Es el título de una publicación, con un añadido, que analiza y sistematiza los datos de 1,233 cabildos ciudadanos, los cuales se autoconvocaron con el propósito de comprender el origen de los problemas expuestos por la ciudadanía a raíz del estallido social de 2019. El reporte consigna la participación de más de 35 mil personas, 56% mujeres y 44% hombres. En 42 cabildos se declaró la participación de personas de pueblos indígenas: Mapuche, Huilliche, Atacameño, Diaguita, Aymara, Yagan, Kaweskar.

La Unidad Social, plataforma que reúne a múltiples colectivos de organizaciones sociales y gremiales, realizó un llamado y aportó tres preguntas gatilladoras: ¿Cuáles son las causas? ¿Existen demandas prioritarias para la ciudadanía? ¿Cómo es posible avanzar en mayor justicia social?

Se levantó la información y posteriormente con la Universidad de Chile se acordó como sistematizarlos y analizarlos con la finalidad de generar reportes a nivel distrital. A este esfuerzo se sumaron otras once universidades chilenas destacando la UTEM. El documento final se presentó en abril de 2021. Aquí sus principales conclusiones. Ojalá se hiciera un esfuerzo similar en nuestro país.

Antecedentes
El 18 de octubre del 2019 marcó un antes y un después para el país y el movimiento popular en Chile. A pesar del retorno de la democracia en 1990 las reformas realizadas durante la dictadura perduraron en sus objetivos de reestructurar la vida y la organización social y política de los chilenos.

Sustentado en una constitución hecha a la medida, el modelo económico implantado, junto a la profundización de problemas de representatividad democrática, en los años sucesivos acabaron por llevar a extremos la neoliberalización del sistema.

En la última década, la precarización de la vida, los tremendos niveles de desigualdad y la profunda falta de protección del Estado frente a los crecientes abusos del poder económico (cualquier semejanza con la realidad peruana no es pura coincidencia) gatillaron la expresión del descontento y la denuncia en las calles, y en octubre 2019 esta fue desde todos los sectores y al unísono, siguiendo el primer paso dado por la rebeldía de los estudiantes.

Objetivos
El propósito de este esfuerzo es dar a conocer a la ciudadanía y sus organizaciones las principales demandas ciudadanas planteadas en las discusiones posteriores a la revuelta social, y que estos contenidos puedan nutrir las discusiones para la profundización de las demandas y la reflexión sobre las vías para alcanzar los horizontes fijados.

Cabe señalar que este análisis corresponde a la primera fase de un trabajo que espera generar continuidad, siendo seguida por una profundización de carácter más cualitativo visibilizando aspectos que hacen parte de la diversidad de demandas, que han quedado soslayados por tener una magnitud menor frente a las más contundentes y transversales.

Los autores piensan que la discusión recién comienza y deberá acompañar al proceso constituyente en todas sus fases, donde los constituyentes puedan interactuar con sus comunidades. Los constituyentes elegidos no deben perder de vista la necesidad de apoyarse en la capacidad de reflexión colectiva para las decisiones que deberán ir tomándose en la redacción del nuevo texto constitucional.

Cobertura
Los cabildos se distribuyeron en 211 comunas, existiendo participación informada en todas las regiones del país y en cada uno de los distritos electorales. Con una frecuencia mínima de 9 cabildos por distrito como es el caso de Arica y Parinacota y un máximo de 202 cabildos en la Región Metropolitana.

Los cabildos fueron autoconvocados, agrupando a organizaciones y personas no organizadas territorialmente, muy diversos, comunidades de villas o barrios, unidades y juntas vecinales, organizaciones de trabajadores de sectores específicos, sindicatos, trabajadores de la salud, grupos y colegios profesionales, comunidades de establecimientos educacionales con la participación de estudiantes de distintos niveles, comunidades universitarias, entre otras.

