Por: Fernando Neyra
Por su ubicación geográfica y condiciones físico-ambientales, el territorio peruano es altamente propenso a la ocurrencia de eventos naturales extraordinarios, los cuales han acompañado los diversos procesos de ocupación del territorio realizados hasta la actualidad.
Para nuestros antiguos pobladores, la recurrencia de estos eventos generó gradualmente la necesidad de desarrollar una memoria colectiva de acciones para afrontarlos: principalmente, adecuando el patrón de ocupación a las dinámicas naturales del territorio, además de realizar una adecuada gestión de sus medios de vida.
Los aterrazamientos y andenerías en laderas constituyen una muestra de un proceso antropogénico de acondicionamiento al medio geográfico natural a gran escala con el objetivo de gestionar los peligros naturales y, a su vez, extender el aprovechamiento de servicios del territorio.
Luego, durante el periodo colonial, se emprendieron procesos de ocupación y aprovechamiento del territorio desde una perspectiva distinta. Así, se reconformaron los núcleos urbanos existentes y se crearon nuevos, y se dejó de lado el aprendizaje pre colonial que hasta ese momento se tenía de las dinámicas territoriales.
Simultáneamente a la conformación de ciudades, se fueron generando diversos mecanismos para la gestión de desastres naturales con respecto a la ocupación y crecimiento de estas, los que fueron rebasados por la informalidad, ilegalidad y permisividad. Esta situación trajo como consecuencia que los eventos de desastre por peligros naturales –que ocurrían indistintamente en el territorio- afectasen a la población, la vivienda, los servicios y la infraestructura de las urbes.
Si bien inicialmente los desastres afectaban esporádicamente zonas rurales y las muy próximas a los núcleos urbanos, en los últimos años, estos son mucho más recurrentes y con mayor incidencia en zonas urbanas dado su acelerado crecimiento, principalmente en zonas que tienen un patrón de ocupación irregular e ilegal.
Así, no considerar los marcos regulatorios para ocupar y construir en zonas inadecuadas; ha venido generando especulación y clientelismo en la ocupación y dotación de servicios que no responden a criterios técnicos ni a su factibilidad, sino al cálculo político de demandas y presión social.
De esta forma, en nuestro país, la informalidad influye y condiciona el desarrollo de las ciudades, y provoca que la planificación para la ocupación del territorio y los mecanismos de control no sean determinantes en su conformación. La consecuencia es el alarmante incremento de zonas urbanas informales e ilegales.
Esta situación configura un alto nivel de vulnerabilidad, debido que un muy alto porcentaje de ocupaciones, servicios e infraestructuras se encuentran expuestos a los peligros naturales. Estos tienen un alto nivel de fragilidad debido a la condición precaria de las construcciones (no cuentan con supervisión técnica), además de las deficiencias en la dotación de servicios e infraestructura y al bajo nivel de resiliencia (las condiciones de pobreza ocasionan una baja calidad de vida y deterioro ambiental).
El impacto de los desastres, principalmente en núcleos urbanos, es resultado de procesos de desarrollo que no han considerado la planificación de las ocupaciones y el control de las edificaciones, además de su adecuación a las condiciones del entorno.
Por ello, debemos plantearnos como objetivo nacional un desarrollo correctivo para la ciudad de Lima, que tenga como finalidad reducir las inevitables pérdidas económicas y de vidas que ocasionará un sismo severo o un eventual evento hidrometereológico. El ladrillo y cemento deben dejar de ser los referentes de una errónea “visión” de desarrollo. Debemos plantearnos una gestión de la ciudad adecuada al territorio como lo hicieron los antiguos habitantes de nuestro país.
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