Evidencia para la gestión

Videnza Consultores

Reactivación e inversión en infraestructura

En octubre último, diversas instituciones han revisado las proyecciones de crecimiento para la economía en el 2022. En ellas se resalta que la inversión privada, uno de los principales motores de crecimiento, tendría un crecimiento nulo o negativo. El BCRP proyectó un estancamiento de la inversión privada para el 2022, mientras que otras proyecciones muestran un panorama menos alentador. Según Apoyo Consultoría, la inversión privada caería en 12.5% en el 2022, mientras que para Credicorp la caída sería de 7%.

Este panorama desalentador está fuertemente vinculado a la caída en las expectativas del empresariado sobre la economía en general. De hecho, entre el 2010 y lo que va del 2021, la correlación entre el crecimiento de la inversión privada y la variación del índice de expectativas de la economía a tres meses es de 0.733. Ante ello, es necesario que el Gobierno recupere la confianza del sector privado y promueva la inversión privada y pública en el país. Una de las formas más efectivas para reactivar la economía es la inversión en infraestructura. Pastor y otros (2020) estiman que por cada US$ 1,000 millones de inversión en infraestructura en países de América Latina y El Caribe se generan más de 35,000 empleos directos.

En cuanto a la inversión privada, en los últimos años su promoción en proyectos de infraestructura ha disminuido significativamente. La adjudicación de proyectos de asociaciones público-privadas (APP) y obras por impuestos (OxI) muestra una tendencia decreciente desde hace más de cinco años. Es  preocupante que, entre los años 2020 y 2021, solo se han adjudicado dos proyectos de APP por menos de US$ 50 millone

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En cuanto a la inversión pública, una de las principales limitantes es el bajo nivel de ejecución del presupuesto destinado a la inversión. En los últimos cinco años, el Gobierno general ha ejecutado menos del 70% de lo presupuestado, siendo este porcentaje menor en los Gobiernos regionales y locales. Estas cifras implican que cada año se dejan de ejecutar más de S/ 15,000 millones del presupuesto de inversión pública.

Esta baja ejecución también se refleja en el avance del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC). Según el MEF (2021), desde su aprobación hasta diciembre del 2020 solo se había ejecutado S/ 3,730 millones. Y  el Consejo Privado de Competitividad calcula que, en lo que va del 2021, se ejecutaron S/ 2,212 millones, lo que significa un avance de solo el 5.2% desde su aprobación.

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Resulta urgente que el Gobierno impulse efectivamente la reactivación económica a través de una mejora en gestión de la inversión en infraestructura. A corto plazo, puede acelerar la licitación de proyectos o paquetes de proyectos de gran envergadura mediante contratos de Gobierno a Gobierno y el uso del modelo de ejecución de Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP). La principal ventaja de estas modalidades es que permiten utilizar modelos contractuales de ingeniería de uso estándar internacional, lo que facilita y acelera el diseño y la ejecución de los proyectos.

A mediano plazo, se requiere impulsar una reingeniería de proceso que permita efectivamente promover la inversión privada de manera ágil y transparente. En específico, se necesita una ProInversión enfocada únicamente en la promoción y licitación de proyectos, así como en la estandarización de los procesos de APP. De igual forma, se deben definir y especificar adecuadamente las competencias de los actores (el MEF, los organismos reguladores y la Contraloría General de la República) en sus respectivas especialidades y competencias.

Finalmente, es fundamental que la formulación de proyectos de APP se base en un enfoque de rentabilidad social y no en la solución técnica. Esto dado que las discusiones sobre la solución técnica de los proyectos representan uno de los principales motivos del débil ritmo de adjudicación de proyectos. Como precisa el Banco Mundial (2020), la principal causa de que en Perú el proceso de adjudicación de una APP supere los tres años (37 meses) son las múltiples solicitudes de modificaciones técnicas solicitadas por los concesionarios que se adjudicaron estos proyectos.

La recuperación de la economía requiere una mejor gestión de inversiones, pero también una reingeniería de procesos que demanda cambios normativos. En esa línea, el Gobierno ha solicitado facultades legislativas en materia de reactivación económica y promoción de la inversión pública y privada. En la exposición de motivos del pedido, destaca que se propone precisar las materias de competencia de las entidades involucradas en las APP e implementar modelos de gestión de proyectos en las entidades titulares del PNIC bajo un enfoque de gerencia de proyectos. Si bien ambas medidas parecen encontrarse en la dirección correcta, es fundamental que el Gobierno tome en cuenta las modalidades ya existentes para ejecutar proyectos a corto plazo. Asimismo, que incluya en sus medidas la reforma de ProInversión y el cambio de enfoque hacia la rentabilidad social en la formulación de proyectos de APP. De lo contrario, estas podrían no tener el impacto esperado en la recuperación de la inversión y la economía.

Realizado por: Luis Miguel Castilla y César Núñez, director y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente

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