Es probable que el Sistema Privado de Pensiones (SPP) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) sean las primeras víctimas institucionales del COVID-19. Esta crónica de una muerte anunciada se inició por la caída del 15% del valor de los fondos de pensiones como resultado de los impactos sobre los mercados de valores y de capital local e internacional. Luego siguió por la desatinada iniciativa del Congreso de la República de autorizar el retiro del 25% de los fondos acumulados (ahora con tope de S/ 12, 900 por trabajador). La tercera etapa corrió a cargo del Presidente de la República quien afirmó que las comisiones de las AFPs han sido abusivas y ameritan una reforma integral del sistema incluyendo a la Oficina Nacional Previsional (ONP). Son pocos los que han salido en defensa de las AFPs y hasta la presidenta de este gremio empresarial reconoce la necesidad de realizar reformas, incluyendo una pensión mínima, entre otros temas.

Problemas a la vista
La lista de temas por enfrentar es larga. Hay problemas serios en el SPP y en la ONP; no sólo se trata de comisiones elevadas, ni dos o tres asuntos. En el cuadro 1 se presenta una lista donde destacan los que afectan directamente a los trabajadores (posteriormente jubilados) y a los que se refieren a aspectos administrativos y financieros de ambos sistemas. Dentro del primer grupo se incluye una cobertura insuficiente ya que sólo atenderían a poco menos del 50% de la población económicamente activa (PEA) y de los cuales sólo la mitad tienen aportaciones regulares. Las pensiones que se generan no tienen referencia con el costo de vida, en particular de los adultos mayores. La tasa de reemplazo y la magnitud de estas pensiones son reducidas. Asimismo, existe un problema de falta de alineamiento entre las comisiones y rendimientos. En el caso de la ONP destaca el plazo prolongado de 20 años para poder recibir el beneficio de una pensión promedio pequeña, generada en muchos casos luego de procesos administrativos y judiciales prolongados. Hay muy poca competencia entre las AFPs en perjuicio de los aportantes.

Entre los aspectos administrativos y financieros destaca la concentración de las inversiones en mercados de valores con elevada inestabilidad que se transmite al valor de los fondos acumulados. Asimismo, estas inversiones no han contribuido a potenciar el mercado de valores y de capital local. En el caso del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales de la ONP se observa una rentabilidad similar a las AFPs pero es necesario transparentar y transferir los recursos que históricamente fueron expropiados en la práctica a dicha institución por parte de los gobiernos de turno antes de los años 90. Por otra parte, la operación como sistemas independientes impide que se logren menores costos por economías de escala. Por último hay que señalar que las reformas parciales previas en el SPP no generaron competencia suficiente entre las AFPs y que el uso adelantado de los Fondos de Pensiones podrían desnaturalizar su propósito principal.

Fuente: elaboración propia.

Transformación estructural
La reingeniería radical del Sistema de Pensiones no parte de cero. Desde la propuesta de plan de gobierno de la Gran Transformación se planteaba un sistema con tres pilares: pensión no contributiva, pensión basada en aportaciones obligatorias y pensión complementaria basada en aportes voluntarios. A partir de allí diversos colegas en el campo progresista han planteado variantes, afinamientos y complementos en la misma. Desafortunadamente, del otro lado del espectro las propuestas se circunscriben a elementos puntuales. De partida se plantea la integración de sistemas con el objetivo de reducir costos generando economías a escala. Es necesario crear una institución pública centralizadora de los recursos del Tesoro Público, las aportaciones de los trabajadores y de los empleadores, con los mayores estándares de Buen Gobierno Corporativo y transparencia.

En el cuadro 2 se presentan los elementos clave del nuevo sistema donde hay que incorporar a los trabajadores independientes para que accedan a la pensión mínima solidaria. Su aportación periódica estaría fijada en un monto fijo con diferentes niveles o en un porcentaje de sus ingresos brutos. Las personas que no hubieran realizado aportación alguna al sistema recibirían en su momento la pensión no contributiva, equivalente a una fracción de la Remuneración Mínima Vital (RMV). El sistema recolectaría las aportaciones de los trabajadores, de los empleadores (equivalente al menos 2% de la planilla como se está planteando en Chile) y del Estado. La aportación de los trabajadores dependientes se mantendría en el 10% de sus sueldos y salarios mensuales que financiaría la pensión mínima solidaria y un extra, según el caso, que se capitalizaría individualmente en la institución financiera autorizada por el trabajador (no sólo AFPs).
Las instituciones financieras privadas (incluida las AFPs) competirían para administrar los recursos excedentes que se capitalizarían individualmente y los aportes complementarios individuales. Habría que generar un sistema similar al 401K que existe en los EE.UU. donde también hay aportaciones voluntarias empresariales. Otro mecanismo para promover la participación de instituciones financieras privadas sería que estas compitan por la administración de paquetes de fondos acumulados ofreciendo la rentabilidad y garantías del caso. Este sistema requeriría de nuevas reglas para la inversión de los fondos acumulados prestando atención al desarrollo del mercado de valores y capitales local. Por último, habría que eliminar las diferencias entre las pensiones que reciban hombres y mujeres por el mismo fondo acumulado.

Fuente: elaboración propia.

Esquema de transición
Es imprescindible realizar una reingeniería radical del SPP, integrar la ONP y Pensión 65 en solo sistema. No caben más propuestas parciales. Debe quedar claro que en la transición y en la fase definitiva ni un solo jubilado debería estar en una situación inferior a la que derivaría de continuar con los sistemas independientes actuales. Por otra parte, sin importar la magnitud y duración de los aportes todos los pensionistas deberían recibir una pensión al nivel de la RMV, misma que se deberá actualizar conforme a nuevas reglas. Los fondos complementarios que se necesiten para financiar esta pensión mínima deberán provenir del Estado. Asimismo, se suspenderán todos los juicios pendientes entre afiliados y la ONP. Hay que revisar y eliminar en su caso el uso adelantado de recursos que desnaturalicen el objetivo pensionario.

Un tema clave de esta propuesta es que se debe incrementar la presión tributaria para generar los recursos útiles que garanticen la pensión no contributiva y la pensión mínima solidaria (a nivel de RMV). Una presión tributaria del 15.3% del PBI es inadmisible frente a un promedio de 22.8% de América Latina y el Caribe y de 34.8% de los países miembros de la OCDE. Tampoco hay que olvidar que las contribuciones sociales, que incluyen los aportes públicos a los sistemas de pensiones, equivale al 2% del PBI en el Perú respecto al 3.9% del promedio regional y de 9.1% de los países miembros de la OCDE. Hay mucho trabajo por hacer.