Por: Piero Ghezzi

El boom de la agroexportación es un excelente ejemplo de diversificación productiva. Pero si no mejoramos significativamente la calidad de las políticas públicas nos estancaremos. En un mundo tan incierto, dinámico y competitivo debemos seguir mejorando, siempre.

El boom agroexportador es indudablemente uno de los mayores logros de la economía peruana de las últimas décadas. Pero si no mejoramos significativamente la calidad de las políticas públicas nos estancaremos. Para muestra de los riesgos, un botón. Camposol, nuestra mayor empresa agroexportadora, producirá en los próximos años casi el doble de paltas en Colombia, que promueve agresivamente su agroexportación, que en el Perú.

Para analizar nuestra situación, veamos primeros los logros. Las agroexportaciones crecieron de US$400 millones en el 2000 a US$6,000 millones el año pasado. Además, tenemos una canasta de productos diversificada. Estamos entre los mayores exportadores mundiales de uvas, paltas, arándanos, espárragos, mangos, etc. También se ha generado tanto abundante empleo (los empleos directos superan los 300,000) como importantes ganancias de productividad, una combinación que pocas veces se da. Como contraste, la agricultura de la soya (o trigo) en Argentina y Brasil es de alta productividad, pero también muy mecanizada.

Nuestro boom no es producto únicamente de las “fuerzas del mercado”. Nuestras ventajas comparativas en la costa (como amplia radiación solar y estabilidad climática) no fueron suficientes. Hubo una conjunción de algunas buenas políticas públicas. Por ejemplo, los proyectos de irrigación. En La Libertad, el corazón del boom agroexportador, miles de hectáreas fueron habilitadas por los proyectos Chavimochic. Asimismo, por el rol del SENASA, una de las entidades públicas de mejor funcionamiento en las últimas décadas, que logró la apertura de muchos mercados (por productos y por país). También los múltiples TLCs que permitieron que dichos productos ingresen con arancel cero.

Y, por supuesto, por la ley de Promoción Agraria, aprobada en el 2000 y renovada en el 2006 (hasta el 2021), que permitió la contratación de personal a plazo determinado. Ello es fundamental para tiempos de cosecha, cuando las necesidades de mano de obra se multiplican. La ley tiene además un menor impuesto a la renta (15%) y menores beneficios laborales y otros beneficios tributarios.

Como es normal, la ley es mejorable. Se debe aumentar los beneficios laborales (buscando un equilibrio, pensando no solo en las empresas establecidas que pueden pagar más, sino en las pequeñas empresas con potencial para crecer). También el IR debe converger progresivamente al régimen general. Asimismo, tendría sentido corregir la distorsión que incentiva a que las grandes empresas sean en buena medida todistas y verticalmente integradas. No facilita el desarrollo de clústeres ni de la innovación colaborativa característica de la producción moderna.

Pero la prórroga (con mejoras y manteniendo la flexibilidad laboral) es ineludible y debe darse muy pronto. Vence el 2021 y no tiene sentido generar más incertidumbre para las inversiones. No tenemos mayores posibilidades de acercarnos al desarrollo si no ponemos completamente en valor sectores como la agroexportación.

Poner completamente en valor significa mucho más que prorrogar la ley. Significa, por ejemplo, fortalecer sustancialmente el SENASA, que está rezagándose notoriamente con respecto a los avances del sector privado, las necesidades de mejora continua y la feroz competencia mundial. También implica expandir la oferta agrícola. Por ejemplo, destrabando Majes-Siguas II y Chavimochic III. Ambos son fundamentales, pero Majes permite mayor diversificación. Porque ante la falta de nuevas tierras, hoy la hectárea en Majes puede costar 50k dólares. Imposible ser competitivos a ese precio. Nuestras empresas están exportando mandarinas desde Uruguay (con un clima similar).

También implica desarrollar clústeres que generen capacidades e innovación. Esto se puede lograr parcialmente con correcciones a la ley, pero fundamentalmente con incentivar de manera más agresiva la innovación y colaboración entre empresas (y con sus proveedores). No podemos aceptar que el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), ausente en el boom, no funcione. Que no funcione es malo en general, pero terrible si queremos vencer nuestro mayor reto: integrar mejor a los pequeños productores agrarios en la cadena de valor, para que pasen de la subsistencia a la exportación. Si no exportan, mejoras en productividad resultarán en precios más bajos.

La integración de los pequeños productores no es automática. No pasa por aprobar una nueva ley que incluya la palabra MYPE. Necesitan ganar estándares de calidad y
confiabilidad. Se requiere mayor asociatividad, parcelas demostrativas y otras formas de asistencia técnica. Hoy esto lo hace parcialmente el sector privado en la Costa, pero poco. Hay un espacio tremendo para el apoyo del Estado para fortalecer e incentivar esos nexos.

Más allá de la costa, el Estado debe hacer incluso mucho más para darle valor a productos como la kañihua, maca, kiwicha, etc. y conectarlos al mercado internacional.

El boom de la agroexportación es un excelente ejemplo de diversificación productiva. Pero en un mundo tan incierto, dinámico y competitivo debemos seguir mejorando, siempre. Prorrogar la ley (con mejoras) es imprescindible y urgente. También será fundamental hacer mucho más para fortalecer el SENASA, el INIA y el ecosistema de innovación, mejorar la infraestructura y dar el apoyo tecnológico necesario para insertar en la cadena de valor a muchos más pequeños productores (y en cada vez más productos). La locomotora agroexportadora debe jalar muchos más vagones.