Más allá del aislamiento social obligatorio y el toque de queda el poder ejecutivo, el BCRP y la SBS están actuando. No son los únicos que deberían trabajar pero avanzan. Ya se están implantando un conjunto de medidas económicas para hacer frente a los serios impactos locales de los daños colaterales de la lucha contra el COVID-19. Todas las medidas son positivas, aunque está pendiente discutir su instrumentación y efectividad frente a la magnitud de los problemas en curso. También desde el nuevo Congreso de la República hay algunas propuestas que no se ven tan atinadas, pero este atributo también se podría aplicar a los comentarios de diversos analistas y economistas que aprovechan esta coyuntura para repetir viejas fórmulas con elevado contenido ideológico, que no resuelven los problemas y que generarían resistencias sociales.

Reacción rápida
A pesar de los problemas obvios el inicio de la entrega del bono de S/. 380 es una acción que se debe felicitar luego de una semana de ser anunciada. Asimismo, la decisión de ampliar su cobertura de 2.7 millones 3.5 millones de familias incluyendo a los vulnerables es importante, a la par de haber adelantado la entrega de los recursos de los programas Pensión 65 y Contigo que benefician alrededor de medio millón de personas. Desafortunadamente la reprogramación de pagos de las personas y empresas al sistema financiero va lenta a pesar que la SBS estableció rápidamente los lineamientos para que no perjudique la calificación financiera de dichas instituciones. A inicios de la semana la titular del MEF señaló que los bancos habían reprogramados pagos por S/. 12 mil millones. No se conoce las condiciones en general. Sería positivo que los bancos informen periódicamente a la ciudadanía sobre estos temas.

Costo y financiamiento público
Todas las medidas económicas tienen un costo fiscal. Hasta el momento se estima en S/. 2,700 millones, de los cuales S/. 1,200 millones corresponderían al bono para 2.7 millones de familias, S/. 900 millones para el sector salud y para los fondos a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, entre otros. Sin embargo, todavía no es claro cuánto de estos recursos son gastos adicionales o una transferencia de otras partidas presupuestales. Sólo los gastos extras generarían impactos anticiclicos; los orientados a adquirir kits de pruebas y equipo útil contra el COVID-19 importados no producirían efectos multiplicadores internos. Por el momento tampoco es posible determinar que ocurría con el déficit fiscal. Lo que es claro es que tanto el Fondo de Estabilización Fiscal y los otros depósitos del gobierno en el BCRP sumarían más de US$ 15 mil millones. Es por tanto innecesario que se plantée como opción la necesidad de un mayor endeudamiento público y menos aún con organismos financieros internacionales que nos someterían a una condicionalidad inconveniente. Nuestros ahorros públicos parecen ser suficientes.

Límites a la Política Monetaria
La reducción de la Tasa de Referencia de Política Monetaria (TRPM) es positiva pero enfrenta diversas restricciones. En primer lugar depende de que el BCRP proporcione la liquidez necesaria para que la reducción en la TRPM conduzca efectivamente a una caída de la tasa interbancaria. Desafortunadamente, en ciertas ocasiones, por su inacción se quedó como un anuncio y no se convirtió en realidad. Por otra parte, la efectividad de la medida depende del comportamiento de las instituciones financieras. La oferta de dinero y del crédito son endógenas (ellos definen si prestan o no) y los efectos en las tasas de interés activas y pasivas son disímiles. Lo primero que hacen los bancos es reducir las tasas pasivas, luego la tasa activa aplicable a grandes empresas y algunos trimestres después al resto de las tasas activas para medianas y pequeñas empresas. No hay que olvidar los elevados niveles de concentración bancaria donde los cuatro principales bancos tienen más del 75% de los créditos y depósitos. Al final del tiempo la reducción de los márgenes de intermediación financiera es muy reducida en perjuicio de los clientes y de la economía en general. El mayor banco privado nacional acaba de declarar una utilidad neta de S/. 3,600 millones en 2019.

Sectores productivos exceptuados
Ha llamado la atención que el sector minero haya recibido un tratamiento similar al de las actividades productivas esenciales en la dirección de poder seguir operando. Al parecer se habría considerado su ubicación en emplazamientos particulares fuera de los centros urbanos y su aportación de divisas al país. Sin embargo, lo primero sólo ocurre en yacimientos específicos. Hay protestas por esta decisión. Asimismo, dada las actuales condiciones en los mercados internacionales producir más no es garantía alguna de mayores ventas; al contrario la mayor oferta puede generar una mayor contracción de los precios de nuestras materias primas perjudicando a las propias empresas y a la economía nacional. Algunas empresas mineras más sensatas como Cerro Verde han decidido también paralizar su producción.

Propuestas insólitas
Un analista a través del decano de la prensa nacional ha planteado financiar el mayor gasto público con la venta de activos de propiedad del Estado que sumaría según este un valor equivalente al 200% del PBI. ¿Qué activos tienen ese valor? ¿Quizás pensaría en vender las calles públicas? No es necesario liquidar activos, endeudarnos y menos con organismos financieros internacionales. Con el mismo corte ideológico, dos ex ministros del gobierno de Humala (Piero Ghezzi y Alonso Segura) plantean la necesidad de tomar decisiones difíciles en materia laboral. Seguramente están repitiendo el refrito de flexibilizar el mercado de trabajo olvidándose que al hacer esto se reduce el tamaño del mercado interno, la demanda y la producción a la par que se precarizan las condiciones de vida de los trabajadores. ¿Qué pretenden? Sumar a los problemas económicos manifestaciones sociales y políticas. A nuestro juicio también son inadecuadas las propuestas de algunos nuevos congresistas relativas a que se permita retirar parte de los fondos acumulados en las AFP´s. Efectivamente hay necesidades y el sistema de pensiones debe ser reestructurado radicalmente pero no en circunstancias en que se acumulan pérdidas para los fondos 1 al 3 entre 10% y 15% de su valor patrimonial. Por el momento no nos queda más que esperar. Dentro de las propuestas cínicas dos gremios empresariales han planteado eliminar el pago de las regalías por la extracción de hidrocarburos, suspender las aportaciones a la seguridad social y las infracciones por las obligaciones tributarias por encima de la ampliación de plazos otorgado por el gobierno.

¿Brazos cruzados?
Llamó la atención la disposición de los dos principales concesionarios de vías urbanas en Lima Metropolitana de permitir la circulación de vehículos policiales, militares y ambulancias sin pago de peaje a propósito de la emergencia del COVID-19. Se agradece la iniciativa pero estas excepciones debieron incluirse de manera permanente en los contratos de concesión respectivos, incluyendo todos los vehículos de servicio público municipal. Al respecto, esta circunstancia nos recuerda que en esta coyuntura aún no se escucha a los diferentes reguladores sectoriales, en particular cuando las empresas de telecomunicaciones se están mostrando inflexibles con sus clientes. Tampoco se percibe a INDECOPI que debería proponer una mejora regulatoria inmediata para ser frente a la especulación en bienes básicos en situaciones de emergencia, y actuar en consecuencia. Por el momento el panorama nacional e internacional nos recuerda la importancia de contar con un mayor y mejor Estado, no uno pequeño y subsidiario como promueven permanente los economistas neoliberales.