Los delegados de 181 países que representan a los gobiernos, trabajadores y empleadores adoptaron por unanimidad un Llamamiento Mundial a la Acción para una recuperación de la covid-19 centrada en las personas. Este da prioridad a la creación de empleos decentes para todos y aborda las desigualdades causadas por la crisis.

El documento se concretó en la 109 edición del Congreso Internacional del Trabajo promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en junio de 2021. Desafortunadamente, no se difundió en nuestro país, donde para los poderes económicos y mediáticos los trabajadores somos un elemento residual en la reactivación económica. Hay mucho por aprender en el Perú.

El pronunciamiento esboza un programa exhaustivo. Compromete a los países a garantizar que su recuperación económica y social de la crisis sea totalmente inclusiva, sostenible y resiliente. El acuerdo incluye dos conjuntos de acciones. El primero abarca las medidas que deben adoptar los gobiernos nacionales y sus interlocutores sociales empresariales y sindicales, para lograr una recuperación que refuerce sustancialmente las protecciones sociales y de los trabajadores y apoye a las empresas sostenibles.

Un segundo conjunto de acciones abarca la cooperación internacional y el papel de las instituciones multilaterales, incluida la OIT, con el objetivo de aumentar el nivel y la coherencia de su apoyo a las estrategias nacionales de recuperación de la pandemia centradas en las personas.

Diagnóstico
La pandemia ha tenido consecuencias devastadoras en el mundo del trabajo. Ha causado un aumento del desempleo, el subempleo y la inactividad; pérdidas de ingresos de los trabajadores y de las empresas, en particular de microempresas y pequeñas y medianas empresas; informalidad e inseguridad laboral y de los ingresos; nuevos retos para la seguridad y los derechos laborales, y ha exacerbado la pobreza y las desigualdades económicas y sociales.

Ha afectado de forma desproporcionada a los más desfavorecidos y vulnerables, en particular a las personas (y mujeres) que trabajan en la economía informal y en formas de trabajo inseguras; las que desempeñan ocupaciones poco calificadas; los migrantes y las personas que pertenecen a minorías étnicas y raciales; las personas de edad, y las personas con discapacidad. Ha exacerbado los déficits de trabajo decente preexistentes, ha provocado un aumento de la pobreza, ha incrementado las desigualdades y ha puesto al descubierto las brechas digitales dentro de los países y entre ellos.

Impactos largo plazo
La crisis ha perturbado profundamente la educación, la formación y el empleo de los jóvenes, para quienes es aún más difícil encontrar trabajo, realizar con éxito la transición de la educación y la formación al trabajo, continuar su educación o desarrollar actividades empresariales, por lo que corren el riesgo de ver reducidas sus posibilidades de aumento del nivel salarial y de promoción profesional a lo largo de su vida laboral.

Sin una acción concertada estos efectos diferenciales se dejarán sentir mucho después del fin de la pandemia y tendrán profundas repercusiones en la consecución de la justicia social y el trabajo decente para todos, incluido el empleo pleno, productivo y libremente elegido, y revertirán todavía más los logros y socavarán los progresos hacia la consecución de los objetivos para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030).

Medidas urgentes
Los Gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores se comprometen a colaborar individual y colectivamente, con el apoyo de la OIT, en favor de una recuperación centrada en las personas que permita avanzar hacia un desarrollo inclusivo, sostenible y resiliente con trabajo decente para todos.

También se comprometen a situar el objetivo del empleo pleno, productivo y libremente elegido y el trabajo decente, las necesidades de las personas más vulnerables y más afectadas por la pandemia, y el apoyo a las empresas sostenibles, el empleo y los ingresos en el núcleo de estrategias con una perspectiva de género, teniendo plenamente en cuenta las circunstancias y las prioridades nacionales. Lo anterior, trabajando para un crecimiento económico y empleo inclusivos, protección de todos los trabajadores, protección social universal y dialogo social.

Empleo inclusivo
Se pretende una recuperación de base amplia y generadora de empleo con oportunidades de trabajo decente para todos, mediante políticas nacionales de empleo integradas, reconociendo el importante papel del sector privado y del sector público y de la economía social y solidaria, que incluya: políticas de apoyo macroeconómicas, fiscales e industriales; e inversiones públicas y privadas apropiadas en los sectores más afectados por la crisis.

Se acuerda promover la solidaridad mundial prestando apoyo a los países en desarrollo que han experimentado una reducción del margen de maniobra presupuestario y monetario o han alcanzado niveles insostenibles de deuda externa. Asimismo, apoyar la continuidad de la actividad empresarial y un entorno favorable a la innovación, el crecimiento de la productividad y las empresas sostenibles, incluidas las microempresas y las pequeñas y medianas empresas.

Políticas laborales
Acuerdan proponer incentivos a los empleadores para que mantengan a los trabajadores en el empleo, por ejemplo, mediante el trabajo compartido, semanas de trabajo más cortas, subsidios salariales selectivos, medidas temporales relativas al pago de impuestos y de cotizaciones a la seguridad social, así como el acceso a medidas de apoyo a las empresas para mantener el empleo y la continuidad de los ingresos.

Un equivalente de la suspensión perfecta de labores peruana y de los créditos Reactiva Perú sin condicionamiento a la plantilla de trabajadores no aparecen en este portafolio de opciones.

Por otra parte, fortalecer los sistemas nacionales de servicios de empleo y las políticas nacionales para proporcionar servicios de empleo de calidad a los trabajadores y los empleadores sin comisiones y gastos para los primeros. Apoyar la educación de calidad, la formación y el trabajo decente; y aumentar la inversión pública y privada en el desarrollo y perfeccionamiento de competencias y el aprendizaje permanente para favorecer el reciclaje profesional.

