Por: Piero Ghezzi

Hace unas semanas señalé que había llegado el momento de repensar la informalidad. Que tanto la visión de De Soto como la dualista (que son las predominantes) son incompletas.

Porque el problema de fondo es que la formalidad requiere estándares de calidad mínimos, como productos estandarizados, en lotes grandes, entregados puntual y confiablemente, con estándares sanitarios, laborales, etc. Y para conseguir dichos estándares, las Mypes requieren inversiones costosas y asumir riesgos.

El problema de fondo es que la formalidad requiere estándares de calidad mínimos, y para conseguirlos, las Mypes requieren inversiones costosas y asumir riesgos.

Unas pocas MYPE logran dar ese salto de calidad. Pero son casos excepcionales. Los números no mienten. Muchas MYPE ni siquiera tratan porque no pueden asumir ni las inversiones ni el riesgo. Por eso la gran mayoría permanece en la informalidad.

Mencionamos que el Estado puede ayudar a movernos a un equilibrio mejor. ¿Cómo? De tres maneras complementarias.

Primero, facilitando la inserción de las MYPE como proveedoras de empresas grandes (que funcionan como tractoras). Estas empresas exigen estándares de calidad y sus MYPE proveedoras van a ser inducidas (y ayudadas) a obtenerlos.

A veces esto ocurre solo. Por ejemplo, algunas cadenas de supermercado tienen incentivos para identificar a proveedores de perecibles. Van a ferias dentro del país y generan relaciones de colaboración con proveedores. A veces los incentivan a asociarse para que logren escala. Algo similar ocurre con cadenas vendedoras de zapatos y sus proveedores locales.

Pero son también excepciones. Para las grandes empresas es más fácil comprar a otras grandes empresas o importar calzado (o prendas) de China o Brasil. Además, reducen el riesgo de gastar dinero y tiempo en desarrollar a proveedores MYPE que luego les venden a otros.

Por ello, para incentivar la profundización de las relaciones MYPE/Empresa grande, el Estado puede ayudar financiando parcialmente programas para aquellas empresas tractoras que inviertan en fortalecer las capacidades de sus proveedores MYPE. Ello es muy sano para nuestra sostenibilidad social. (Además, en estos tiempos no todos quieren ser empleados de una empresa grande formal).

Para incentivar las relaciones entre MYPEs con empresas grandes, el Estado puede ayudar financiando parcialmente programas para aquellas empresas tractoras que inviertan en fortalecer las capacidades de sus proveedores MYPE

Segundo, fomentando la asociatividad. Es necesario que las MYPE logren las ventajas de tener una mayor escala: reducir sus costos y alcanzar más fácilmente los estándares de calidad (incluyendo lotes grandes) que requiere el mercado.

Un ejemplo es el sector agrícola. Las empresas que logran la certificación Global GAP, una lista estandarizada de buenas prácticas, pueden lograr precios aproximadamente 15% mejores para sus productos. Para lograr dicha certificación, se requiere incurrir en ciertos costos fijos. Estos costos son altos para una MYPE, pero se pueden diluir con la escala. Por ello, la certificación tiene mucho más sentido para las MYPE agrícolas asociadas.

En esa línea, el Estado debe fomentar la asociatividad, tanto a nivel administrativo (estructura organizacional adecuada, planes de negocios), como tecnológico.

Es necesario que las MYPE logren las ventajas de una mayor escala: reducir costos y tener los estándares de calidad que requiere el mercado. Así, el Estado debe fomentar la asociatividad, en nivel administrativo y tecnológico

Esto nos lleva a una tercera manera en que el Estado puede apoyar a las MYPE: impulsando su transformación productiva. Se puede lograr con soporte tecnológico, cofinanciamiento para la innovación e innovación colaborativa, con transferencia, facilitación para la obtención de certificaciones o registros sanitarios, con plantas prototipos para probar nuevos productos y procesos (donde produzcan mientras identifican la demanda y reduzcan riesgos de la inversión), etc. Los CITE ya hacen algo de esto, pero pueden dar mucho más.  Y el INIA debería hacer algunas de estas tareas y volverse finalmente relevante.

Estos tres tipos de apoyo estatales necesitan acceso a financiamiento. Puede ser con fondos, con garantías, etc. No un financiamiento a ciegas (que garantiza el no repago) sino en el que la empresa tractora o entidad del Estado que trabaja con la MYPE certifiquen ciertos estándares. Sin dichas garantías, la banca comercial no cofinanciará. Esto no es microcrédito. Es financiamiento para dar saltos de calidad.

El Perú usa ya algunos de los instrumentos necesarios para ayudar a los saltos de calidad y productividad. Pero hay tres grandes problemas. Primero, nunca se ha pensado la informalidad de manera integral como enfatizó recientemente Alonso Segura (http://hacerperu.pe/informalidad-y-politicas-publicas/). Son impulsos descoordinados. Las entidades del Estado no trabajan articuladamente y menos piensan en dimensiones regionales diferenciadas. Segunda, la escala. Estos programas e instrumentos tienen dimensión ONG, no dimensión Estado. Tercero, gestión, gestión y más gestión.  De poco sirven buenas ideas o intenciones con mala gestión pública.

El Perú no tiene mayor futuro si no incluimos productivamente a las MYPE en la formalidad. No sabemos cuántas pueden dar el salto. Pero si no tratamos nunca lo sabremos. Nos engañamos si creemos que pasará solo o con medidas aisladas. El Estado tiene que impulsar y acompañar ese proceso. Ello puede ayudar a transformar a muchas MYPE. Y también a transformar al Estado.