Elaborado por: Javier de Belaunde, socio del Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International.
La participación de la sociedad civil en la solución de controversias ha adquirido un rol relevante gracias al arbitraje. La ‘justicia privada’ viene permitiendo resolver complejas controversias de forma rápida, efectiva y especializada, lo que permite reducir la carga de procesos al Poder Judicial. Hay que evitar que se contamine. Lo sucedido en el sistema de justicia, que atraviesa una profunda crisis develada por los audios y las diferentes investigaciones realizadas, debe servir para tomar nota de la ruta que el arbitraje no debe seguir. Veamos.
La Constitución de 1993 introdujo un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) distinto al previsto por la Carta de 1979. Era una importante innovación tanto en su composición como en sus funciones. Se estableció que debía ser integrado de manera no política y seleccionaría, destituiría y ratificaría a todos los jueces y fiscales del país. Se recogía, de esta forma, la crítica social ante la indebida injerencia política en la judicatura que empezaba desde el nombramiento. Recordemos que, según la Constitución de 1979, el Presidente de la República designaba a los jueces y fiscales de una terna presentada por el CNM. Una selección política que trajo resultados adversos.
La Constitución vigente otorgó un gran protagonismo a la sociedad civil en el nuevo CNM. Cinco de sus siete miembros, eran designados por las universidades públicas, universidades privadas, colegios de abogados y los demás colegios profesionales. Ellos, conjuntamente con los representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, sustituían al poder político en la delicada función de seleccionar jueces y fiscales, y asumir funciones disciplinarias. Este modelo, que nació con esperanzas, ha colapsado.
La corrupción, el tráfico de influencias, entre otras conductas ilícitas que hemos apreciado públicamente, son claros ejemplos de la responsabilidad que deberían asumir las instituciones de la sociedad civil que participaron en la designación de sus integrantes. Las universidades públicas y privadas, así como los colegios profesionales, hicieron malas designaciones. Les preocupó más colocar en el CNM a personas cercanas para que obtengan un trabajo bien remunerado o algún reconocimiento, que apostar por el fortalecimiento del servicio de justicia. Un desastre. Con una mano en el pecho debemos reconocer que estas instituciones de la sociedad civil fallaron clamorosamente.
Esta lamentable experiencia debe servir de ejemplo para preservar y cuidar al arbitraje. Es un medio alternativo de solución de conflictos que cuenta con reconocimiento al más alto nivel: en la propia Constitución. Además, tiene legitimidad. Respecto a él se han puesto muchas esperanzas y el balance sigue siendo positivo. Es notable el contraste si se le compara con el funcionamiento del sistema de justicia.
Es, nuevamente, la sociedad civil la que tiene en sus manos contribuir a la consolidación del Estado de derecho mediante el arbitraje. Diversas instituciones privadas están comprometidas con este esfuerzo. El arbitraje debe ser cuidado por quienes ejercemos la función arbitral, las instituciones arbitrales y los usuarios. No podemos fallar. Lo sucedido en el CNM es una experiencia que no debe replicarse.
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