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PIERINO STUCCHI

El servicio público a cargo del Estado: un pendiente para el ingreso a la OCDE

Si el Gobierno peruano desea que el país ingrese a la OCDE, debe tomar medidas para elevar la calidad del servicio público a cargo de Estado, mejorar la calidad de vida de la población e impulsar el desarrollo del país. ¿Por dónde empezar?

En el 2012, el Perú expresó por primera vez su interés formal de ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entidad conformada por 38 países que registran altos índices de desarrollo, un buen gobierno, un clima de inversión atractivo y oportunidades de trabajo para sus ciudadanos.

En enero de este año, el Consejo de la OCDE decidió, por consenso, invitar al Perú a iniciar el proceso de adhesión. Aunque se trata de una buena noticia, al dar este primer paso formal, nuestro país debe iniciar una serie de reformas a todo nivel que permitan mejorar sus políticas públicas, asegurar una buena gobernanza y, en resumen, consolidar un Estado más eficiente. Me referiré a algunos casos que nos dejan lecciones que debemos corregir para superar la calidad deficiente en la administración y el servicio público. Las soluciones no deben partir solo desde el Gobierno, sino que debe ser también consecuencia de una reflexión profunda de la ciudadanía, el empresariado y la academia.

1.- Un claro ejemplo de las deficiencias que se deben corregir fue la escasez de pasaportes que se registró en abril de este año, debido a la falta de insumos para su emisión. Como lección, debemos rescatar la importancia de seleccionar a funcionarios con experiencia y trayectoria acreditada para lograr buenos resultados, en vez de designar personas inexpertas con el pretexto de que pueden ser nombradas bajo cargos de confianza. Así, una primera lección es que los funcionarios del Estado deben ser personas capaces para cumplir la tarea que les corresponde.

2.- Otro ejemplo crítico fue la reacción del sistema de salud ante la emergencia generada por la COVID-19 y, luego, la falta de planificación adecuada para la adquisición de vacunas y el ritmo irregular para su correspondiente aplicación. El mensaje que nos dejó esta situación es que la cobertura del sistema de salud no funciona como debería y que es preciso fortalecerlo a la brevedad. El hecho de que el momento más crítico de la pandemia se vea cada vez más lejano no implica dejar de prestar atención a este tipo de falencias. Una segunda lección exige no olvidar las prioridades en el servicio público y corregir lo que se debe aun cuando se haya superado una crisis.

3.- La Policía Nacional del Perú (PNP) es una institución honorable que enfrentó al terrorismo durante los años ochenta y enfrenta al crimen organizado en la actualidad. Sin embargo, aún no se le da el apoyo y el reconocimiento que merece. Es ejemplar, desde lo que se debe corregir, que aún no se realicen urgentes reformas para fortalecer a esta relevante institución, de modo que aumente su cobertura y acción preventiva e investigadora, con efectivos bien remunerados y tecnología de punta, asegurando incentivos adecuados para los miembros de la PNP, entre otros. Una tercera lección implica reconocer que una función primordial del Estado es garantizar la seguridad interna, que es una premisa para asegurar una convivencia pacífica y el estímulo de las inversiones que nos den prosperidad como sociedad.

4.- Resulta importante que el Estado evite tomar decisiones que puedan provocar un impacto negativo en la ciudadanía y en la actividad empresarial que genera trabajo y paga impuestos y, en consecuencia, una buena calidad de vida para los ciudadanos y residentes en el país. La emisión de normas es una función que forma parte de los servicios del Estado en beneficio de la sociedad y esta debe ser racional y eficiente. Por ejemplo, la próxima vigencia de un reglamento que prohibirá tercerizar diversas actividades empresariales que se consideran relacionadas con el núcleo de los negocios, solamente provocará costos empresariales más rígidos y una reducción de la oferta laboral. Debe ser derogado de inmediato. Otro caso que debe reconsiderarse es el proyecto de Ley General del Internet, que de ser aprobado afectaría a los usuarios (ciudadanos y consumidores), considerando que es una propuesta que carece de sustento sobre su necesidad y que no es fruto de un trabajo inclusivo que haya recibido las contribuciones de todos los expertos en la materia, del sector académico y de entidades representativas de la sociedad civil que actúan en este ecosistema. Una cuarta lección nos obliga a exigir al Estado que cumpla con estándares de calidad regulatoria en la emisión de cualquier norma.

Permitir recurrentes deficiencias en las funciones básicas a cargo del Estado y permitir que se emitan normas sin sustento técnico perjudica a la sociedad y nos aleja de nuestro ingreso a la OCDE. No necesitamos más leyes, sino asegurar el cumplimiento de las actuales mediante una administración pública de calidad.

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