Cadenas de suministros
Fomentar cadenas de suministro más resilientes que contribuyan al trabajo decente; a la sostenibilidad de las empresas en toda la cadena de suministro, incluidas las microempresas y las pequeñas y medianas empresas; a la sostenibilidad ambiental, y a la protección y el respeto de los derechos humanos, apoyándose en el comercio y la inversión internacionales sostenibles.

Aprovechar las oportunidades que ofrecen las transiciones digitales y ambientales justas para impulsar el trabajo decente, entre otras cosas a través del diálogo social, incluyendo la negociación colectiva y la cooperación tripartita, y desarrollar e implementar estrategias globales, innovadoras e integradas para frenar la expansión de la informalidad y acelerar la transición a la economía formal, en particular para la creación, preservación y formalización de empresas y puestos de trabajo decentes, prestando atención a la economía rural.

Protección a trabajadores
Proporcionar a todos los trabajadores una protección adecuada, reforzando el respeto de las normas internacionales, su aplicación y el control de su cumplimiento. Esto incluye el respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo; un salario mínimo adecuado, establecido por ley o negociado; límites máximos al tiempo de trabajo, y la seguridad y salud en el trabajo; asimismo, redoblar esfuerzos para subsanar las violaciones de los derechos poniendo atención en la eliminación del trabajo infantil y el forzoso.

Introducir, utilizar y adaptar el teletrabajo y otras nuevas modalidades de trabajo para preservar los puestos de trabajo y ampliar las oportunidades de trabajo decente a través de, entre otros medios, la reglamentación, el diálogo social, la negociación colectiva, la cooperación en lugar de trabajo.

Nuevas tecnologías
Defender que la relación de trabajo siga siendo pertinente como medio para proporcionar seguridad y protección jurídica a los trabajadores, reconociendo el alcance de la informalidad y la urgente necesidad de emprender acciones efectivas para lograr la transición a la formalidad y el trabajo decente.

Asimismo, implantar un programa transformador para lograr la igualdad de género que permita asegurar la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, entre otras cosas sobre la base de la transparencia salarial; ampliar las políticas que prevén licencias remuneradas por cuidados y promover un reparto más equilibrado de las responsabilidades laborales y familiares; e invertir en la educación y promover políticas de creación de empleo y de aprendizaje permanente destinadas a subsanar la brecha de género en materia de competencias.

Protección universal
Se insiste en lograr el acceso universal a una protección social integral, adecuada y sostenible, con pisos de protección social definidos a nivel nacional, que asegure como mínimo que, durante el ciclo de vida, todas las personas tengan acceso a una seguridad básica del ingreso y a la atención de salud esencial, reconociendo que el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental es más importante que nunca.

Mejorar el acceso a la protección contra el desempleo para dar apoyo a los trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo y sus medios de subsistencia debido a la pandemia y para facilitar las transiciones. Proporcionar a todos los trabajadores acceso a una licencia remunerada por enfermedad adecuada y a prestaciones de enfermedad, así como a servicios de salud y del cuidado, a licencias por motivos familiares y a otras políticas favorables a la familia.

Prever una financiación equitativa y sostenible de los sistemas de protección social mediante una movilización eficaz de los recursos, así como solidaridad y coordinación para que nadie se quede atrás, y fortalecer el papel esencial que ejerce el sector público en el apoyo al buen funcionamiento de la economía y la sociedad, reconociendo la importante función que desempeñan los sistemas públicos de salud y del cuidado en tiempos de crisis sanitaria y en la prevención de futuras perturbaciones y pandemias.

Dialogo social
Aprovechar el papel que el diálogo social, tanto bipartito como tripartito, ha desempeñado para impulsar respuestas inmediatas a la pandemia en numerosos países y sectores, sobre la base del respeto, la promoción y el ejercicio de los derechos habilitantes de la libertad sindical y de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

Promover el diálogo social, en particular para facilitar la consecución de los resultados establecidos en este llamamiento mundial a la acción, entre otras cosas mediante consultas de los Gobiernos con los interlocutores sociales. Reforzar la capacidad de las administraciones públicas y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para que participen en dicho diálogo como medio para formular y aplicar estrategias, políticas y programas de recuperación a nivel regional, nacional, sectorial y local.

Apoyos OIT
La OIT, al final del pronunciamiento, reitera su compromiso de apoyar a los países para crear crecimiento económico, empleo y desarrollo social inclusivos y sostenibles, aumentando el apoyo a la elaboración de políticas y enfoques que: generen inversiones intensivas en empleo; fortalezcan las políticas activas del mercado de trabajo; promuevan un entorno favorable a la iniciativa empresarial y las empresas sostenibles.

Asimismo, que estimulen la productividad mediante la diversificación y la innovación; aprovechen todo el potencial del progreso tecnológico y la digitalización, incluido el trabajo en plataformas, para crear puestos de trabajo decentes y empresas sostenibles, posibilitar la participación de toda la sociedad en sus beneficios y abordar sus riesgos y desafíos.

Por último, que promuevan servicios de orientación, formación y empleo para ampliar las opciones de los trabajadores para optimizar sus oportunidades en condiciones buenas, productivas y saludables hasta la jubilación, y permitir un envejecimiento activo. Asimismo, crear oportunidades de desarrollo de las competencias que respondan a las necesidades del mercado de trabajo y posibiliten que los jóvenes efectúen una transición efectiva de la educación y la formación al trabajo.