“Tenemos que aprender a llevarnos, puesto que el pueblo peruano ha decidido que el Gobierno sea de un partido y la mayoría congresal de otro. Estamos obligados a buscar puentes de entendimiento, a coexistir, por el bien del desarrollo del país”, ha dicho el ministro de Defensa, Jorge Nieto, el viernes pasado en Tacna.
Sus palabras son una respuesta al estado de crispación que se vive. La última semana significó no solo la recomposición del Gabinete, sino también se agudizó el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Hasta el momento se ha escudriñado las acciones del Gobierno, pero no suficientemente la actitud del Parlamento, y sobre todo los proyectos de los integrantes de la mayor bancada de la oposición: Fuerza Popular.
Los voceros del fujimorismo señalan que no son una bancada obstruccionista. El Gobierno ya no lo considera tanto así, a juzgar por las recientes palabras que tuvo el presidente del Consejo de Ministros el miércoles pasado.
Si evaluamos las iniciativas económicas de Fuerza Popular en el Congreso, se apreciará que muchas de ellas están lejos de representar una visión de reformas económicas, más bien, reflejan un populismo, sobre todo en temas laborales.
Fuerza Popular por ahora está lejos de constituir una oposición que muestre alternativas diferentes a las del Gobierno. Diferentes y mejores. Salvo que recién las muestre en el mes de julio cuando la administración Kuczynski sea sometida a una evaluación con motivo del primer año de su mandato.
Ha estado ausente, por ejemplo, en el debate sobre el rol del Estado, sobre cómo enfocar el proceso de reconstrucción, sobre cómo llevar a cabo una reforma laboral para generar empleo, sobre cómo plantear cambios en el sistema de pensiones (más bien se han presentado iniciativas dispersas), sobre la diversificación productiva y la necesidad de simplificación de los trámites.
Más allá de los lugares comunes, los cuestionamientos de los congresistas fujimoristas se han centrado varias veces en formalismos, como cuando analizaron los decretos legislativos o no han explicado suficientemente la visión que tenían sobre los mismos, al extremo que Miguel Torres ha dicho que, a título personal, se hubiera “bajado” más del 80% de los decretos.
Otras veces han terminado apoyando propuestas peligrosas del Frente Amplio como la incorporación de 12,000 trabajadores del CAS a la planilla de Essalud, sin evaluar que hay una Ley Servir o presentar alternativas.
Se podrá decir que Fuerza Popular no es el Gobierno, pero hasta el momento, tampoco muestran un equipo técnico que plantee alternativas al Ejecutivo. Solo se han quedado en la oposición y en más de una ocasión en la grita. Muy lejos de las reformas que cambiaron la economía en la primera mitad de la década de los noventa.
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