Demandas ciudadanas
Para el análisis de las demandas registradas en los cabildos estas fueron agrupadas en grandes temas. Su distribución señala una consistente coincidencia en sus planteamientos. Las principales exigencias tienen cerca de un 70% de coincidencia entre cabildos: Educación (73%), Nueva Constitución (70%), Pensiones (69%) y Salud (68%), y le siguen las exigencias en Empleo y trabajo (47%), Medio ambiente (45%), con casi la mitad de los cabildos, y con casi un 40% los cambios al modelo (38%).

Las temáticas han aparecido con solidez en los datos, y esto muestra gran coherencia con lo planteado desde la ciudadanía en las múltiples y diversas voces durante la movilización en 2019 como posteriormente, así como en consultas ciudadanas concurrentes, como las realizadas por municipios y otras iniciativas.

Profundizando en las demandas por ámbito fue posible levantar subcategorías; nuevamente aquí existe gran coincidencia. De una forma transversal las demandas se vinculan a la vida digna, a las garantías de universalidad, protección social y equidad en derechos fundamentales como educación, salud y trabajo, entre otros.

Nueva Constitución
La nueva constitución es un planteamiento contundente y transversal con un 69.8% de menciones y un 32.3% de esos cabildos establecieron específicamente la forma en que proponen llegar a ella, señalando la Asamblea Constituyente.

Para el texto constitucional fueron demandas principales las garantías de derechos económicos, sociales y culturales, como salud, educación, seguridad social (14.7%), también se postula incluir el derecho al arte y a la cultura, al medio ambiente y los derechos de la naturaleza. Fortalecer el rol protector del Estado en general y la protección de derechos de grupos específicos, como pueblos originarios, y personas en situación de discapacidad.

Junto a ello 129 cabildos manifestaron la necesidad de poner fin a garantías que actualmente favorecen en nuestra constitución un rol subsidiario del Estado y el mercado con derechos sociales.

Fortalecer Estado
El fortalecimiento del rol del Estado se expresa como una exigencia transversal, su rol y el mandato de regulación de la participación del sector privado aparece vinculado a muchos de los grandes temas y a la defensa de la ciudadanía frente al abuso, donde varios aspectos están concretamente planteados: como precios de medicamentos en salud, regulación de créditos y tasas bancarias en el modelo económico, entre otros ejemplos.

La demanda de vivienda digna expresada en 125 cabildos solicita responsabilidad del Estado en su garantía, y mínimamente la regulación del mercado inmobiliario. Por su magnitud también el cambio de modelo económico constituye un ámbito de exigencia visible en los datos, con 463 cabildos que resaltan por ejemplo el fin del modelo extractivista (124), la desprivatización de servicios públicos (106) y acceso universal y equitativo de las personas a ellos como derechos básicos, incluido el acceso a áreas verdes y espacios recreacionales. En 83 cabildos se menciona la oposición al Tratado Transpacífico.

Pensiones dignas
Mejorar las pensiones es una demanda sólida y principal (68.5%) que puede resumirse con una frase recurrente en las actas pensiones dignas; donde un 30.4% de los cabildos que lo exigen aluden mejoras en sus montos y en otras muchas condiciones.

Para 21.7% de estos cabildos se requiere un nuevo sistema de pensiones, y se mencionan características como solidaridad, sistema de reparto, responsabilidad del Estado, y un 26.9% de ellos señala concretamente el fin de las AFP y de su modelo.

Educación y salud
Educación y Salud, con un 73% y un 68.2% respectivamente, de cabildos en que son señaladas como demandas prioritarias muestran en el análisis ser concebidos como derechos fundamentales y prioritarios a conseguir, y reúnen en cantidad, y en diversidad, el mayor conjunto de propuestas específicas. Se pide en ambos casos universalidad y calidad.

En el caso de Educación aparece la gratuidad y la calidad (348 cabildos), el fin del endeudamiento en la educación superior y condonación. Los cabildos se manifiestan también respecto a los contenidos, con énfasis en la incorporación de educación cívica, ambiental, en derechos humanos y educación cívica para la ciudadanía.

