Por Luis Rivera, Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
Hace unas semanas el presidente del Banco Central de Reservas, Julio Velarde, comentó las cifras del Informe Técnico de Producción Nacional del INEI en las que se señalaba que la economía peruana habría registrado un crecimiento cercano al 7% en abril último, comparado con el mismo mes en 2017.
En ese encuentro, realizado en el marco del 12° Foro de Inversiones y Finanzas de la Región Andina organizado por LatinFinance, Velarde destacó que la economía nacional ha entrado en un periodo de ascenso y destacó indicadores económicos como la electricidad y el consumo de cemento, éste último -tras la mejora en el sector construcción- suma 12 meses de expansión.
En este crecimiento, la minería sigue siendo un sector clave para país (el sector Minería e Hidrocarburos se incrementó en 1,09%). Este año se espera que 7 proyectos en fase de ingeniería puedan empezar su construcción y se vienen también las ampliaciones de otros proyectos. Ello seguirá dinamizando nuestra economía y nos pueden mantener por la buena senda.
Un ejemplo a destacar, como lo hemos mencionado anteriormente, es el de Pampa de Pongo (Arequipa). Dicho proyecto iniciará su construcción a partir del segundo trimestre del próximo año, para lo cual destinará una inversión ascendente a 2,500 millones de dólares para los dos siguientes años.
Pampa de Pongo cambiará la imagen de la provincia de Caravelí, ya que no solo permitirá la generación de empleo sino también la implementación de servicios y la construcción de nueva infraestructura, como hoteles, restaurantes y centros de esparcimiento, como ha sucedido en otras latitudes de nuestro país.
Sin embargo, no todas son buenas noticias pues desde los poderes del Estado aún persisten iniciativas que precisamente hacen lo contrario a fomentar el desarrollo de la industria minera.
Por un lado, el congreso, y más precisamente la Comisión de Energía y Minas, recientemente aprobó un dictamen de ley para que los gobiernos locales cobren a las mineras el impuesto predial en áreas rústicas. Ello desconociendo que hoy en día las empresas mineras ya pagan un impuesto por las construcciones que realizaron en sus unidades, por lo que ampliar el pago al ámbito de los asentamientos de campamentos es un despropósito.
Por otro lado, el Estado, a través del Ejecutivo, aún no presenta una propuesta concreta para mejorar la ejecución del canon minero. La actividad minera aporta importantes cantidades en las regiones donde opera, las mismas que pueden servir para mejorar la vida de la gente en la zona; no obstante, ese traslado de recursos no se percibe por parte del Estado. En ese aspecto, el mecanismo de Obras por Impuestos, con el cual el sector privado ejecutaría infraestructura urgente para las regiones, es una herramienta que el gobierno debe promover y facilitar, ya que con ella el sector invirtió más de 1000 millones de soles en obras prioritarias que mejoraron la calidad de vida de muchos peruanos, desde el 2009 a la fecha.
Creemos firmemente que el camino del crecimiento está en alentar a las empresas a invertir más en la generación de recursos, en lugar de presionarlas con más leyes, pues solo así podremos generar un impacto directo en las economías locales y seguir creciendo.
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