Hace pocos días se armó una discusión interesante en Twitter, producto de las declaraciones del Jefe de la Dircote según el cual la idea de un cambio de constitución era original de Abimael Guzmán, parte del plan de Sendero Luminoso. Un historiador al que no vale la pena mencionar, se apresuró en negarlo. En cierto modo, si uno usa una definición formal (y compatible con una democracia liberal) de constitución, es difícil imaginarse a un terrorista obsesionado con la idea de una nueva constitución. 

Sin embaro, por un lado, efectivamente es cierto: Abimael Guzmán y SL sí tenían y tienen como un plan principal una nueva constitución. Por otro lado, actores igualmente anti-democráticos -como Vladimir Cerrón- también ponen mucho énfasis en la importancia de un nuevo texto constitucional, a pesar de haber declarado públicamente que lo único que le importa es perpetuarse en el poder. ¿Cómo se concilian estas ideas? ¿Cómo es posible pensar en personas y agrupaciones intrínsecamente anti-democráticas pero que ven al cambio constitucional como algo esencial?

i) Abimael y SL usan una definición distinta de “constitucuión”

Cuando el líder terrorista Guzmán declaraba que buscaba una nueva constitución, no se refería a mejorar el texto constitucional en el marco de una democracia liberal, como a la que aspira Perú. No, a lo que se refiere -de forma similar a Castillo, Cerrón, Bermejo, Torres, Mendoza, etc.- es a una “refundación del estado”, que es un eufemismo para “destrucción del estado”. Ellos quieren destruir un tipo de estado que para ellos es opresor, burgués, alineado al imperialismo “yankee”, etc.; para reemplazarlo por una tiranía comunista, donde ellos se ven a si mismos como potenciales autócratas “benévolos” que gobernaría en interés del pueblo, pero donde las palabras “interés” y “pueblo” estarían 100% a su discreción. 

(Imágenes extraidas de la tesis de Valle-Riestra, 2015)

Como el uso de la palabra es distinto, también el medio para alcanzar su objetivo. SL no veia a la AC en sí misma como una herramienta principal. La “lucha legal” es solo un sustituto menor de la violencia y la infiltración, que siguen siendo las principales herramientas de SL. Esto explica en gran medida la renuncia de Castillo. SL se siente más cómodo usando la violencia y atacando desde las sombras, que intentando mover hilos de la política al fresco, frente a la opinión pública.

Lograr la presidencia a través de Castillo fue un hito a favor de la “amnistía”/olvido (no por nada el nuevo nombre de SL es Movadef, Movimiento para la Amnistía…). Efectivamente la sociedad peruana se ha olvidado que SL es un grupo sanguinario que hará lo que sea necesario para lograr el poder total. En una porción, esa lucha es a través del uso y abuso de instituciones legales, pero no es su principal carta, ni su preferida. Esperemos más violencia de parte de SL y su ADN terrorista.

Por supuesto, en el contexto actual, muchos toman esto a la defensiva. Dicen cosas como “ah, entonces yo soy terrorista porque quiero cambio de constitución” o “entonces Alan García era terrorista porque quería el cambio” o “Abimael Guzmán puede haber dicho o querido muchas cosas, esto es una mera coincidencia”. Todo esto es errado. Primero, como ya dijimos, SL busca el cambio constitucional en un sentido distinto al de los ciudadanos-protestantes o ciudadanos-no protestantes que ven con buenos ojos el cambio. SL manipula y usa ese interés a su favor, pero su objetivo es distinto.

Segundo, no es una coincidencia, algo menor o accidental. SL no explica por si mismo la aspiración o el debate por una AC, pero sí explica a Bermejo, a Cerrón, a Anibal Torres, al gobierno de Castillo y quizá hasta al de Boluarte; además de la violencia extrema ejercida en las protestas. Ese “plus” no es coincidente, es SL sacando provecho de una situación para lograr su objetivo. Sustraemos a SL de la realidad peruana y nos quedaría un interés menor y pacífico por una AC, uno que no haría ninguna primera plana.

ii) Las “constituciones autoritarias” sí existen

De forma compatible con el punto anterior, estas no son verdaderas constituciones, en el sentido occidental del término. Una constitución occidental es un by-product de un estado de derecho. Entonces, cuando países como Venezuela, Cuba, China o Rusia tienen constituciones; en realidad, tienen textos que llaman constitución, pero son otra cosa y cumplen otros fines. Por ejemplo, en Cuba lo podrían llamar “declaración sin valor legal acerca de los logros de la revolución”. En China la podrían llamar “manual acerca de como se debe comportar la burocracia que está completamente sujeta al poder del Partido Comunista”. Estas pseudo constituciones no tienen como base la dignidad del individuo, no consigan derechos sino meras concesiones y no dividen el poder, sino que simplemente describen el régimen autárquico con fines de coordinación interna. 

Es mucho para este breve comentario, pero incluso las asamblea constituyentes tienen -en si mismas- utilidad para un régimen autárquico. Y yendo incluso más allá (!!!) el solo hablar de una nueva constitución también tiene utilidad, como lo están demostrando los casos de Chile y Perú.

iii) En los hechos, la Constitución ya ha sido cambiada

El principal cambio de la Constitución peruana ha sido admitir la participación política de un grupo terrorista, encabezado por Cerrón y Castillo (y posiblemente incluso la propia Boluarte, aunque hoy “secuestrada” en Palacio, según el propio Bermejo).

Pero todo el debilitamiento del estado de derecho también se debe a cambios fundamentales en las “reglas de juego” que -como sociedad- consideramos constitucionales. Por ejemplo, nombras a ministros, autoridades, prefectos, etc, ligados a SL, es un cambio constitucional. Expropiar a mineras mediante declaraciones con efectos legales o la permisión de la violencia contra ellas, fue un cambio constitucional. Despachar fuera del palacio de gobierno, es un cambio constitucional. No dar ni una sola entrevista a la prensa durante dos años, es un cambio constitucional y así…

Si bien Perú ya estaba bastante bajo en el ranking, el gobierno de Castillo nos ha dado el empujón que faltaba para pasar de una “democracia fallida” a un “régimen híbrido” que podría traducirse como “semi-dictatorial” o “en camino a la dictadura”, de acuerdo al Democracy Index de The Economist, 2022.