“Es vital que la Presidencia del Consejo de Ministros tenga una estrategia y una coordinación con todos los ministerios, a fin de que cada uno de ellos no se vaya por la libre”.
El miércoles de esta semana el Gabinete que preside César Villanueva se presentará ante el Congreso a fin de lograr el voto de investidura. La mayoría de las bancadas, principalmente la de Fuerza Popular, ya han adelantado que le otorgarán la confianza, en momentos en que ha disminuido el conflicto permanente que había entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo cual, por cierto es percibido por la población, según las últimas encuestas.
Por lo tanto, la noticia serán los planes que Villanueva presentará para cada uno de los ministerios y la solicitud de facultades legislativas al Parlamento. Hasta el momento no todos los miembros del Gabinete han expresado los lineamientos del programa que desarrollarán y varios que lo han hecho, han mostrado pautas generales, desconociéndose el detalle de las medidas que adoptarán.
Mientras tanto, conforme transcurrieron las primeras cinco semanas de la administración Vizcarra, han comenzado a surgir algunos conflictos sociales, como las huelgas de los pescadores artesanales y de los transportistas de carga. La manera como el Gobierno enfrenta ambos problemas genera, por decir lo menos, inquietud. Así, la Confiep y otros gremios empresariales han expresado su preocupación de que no se respete la institucionalidad y los contratos firmados, por ejemplo, en el caso de los peajes, que tanto el presidente de la República como su premier han ofrecido revisarlos.
También causa inquietud que no se haya respetado la autonomía del organismo regulador en el caso de Moquegua, donde estaba previsto un alza de la tarifa de agua y más bien se arribó a una salida que significa que el fisco ayude a las empresas de saneamiento para evitar un aumento de las tarifas, esquema pernicioso que el propio Edmer Trujillo, actual ministro de Transportes y Comunicaciones, cuestionó cuando dirigía el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS).
Se comprende que en 30 días el Gobierno de Vizcarra no ha tenido el suficiente tiempo para poder conocer y abordar de mejor manera los diversos problemas que ha heredado. El propio mandatario ha dicho que “no le tiene miedo a los problemas, estos se resuelven enfrentándolos y escuchando el punto de vista de quien reclama”. Indudablemente, el diálogo es el mejor camino, pero también hay que saberlo llevar a cabo, para que no suceda lo que ocurrió con el exministro de la Producción, Daniel Córdova, en el que, por cierto, hay que reconocer que el Ejecutivo tuvo reflejos para actuar a fin de superar el impasse.
En la medida que transcurran las semanas, es altamente probable que más sectores del país expresen sus reclamos y, por tanto, es vital que la presidencia del Consejo de Ministros tenga una estrategia y una coordinación con todos los ministerios, a fin de que cada uno de ellos no se vaya por la libre.
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