra: existen estudios que demuestran que existe más maltrato a presos en cárceles privadas. Por otro lado, dueños de cárcel en USA hacen lobby para que aumenten las penas.
A favor: justamente reducen el hacinamiento. De paso, en Perú en especial, el Estado es particularmente malo administrando cosas.
Los puntos en contra se pueden salvar con un buen contrato. Por ejemplo, para evitar los lobbies; no les pagues por preso, sino en base a otro criterio. Para evitar el mayor maltrato, se puede establecer sistemas de vigilancia estricto a las empresas. El Estado suele ser mejor en este tipo de tareas de supervisión, que efectivamente administrando cosas.
COMENTARIOS
En lugar de “justifica reparadora” debe decir “justicia reparadora”
DEJE SU COMENTARIO
La finalidad de este servicio es sumar valor a las noticias y establecer un contacto más fluido con nuestros lectores. Los comentarios deben acotarse al tema de discusión. Se apreciará la brevedad y claridad.