Ha sido positiva la decisión de Petroperu de desistir de su intención de participar en la compra de activos de Repsol (refinería La Pampilla, cadena de estaciones de servicios y planta envasadora de GLP) porque ello evita el deterioro de la confianza de los inversionistas y agentes privados, aspecto que resulta fundamental para la atracción de capitales y para la estabilidad de nuestra economía (de libre mercado y abierta al mercado internacional). Sin embargo, hay varios temas relacionados que han quedado sobre la mesa y que reclaman mayor precisión o definición.
Uno está asociado a si las normas legales, dadas en los últimos años, que rigen la actividad de Petroperu se ajustan al marco jurídico y a la Constitución vigentes. En el reciente debate suscitado a raíz de la posible compra de los activos de Repsol por Petroperu, varios constitucionalistas y expertos en temas legales han manifestado que no sólo el reglamento sino la ley misma de Fortalecimiento y Modernización de Petroperu contendrían aspectos inconstitucionales. Por ejemplo, el autorizar a la petrolera estatal a incursionar en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
Otro tema que ha surgido en el referido debate es que tanto la refinería de Petroperu (Talara) como la de Repsol (La Pampilla) necesitarían elevadas inversiones para las plantas de desulfurización que deben instalar cada una de ellas (dado los plazos perentorios que establece la ley para disminuir el azufre de los combustibles a niveles permisibles). Es necesario conocer qué medidas se tomarán para asegurar que esos procesos de inversión se cumplan (al margen de que se venda o no La Pampilla a otra empresa), y de dónde saldrán los recursos para ello, sobre todo en el caso de Petroperu.
También puede ser una oportunidad para evaluar si el esquema, tomado en 1996, de privatizar sólo una parte de Petroperu (La Pampilla), manteniendo a la empresa estatal (Talara) en el mercado de refinación de crudo de petróleo local ha sido o no una buena opción. Lo que se debe exigir, en todo caso, es que las empresas participantes en el mercado sean eficientes en todo sentido y que compitan en igualdad de condiciones (reglas de juego similares para todos). Eso implica, en el caso de la empresa estatal, contar con un gobierno corporativo que le garantice independencia y autonomía (financiera, económica y sobre todo política); que liste sus acciones en bolsa para que la información sea más accesible y sus acciones más transparentes; y que se asocie al capital privado para lograr sinergias, transferencia de tecnología, competitividad, entre otros.
Para evitar una posición de dominio en este mercado la legislación vigente faculta al Indecopi a tomar cartas en el asunto. Pero podría ser el momento también de evaluar los pro y contra para el país de extender el Control Previo (mecanismo que ya se aplica en el sector eléctrico) para evitar los casos de posición de dominio en el sector de hidrocarburos.
COMENTARIOS
bueno como siempre se pone por delante los intereses de los inversionistas extranjeros anmtes que el interes del Perú, por más que se haya demostrado que la empresa privada no estan eficiente como parece (el mismo caso de Repsol lo demuestra)
Lo cierto esque esta politica de quienes plantean que el estado adquiera los activos de repsol como quienes se oponen no es sino en el fondo la lucha de las dos facciones de la gran burguesia cada una de las cuales defiende sus intereses aun que cada una de ellas se presente como defensora de los intereses del Perú
Ahora parece que lo va comprar una empresa chilena, le hicimos un gran favor
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