El pasado 28 de julio se aprobó el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC). Se trata de un documento elaborado por el MEF; tiene 112 páginas con nueve capítulos. Va de la mano con el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. De partida se ve muy bien cuando desarrolla dos conceptos enterrados desde las épocas del oscurantismo fujimorista que cerró el Instituto Nacional de Planificación en 1992: planeamiento y priorización; cuando admite que la inversión pública genera sinergias en la inversión privada y externalidades positivas en toda la economía. Cuando se plantean secciones sobre la visión y objetivos, institucionalización y el largo plazo. Sin embargo, desilusiona saber que el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) no tuvo ni tendrá rol alguno en el tema; que algunas secciones no tienen contenido alguno y que la priorización se hizo a la medida.
La sección sobre la visión es decepcionante. Se pudo haber colocado la desarrollada por el CEPLAN al 2030 o al 2050, a pesar de las carencias y limitaciones que hemos señalado en anteriores oportunidades. Los objetivos del PNIC son plausibles, aunque incompletos: desarrollar el mercado interno, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fomentar el acceso al mercado externo. Por otra parte, llama la atención la reducida brecha de infraestructura de acceso básico estimada en el documento. Esta ascendería a S/. 363,452 millones que se podría atender en 20 años con una inversión pública del 2 al 5% del PBI anualmente. El estudio recuerda que 5% es el nivel actual: ¿Entonces cuál es el reto? Hay que revisar el modelo utilizado; ya que probablemente tiene problemas por el lado de la estadística de la inversión acumulada para los principales sectores y economías analizadas que sirven de referencia a la peruana. Entre 1982 y 1984 según el BCRP la inversión pública fue entre 9 y 10% del PBI y entre 1974 y 1976 entre 8.1% y 8.7% del PBI.
Los criterios de priorización son la clave del documento. La ponderación beneficia los proyectos que reducen la aportación financiera del sector público, impulsando a los de asociaciones públicas y privadas (APP) autofinanciadas y cofinanciadas. Se premia a los proyectos que impactan en la acuicultura, forestal, turismo, agrícola, pecuario y/o minero. ¿Acaso los proyectos que benefician al sector manufactura no son importantes?, ¿y las otras actividades económicas? Se supone que los multiplicadores del gasto privado y de la inversión privada son similares para todos los proyectos cuando estos dependen de cada caso en particular. Se pondera el beneficio en la población y si estas inversiones se realizarían en zonas de mayor pobreza. ¿Dónde quedó la consideración del empleo que generaría directa e indirectamente cada proyecto, los impactos en reducir las disparidades regionales, sobre el medio ambiente o en redistribuir ingresos? Otoniel Velasco nos recuerda que en la lista no hay un gran proyecto de riego y cosecha de agua extendido para numerosas zonas de la sierra, siendo un tema fundamental.
La metodología favorece a los grandes proyectos de inversión sobre los medianos y pequeños, ya que omite la relativización de sus efectos por monto común (por ejemplo, los impactos por millón de soles). Tampoco considera el costo para los usuarios cuando un proyecto se desarrolla como APP. ¿Esta modalidad de ejecución contribuye siempre a la competitividad?, ¿tendría el mismo costo que la desarrollada como inversión pública?, ¿acaso no se han presentado abusos cuando la regulación fue incorrecta o hubo corrupción? Lo que debió hacerse es obtener la lista jerarquizada de proyectos para luego aplicar la metodología del comparador público privado para establecer cuál debería ser la modalidad de ejecución de menor costo, mayores o mejores impactos. El proceso sigue al revés.
No hay sorpresas en la lista de proyectos priorizados por el PNIC. El 66% de estos se ejecutarían bajo la modalidad de APP y solo 34% como inversión pública tradicional. No hay que omitir que los primeros serían equivalentes al 9% del PBI de mayor endeudamiento público (no la metodología engañosa que tenemos ahora). Por último, está muy bien que se planteen diversas metodologías e instrumentos para mejorar los procesos de inversión pública (PSA, BIM. PMO y contratos estándar); pero eso no es suficiente. El CEPLAN no puede estar al margen. Es urgente mejorar la metodología que se utilizó para priorizar los proyectos de inversión. No se debe ignorar que el interés privado no conduce necesariamente al beneficio o interés público.
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