En Perú existen más de un millón quinientos mil trabajadores del Estado adscritos a 15 regímenes laborales con 102 escalas remunerativas. Esta cantidad de peruanos representa casi al 10% de la población económicamente activa ocupada (PEA Ocupada). Y de todos ellos, según la Contraloría, hasta hace dos años al menos, menos del 10% declaraba sus bienes, rentas e ingresos de forma transparente.
Bueno. Resulta que el ministro de trabajo -al parecer indolente frente a ese caos en la legislación laboral del Estado y silencioso frente a las reformas profundas del sector- quiere presentar una nueva regulación para ampliar la contratación de practicantes en el Estado a través de la modificación de la actual Ley Nº 28518, Ley de Modalidades Formativas. Potencialmente, más de 220 mil jóvenes podrían beneficiarse de esta ley. Sin embargo, vale la pena plantear algunos cuestionamientos previos:
El primero: está claro que el Estado no necesita más funcionarios; necesita más eficiencia y más calidad en ellos. Estos jóvenes practicantes, ¿van a engordar la planilla o van a reemplazar personal ocioso? Así, realizar una evaluación independiente y técnica de cuáles son las brechas de talento en el Estado (tanto en número, localización geográfica, como en perfiles) es requisito obligatorio para cualquier iniciativa de este tipo. Primero el caballo, después la carreta.
El segundo: algunas entidades públicas como la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), el Banco Central de Reserva (BCRP) ya aplican la actual ley con beneficios y parámetros muy similares a los del sector privado, y funciona. No son pocos los estudiantes de economía, derecho o administración que buscan con entusiasmo practicar en estas entidades. ¿Hace falta crear una nueva regulación? ¿No sería mejor simplemente aprender a aplicar la que ya existe?
El tercero: tanto en el 2014 como en el 2016, el Legislativo bloqueó dos iniciativas vinculadas con este tema pero de aplicación en el sector privado: la famosa “Ley Pulpín” y la Ley de la congresista Rosa Bartra. Llama mi atención que la propuesta del ministro brinda a los jóvenes menos beneficios que cualquiera de ambas. Habría que revisar entonces si esta nueva propuesta no abre las puertas para que esta vez el joven -que supuestamente podía ser maltratado en el sector privado- sea víctima de abusos e injusticias en el sector público, que no tiene ni los estándares ni el nivel de fiscalización de las empresas.
¿Parece una buena idea? No. Ya existen mecanismos y oportunidades en algunas entidades públicas que pueden ser replicados. ¿Es necesario modificar una ley y ampliar su alcance? No. engrosar las filas del Estado nunca -repito, nunca- debe ser ni la primera idea, ni la primera opción. El Estado como burocracia, no produce, consume y siempre debería ser más ligero y menos grasoso.
Finalmente, lo último que debería ocurrir es que esta propuesta sirva para aumentar indicadores de empleo usando al Estado (no estamos en la Argentina de Perón o el Perú de Velasco), como si contratar jóvenes fuera una actividad similar a construir carreteras, puentes o puertos. Las obras de infraestructura elevan indicadores porque dan trabajo concreto con un objetivo concreto. Con el empleo no pasa lo mismo. Es un nuevo costo ordinario que encarece el presupuesto y es difícil de controlar. El Estado no debe ser más grande, sino más ligero, más eficiente, y más transparente, porque el dinero que usa no es suyo, es nuestro. Es nuestro.
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