A 18 días de culminar el año, y como caracteriza al actual gobierno del presidente Pedro Castillo, llegamos con incertidumbre en el ámbito político y, por supuesto, en la economía. Con menos optimismo de los peruanos, incluso que cuando esperábamos el 2021, tal como muestra la última encuesta de Datum en esta edición.
Esta semana se espera el desenlace del debate en el Congreso para definir si se otorgan en su integridad al Gobierno las facultades tributarias solicitadas al Congreso. El ministro de Economía, Pedro Francke, y más de un asesor del MEF han salido a defender la propuesta, pero sin convencer. A ellos se le han sumado los gobiernos regionales.
Justamente, los gobiernos regionales y las municipalidades demandan más recursos, aunque cada año son incapaces de gastar la mayor parte de los presupuestos asignados para inversión. Sobre esa situación casi no hay ninguna explicación del MEF, ni de sus asesores y, por supuesto, tampoco de los gobernadores regionales y alcaldes. Por ejemplo, los distritos que reciben canon y regalías para obras todavía no ejecutan más de S/ 3,831 millones a poco de terminar el año. A los primeros días de diciembre del presupuesto institucional modificado, que es S/ 54,953 millones destinados a la inversión pública, solo se han gastado S/ 31,855 millones. Desde el Gobierno se menciona, frente a ello, que el monto es récord de inversión, pero esa explicación no es suficiente. Es ser complaciente con las entidades ejecutoras. Y lo que es peor, en el Congreso no se realiza fiscalización y las exposiciones de Francke, salvo excepciones, no merecen una crítica sustentada, pero sí para pedir más dinero.
Además, el gobierno de Castilla ha puesto poco énfasis en las capacidades de los recursos humanos que debe tener el Estado, más aún si quiere asumir grandes retos. Muy por el contrario, varios nombramientos de ministros y funcionarios han terminado en escándalos y acusaciones. Y lo que es peor, hay la intención de que el Ministerio de Trabajo absorba Servir, con lo cual la situación puede empeorar, pese a que dicha entidad tiene casi todo cuesta arriba dadas las trabas que diversos gobiernos le impusieron. Y a nivel de los gobiernos regionales y municipalidades, basta recordar que la mayoría de gobernadores actuales están imputados por irregularidades en sus funciones y corrupción. ¿A esas autoridades se pretende asignar más recursos sin trabajar simultáneamente en el tema de las capacidades?
Como bien recuerda el exministro David Tuesta, un informe del BID en el 2018 reveló que el Perú desperdicia 2.5% del PBI en gasto ineficiente. Casi la mayoría de exministros de Economía y exjefes de Sunat, como Luis Alberto Arias, han realizado cuestionamientos serios a la propuesta del MEF, pero “no se oye, padre”.
Y como era de esperarse, la mira está sobre la minería. Y no es que haya sectores intocables, pero si se dice desde el MEF que hay un estudio realizado por el FMI que considera que es posible una mayor carga tributaria a la actividad minera, ¿por qué no esperar a la difusión del informe y discutir con transparencia que el gobierno de Castillo señala que ahora está en esa ruta? Se arguye que deben aprobarse este año para que tengan vigencia el 2022. Sin embargo, en aras del debate, hay que recordar que si se pretende modificar la legislación de tributos especiales a la minería como las regalías, gravamen especial e impuesto especial, como son de periodicidad trimestral y no anual como el Impuesto a la Renta, bien pueden discutirse durante el verano.
Queda, pues, en manos de los congresistas de las comisiones de Constitución y de Economía la responsabilidad de repensar las facultades solicitadas y decidir que lo más conveniente es que los proyectos de modificaciones tributarias se decidan en el recinto de la plaza Bolívar.
COMENTARIOS
DEJE SU COMENTARIO
La finalidad de este servicio es sumar valor a las noticias y establecer un contacto más fluido con nuestros lectores. Los comentarios deben acotarse al tema de discusión. Se apreciará la brevedad y claridad.