Es seguro que mientras lee este post estará preocupado por el futuro a causa del COVID-19, pero también es probable que esas reflexiones las esté haciendo desde una vivienda cómoda y teniendo alguna seguridad financiera que lo respalde.

Ahora piense en el taxista, el cobrador de combi, el ayudante de cocina, el electricista, el gasfitero, el lavador de autos, la señora de limpieza que trabaja por días en diferentes casas, los ambulantes, los jaladores, las personas que trabajan en las peluquerías a destajo y la lista continúa. Imagine que varios de ellos financian la insulina de alguno de sus padres, ayudan con los estudios de los hermanos o la terapia de alguno de sus hijos con discapacidad.

Millones de peruanos, antes del coronavirus, ya estaban a solo un mal día, una enfermedad o un accidente del colapso financiero. Con el coronavirus, su situación es doblemente grave.

Roberto Chang y Andrés Velasco en un reciente artículo publicado en Proyect Syndicate, señalan que América Latina tiene la buena suerte de estar unas semanas detrás de la propagación de la pandemia, respecto a Asia y Europa y que eso le debía permitir poder tomar decisiones rápidas y audaces.

Sin embargo, la pandemia nos encuentra con un Estado al que año tras año le decían que debía ser “pequeño” y se terminó volviendo –en muchos casos- ausente y cuya “debilidad” lo hizo permisivo con la corrupción. Todo esto ha profundizado las limitaciones para generar bienestar para los ciudadanos. Para nadie es un secreto que la educación y la salud en nuestro país enfrentan muchas dificultades y en medio de una pandemia como la que estamos viviendo, estas se convierten en amenazas.

Felizmente, aprovechando la ventaja temporal que refiere Chang y Velasco, el gobierno asertivamente ha apostado desde un principio por la CONTENCIÓN del COVID-19 y todas las medidas que ha dictado han estado orientadas a lograr ese propósito porque lo que está en juego es el colapso del sistema de salud. El país no tiene suficientes Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y respiradores mecánicos para tratar a los pacientes contagiados en estado más grave, lo cual podría –en un escenario crítico- llevar al sistema de salud a tener que elegir entre los ciudadanos en peores condiciones: a quién se proporciona oxígeno y a quién no.
Corea del Sur y Alemania son dos países que con matices y diferencias han hecho visible la importancia de tener un estado fuerte para enfrentar una pandemia como la que estamos viviendo. La primera, ha afrontado la pandemia comprometiéndose con el bienestar de sus ciudadanos: los enfermos y sobre todo, el personal de salud encargado de su atención (a estos últimos les ha garantizado adecuados elementos de protección). También ha mostrado una gran capacidad operativa para masificar las pruebas de diagnóstico y con ello tener información transparente sobre la evolución de la pandemia. La segunda, caracterizada por su capacidad para afrontar grandes desafíos, siguió el ejemplo de Corea del Sur en lo relativo a las pruebas de diagnóstico y mientras en Corea se hacen 70 mil al día, en Alemania llegan a las 160 mil. Gracias a ello, tienen claro que se acercan a los 25 mil infectados, pero solo 92 fallecidos (una mortalidad de 0.3% en comparación con 8.5% de Italia)
Pero hay otro dato importante respecto a Alemania que es el que tiene que ver con el propósito de esta nota. En el último discurso de la Canciller Merkel antes de entrar en cuarentena, su mensaje fue que “iba a hacer todo lo posible por defender la salud de los ciudadanos, las empresas y los empleos”.
En el Perú no tenemos un Estado fuerte como el coreano o alemán, pero hay que reconocer que el gobierno ha dado algunos pasos que van en esa línea: ha anunciado compras de pruebas de diagnóstico, ha puesto en marcha la entrega de un bono de S/380 a población considerada en situación de pobreza y pobreza extrema, ha dado una prórroga para el pago del Impuesto a la renta, ha creado un fondo MiPyMe adicional por S/300 millones para acceso a crédito en condiciones blandas y ha facultado a las empresas a aplicar el teletrabajo y, de no ser posible, que se otorgue licencia con goce de haber.
Sin embargo, el problema es más grande y para esos millones de peruanos que están afrontando su inminente colapso financiero es como recibir un mejoral para aliviar una crisis nerviosa. Estos peruanos necesitan la mano firme y generosa del Estado.
Esto significa moratoria de pago de hipotecas, alquileres, servicios públicos, tarjetas de crédito, medidas para la preservación del empleo, factoring sin comisiones para MyPEs e independientes tanto de facturas como recibos de honorarios; y, transferencias económicas para gastos de alimentación.
A las empresas de mayor tamaño no se las puede obligar a ser empáticas o generosas. Algunas lo serán y otras no.
Pero el Estado puede pedir contribuciones extraordinarias o ejercer el derecho de cobro de acreencias pasadas. También puede acercarse al empresariado, cuando sea necesario, con la confianza de haber financiado históricamente el éxito de los grupos económicos más grandes del país, facilitando la adquisición de bancos, puertos, empresas de servicios públicos o hasta el otorgamiento de cuotas pesqueras a costo cero.
Hoy es momento de invitar al empresariado a recordar, reconocer y a ponerse la mano al bolsillo, no con engañamuchachos sino con acciones concretas y efectivas que eviten el colapso financiero de esos millones de peruanos.
La Ministra María Antonieta Alva lo está haciendo muy bien. Es seguro que ya hizo algunas de estas invocaciones. Lo único que hay que hacerle saber desde todos los espacios posibles es que lo que está haciendo es lo correcto y, además, lo humano.

Para quienes se preguntaban para qué servía la disciplina fiscal y la acumulación del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF). La respuesta es, para este tipo de situaciones.