Por: Saúl Barrera Ayala
A propósito del remate de vehículos embargados, hay un error de enfoque: el problema no es rematar vehículos contaminantes, el problema es que no exista un control para evitar que sigan circulando.
Recientemente se han formulado críticas al Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) por rematar vehículos en deficiente estado. El cuestionamiento apunta a que a través del remate se está permitiendo que tales vehículos sigan circulando y sigan contaminando la ciudad. No es un problema reciente. A mediados de año aconteció un hecho similar.
En ambas ocasiones, el Alcalde Metropolitano, Jorge Muñoz, afirmó que él tampoco estaba de acuerdo con los remates de vehículos contaminantes y aseguró que presentaría una propuesta para que tal situación no siga ocurriendo. Explicó, sin embargo, que el SAT efectuaba los remates por exigencia de la Contraloría General de la República, algo que no comprendía ni compartía.
Es necesario recordar que el SAT de Lima fue creado en la gestión del alcalde Alberto Andrade con el fin de fortalecer la recaudación de los ingresos de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Se le asignó la responsabilidad de ejecutar (cobrar) las multas de tránsito y transporte urbano, que al año representan ingresos de 200 millones de soles. Para cumplir con su función, el SAT lleva todo el proceso de cobranza, que tiene como etapa última el remate del vehículo en caso exista negativa de cancelar la multa. No hacerlo, es permitir la impunidad de los infractores.
En Lima se imponen al año más de 500 mil papeletas y es función del SAT cobrarlas. Si bien el porcentaje de las que se pagan es mayor al 70%, hay un gran número que se mantienen impagas. Por esa razón, el SAT se ve obligado a arrendar depósitos a un alto costo para la custodia de los vehículos embargados. La idea no es retener ahí los vehículos por largo tiempo. La función del SAT es ejecutar las deudas, no custodiar vehículos. Por eso la necesidad de hacer efectivas las multas a través del remate.
Por otro lado, se cree en forma equivocada que rematar un vehículo contaminante es autorizarlo a que siga circulando y eso es incorrecto. Adquirir un vehículo en remate no es una autorización de circulación. Hay un error de enfoque: el problema no es rematar estos vehículos, el problema es que no exista un control para evitar que sigan circulando. Ya existe un marco legal que impide que circulen. No es un problema normativo, es un problema de gestión. Lo que se debe hacer es un control efectivo para verificar que los vehículos cumplan con las condiciones técnicas para circular. Y para eso, no se necesita de una Ley y menos de un Decreto de Urgencia.
Por ejemplo, el diario El Comercio (16.12.2019) daba cuenta que, en cinco años, solo se había sancionado a once conductores por conducir vehículos contaminantes. Entonces, para solucionar este problema y contrarrestar las críticas, lo que debería hacer el Alcalde Metropolitano es coordinar acciones con las autoridades del gobierno nacional, como la Policía Nacional, para desarrollar un mejor control de los vehículos que circulan. En esta línea, cabe preguntarse: ¿por qué no destinar parte de los 200 millones de soles que se recaudan para dicho fin?
Finalmente, si algún proyecto debe presentar el Alcalde Metropolitano, debe ser uno que modifique la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva. La norma vigente permite suspender la ejecución coactiva de una multa de tránsito o transporte urbano con la sola interposición de una demanda judicial. Eso no solo alienta la impunidad, sino que también eleva la carga procesal del Poder Judicial de modo innecesario. Al año, muchos infractores interponen miles de este tipo de demandas para evadir pagar sus multas, e inician procesos judiciales que duran años y que en más del 90% son desestimados. Este sí es un problema que merece una propuesta normativa urgente del Municipio de Lima.
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