La III Cumbre Empresarial de las Américas llegó y se fue raudamente. Aunque sustanciosa en contenido, nuestro acalambrado contexto político no le permitió resonar. Sin embargo, algo que vale la pena destacar es el debate sobre las nuevas tecnologías, la economía digital y su importancia para el desarrollo de la región.
El mensaje de Vizcarra fue claro, “Afrontamos una gran brecha de infraestructura física y digital. Entidades como CEPAL, reconocen que sería necesario invertir alrededor del 6% de nuestro PBI regional si queremos cerrar dicha brecha”. Y varios ponentes de primer nivel promovieron un mensaje complementario: la tecnología está evolucionando mucho en ámbitos como las finanzas, la energía, el transporte, la educación, la salud y el comercio, y será una herramienta clave para generar desarrollo económico e inclusión social.
Pero este consenso ocurre en un planeta. El planeta de las grandes iniciativas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Google, IBM, Microsoft, Facebook, Amazon, la Banca Privada, las Operadoras móviles y la CEPAL. Y que no suene a crítica. Este es un planeta en el que se piensa correctamente en el futuro. La innovación que surge del sector privado, los modelos regulatorios exitosos de otros países, o las iniciativas público-privadas articuladas por organismos multilaterales, son como la caballería pesada en las batallas medievales: rompen las grandes defensas y le abren paso a la infantería.
Sin embargo, existe un planeta paralelo en el que la tecnología no es entendida ni constituye un elemento fundamental para el desarrollo: el planeta de las municipalidades. En este planeta el alcalde promueve marchas en contra de las antenas, pone carteles prohibiéndolas, sus funcionarios piden “donaciones” como requisito para permitir su instalación, se inventan procedimientos ilegales, o todas las anteriores.
Contribuyentes por Respeto analizó este mundo y encontró que en Lima, de 42 municipalidades, más de la mitad obstruye la instalación de estaciones base de telecomunicaciones. El distrito que salió último en el ranking es Santa Anita. Este municipio promulgó la ordenanza Nº 00089-MDSA, que establece una serie de requisitos adicionales a los previstos legalmente tales como planos de plantas, impacto acústico, fotomontaje de dónde irá la antena y copias de contratos con privados que incluyan firmas legalizadas, entre otros. Pero el asunto es más grave. Hay 17 distritos que ni siquiera han adecuado su TUPA (Texto único de procedimientos administrativos) a lo que dicta la Ley.
Las barreras burocráticas municipales constituyen el principal freno al despliegue de este tipo de infraestructura. Si a esto se suma que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones renunció este año a sensibilizar a la población acerca de la importancia de la instalación de antenas (el año pasado realizó casi 20 talleres a nivel nacional con miles de autoridades y líderes sociales), el conflicto planetario se puede tornar crítico.
Así, hoy coexisten dos planetas contradictorios. Uno en el que el discurso es unívoco, la convicción es unánime y el sentido de urgencia evidente. Y otro, totalmente disperso y heterogéneo, compuesto por funcionarios feudales, confundidos y muchas veces abandonados, detrás de una pila de papeles sin sentido.
Si el sector privado, los organismos multilaterales y el gobierno nacional no concretan iniciativas de trabajo a largo plazo con los municipios, no reduciremos la brecha digital al ritmo adecuado. Y el país no se puede dar el lujo de correr lento esta carrera tecnológica global que no dará segundas oportunidades. ¿Qué vamos a hacer para acompañar a los gobiernos locales de modo que se conviertan en promotores y no en enemigos de la transformación digital? Dejo la pregunta por ahí en la banda ancha.
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