Vivimos en una coyuntura judicializada. El tercer poder del estado ha capturado el micrófono en el karaoke y nos canta todos los días una cumbia de “justicia popular”. Buena parte de la prensa y un gran número de “influencers” en el mundo digital lideran su club de fans. No hay espacio para nada más.
Este fenómeno se debe principalmente a dos cosas. Primero, ni el Ejecutivo ni el Legislativo estuvieron a la altura de lo que requería el país. El gobierno de Humala -un falso piloto automático que en realidad engordó la burocracia y la regulación- merecía como sucesor, un gobierno ligero, centrado en el ciudadano, técnico, con una legítima sensibilidad social. Esto no ocurrió.
En segundo lugar, la escandalosa revelación de tantos actos de corrupción en los que estuvieron vinculadas decenas de empresas y otros tantos funcionarios, activó obligatoriamente el protagonismo del Sistema de Justicia, evidenciando no solo su poder, sino también su perfil ideológico y sus tantísimos defectos. Los empresarios se quedaron sin voz, los funcionarios públicos, sin voluntad.
Pero aunque la coyuntura sea crítica, no podemos renunciar a lo esencial. Y en la base, pase lo que pase, hay una lógica indefectible de 5 etapas que se renueva una y otra vez.
Etapa 1: ¿qué es lo que sostiene a un país? Su capacidad de ser productivo y competitivo. Y esto se logra con innovación, recursos y dinero. ¿Quién tiene la innovación, los recursos y el dinero? El sector privado. Es la empresa -grande, mediana y pequeña- la que produce y genera riqueza. El Estado NO genera riqueza.
Etapa 2: desde hace aproximadamente 150 años los estados fueron empoderados para administrar una gran parte de ese dinero privado. En ese momento iluminado, a todos les pareció bien que el dinero del ciudadano sea confiscado, pero perdimos de vista algo esencial: eso fue algo impuesto y nos dio el derecho de exigir servicios estatales de calidad a cambio.
Etapa 3: el dinero en manos del estado genera dos distorsiones: no hay peor administrador de un recurso que quien no es su dueño. Así, el estado, al administrar el dinero de otro, se convierte en el inversionista menos eficiente y eficaz, dado que su riesgo es literalmente “0″. Pero por otro lado, casi siempre aparece un grupo que puede vivir sin pagar la cuenta, a costa de otros, y que tiene la capacidad de poner al estado de rodillas con la fuerza de los votos o el conflicto.
Etapa 4: el estado, entonces, que no vive de incentivos económicos ni tiene motivación alguna para ser eficiente con los recursos de otro, decide sacrificar al que paga impuestos y ceder frente al que no los paga, rompiendo contratos, cambiando las reglas de juego, o enrareciendo el clima para una legítima inversión privada. Todo esto por votos, por poder, por protagonismo.
Etapa 5: la innovación, los recursos y el dinero se paralizan o se dirigen a otro país que sí cuida al caballo que jala la carreta. Los que pagan impuestos se van. Los que no pagan se quedan. El estado no produce, por lo tanto, no genera riqueza. Aumenta la pobreza. Vuelve el subdesarrollo. Llega el conflicto.
Aunque la coyuntura no sea aparentemente tan crítica, el contribuyente no puede voltear la cara. Estas 5 etapas se vienen recreando continuamente en el país, no avanzamos y pocos lo evidencian. ¿Cómo hacer que el contribuyente, el estudiante, el emprendedor, el informal entiendan que la cuenta la tenemos que pagar todos? ¿Cómo hacer que la prensa entienda que el estado debe favorecer la inversión privada en vez de atacarla? Debe haber miles de formas de hacerlo. El tema es que hay que empezar a hacerlo. Ya mismo.
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