Por: Comité Editorial Hacer Perú
Si Vizcarra está pensando ir al choque, tal vez necesite un gabinete apropiado para ese fin y para lidiar con las implicancias de la decisión que tome. Una buena estrategia legal y las encuestas apoyándolo podrían no ser suficientes.
Apenas luego del sorpresivo anuncio del adelanto de elecciones propuesto por el Presidente Vizcarra, sus oponentes comenzaron a trabajar para posicionar la idea de que el gobierno no podía hacer cuestión de confianza por ese proyecto. Hicieron lo mismo cuando construyeron la corriente de opinión para frenar la posibilidad de que Vizcarra hiciese cuestión de confianza por la forma en que se desvirtuaron proyectos esenciales de la reforma política.
Es necesario entender que hay dos planos jugando en paralelo. El legal y el de la corriente de opinión, y que ambos se retroalimentan. Un buen ejemplo de cómo la ley puede ser la misma y la corriente de opinión puede cambiar, es el de los aportes de campaña no declarados, si pueden derivar en lavado de activos y si, por lo tanto, pueden implicar sanción penal. No es motivo de esta columna discutir las posiciones legales sobre este tema, sino plantear cómo las corrientes de opinión pueden variar y favorecer o perjudicar a diferentes partes.
En este sentido, Vizcarra tiene el problema de no contar con una bancada ni con un gabinete con capacidad de contrarrestar las corrientes de opinión que se han formado y que intentarán formar nuevamente contra lo que proponga. Si ahora su gobierno está trabajando en una propuesta que sí pueda poner al Congreso contra la pared legalmente, enfrentará el mismo reto. Por ello, si Vizcarra está pensando ir al choque, tal vez necesite un gabinete apropiado para ese fin y para lidiar con las implicancias de la decisión que tome. Tampoco debe olvidar que las calles son un mecanismo de presión y que están de su lado, aunque la falta de liderazgos políticos esté haciendo difícil movilizarlas. La idea central es que una buena estrategia legal y las encuestas apoyándolo podrían no ser suficientes.
Porque está claro que tanto el fujimorismo como el aprismo cuentan con sus operadores y alineados legales y en medios. Además de ello, hay un grupo de líderes de opinión que han caído en las argucias legales que se han usado como sustento y pretexto para frenar a Vizcarra. Porque argumentar que el adelanto de elecciones no tiene nada que ver con reformas que son políticas de Estado, implica desconocer que hemos llegado a este punto como consecuencia de que una mayoría congresal lleva tres años frenándolas. En este sentido, analizar la pertinencia legal del proyecto de reforma constitucional aislada del contexto que lo precede, es una argucia que deberíamos dejársela a -una parte de- los abogados. ¿O es necesario recordar lo ocurrido y lo que aún viene ocurriendo?
No se trata de cerrar el Congreso porque no nos guste la mayoría. Tampoco porque estemos insatisfechos con su actuación (hubiésemos tenido que querer cerrar todos los últimos legislativos). El tema de fondo es que el mayor riesgo para el país en este momento es no lograr romper la mafia organizada entre el sistema de justicia y los dos partidos políticos con mayor fuerza en el Congreso, Fuerza Popular y el APRA. Si a una política como Keiko Fujimori no le interesa haber perdido el capital popular que tenía, es porque tiene claro que lo que está en juego no es solo su libertad, sino también ese poder que ha tomado décadas construir. Lo que está en juego no son meros caprichos.
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