En Salud por su parte, un sistema único, universal, salud pública de calidad, incluido un mejor trato y acceso equitativo a las prestaciones de salud son demandas principales. Un número importante de cabildos se refiere a los medicamentos y farmacia, donde el acceso, la regulación del mercado y los precios son contenidos relevantes. Finalmente, las demandas de recursos se expresan tanto en lo relativo a personal, equipos de salud y médicos especialistas como en recursos físicos y equipamiento.

Se hace visible también la salud mental como ámbito específico con un número de cabildos que relieva una Ley de salud mental como también la necesidad de destinar mayores recursos. Asimismo, demandas sobre el sistema de protección social y sistema de cuidados, donde cabe resaltar exigencias de protección a la población infantil y jóvenes.

Medio ambiente
Medio ambiente y recursos naturales también concita una gran preocupación (47.2%); recuperar el agua, que también aflora como derecho en la nueva constitución, aquí toma fuerza como demanda específica lo que se suman exigencias de detener la privatización y recuperar/nacionalizar recursos naturales.

Se plantea la protección medioambiental en general y en lo particular regulación para descontaminación, reciclaje, como también cambios hacia energías limpias y renovables.

Empleo y trabajo
Empleo y trabajo concentran demandas que representan preocupación prioritaria para el 47.4% de los cabildos y como demandas específicas, los salarios dignos; el salario mínimo digno, ético, sobre la línea de la pobreza y el acceso universal a un ingreso mínimo son demandas de justicia social, al igual que la equidad salarial que demanda disminuir las brechas entre los salarios más altos y los más bajos.

Otros temas fueron la protección de derechos laborales que aparece con una serie de condiciones específicas y también la disminución de la jornada laboral reúne a un número importante de cabildos. En el caso de transporte se plantea la exigencia de equidad y calidad, con preocupación por adultos mayores, y la interconectividad de zonas rurales, solicitando el compromiso del Estado en las soluciones y en la regulación.

Tributación
Equidad en la tributación reúne contenidos tales como un sistema con lógica no regresiva, redistributiva, y que corrija exenciones o limitada tributación de los grandes capitales (169 cabildos), como también acabar con la elusión. Se piden algunas eliminaciones y cambios en impuestos a las personas, como por ejemplo los libros y combustibles.

Poderes públicos
Se plantea más probidad, transparencia y regulación en la selección de cargos públicos y solicitud de topes de salarios públicos. Se solicita igualdad ante la ley y justicia efectiva frente a delitos económicos y corrupción, justicia vinculada a Derechos Humanos. Restructurar y términos de la violencia institucional en las fuerzas armadas y carabineros.

Se demandó más poder local y participación, descentralización e instancias de participación ciudadana en el territorio y vinculante. Otros temas fueron la igualdad de género, mejoras al trabajo doméstico y de cuidado, más educación sexual y educación menos sexista. Mayor reconocimiento de derechos de pueblos originarios, personas migrantes, personas en situación de discapacidad y personas de la diversidad sexual.

Enfrentar chantaje
Los comentarios del vicepresidente senior de Moody´s en el Perú relativos a que una Asamblea Constituyente haría cambiar la perspectiva de estable a negativa son inaceptables y fuera de lugar. A Chile, ni antes ni en pleno proceso constituyente, le han reducido la calificación de la deuda pública.

El gobierno peruano debe iniciar un proceso por dos rutas que luego converjan. En primer lugar, convocar a un grupo de expertos para constituir una comisión ad hoc abierta a todos que revise y proponga cambios concretos a la Constitución Política de 1993 aprovechando los avances presentados recientemente por el Acuerdo Nacional. En segundo lugar, iniciar desde los numerosos municipios y distritos del país cabildos abiertos para recoger el sentir de la población. El CEPLAN en coordinación con las universidades públicas y privadas, organizaciones ciudadanas y ONGs podrían ser los responsables de promover, liderar y sistematizar este proceso.