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Oscar Sumar

“No más universidades garaje”

¿Quién dijo eso? ¿Algún erudito conocedor de la realidad de las universidades? ¿Alguna persona de a pie que le interesa la mejor educación de sus hijos y la sociedad? ¿Algún político? ¿Algún dueño de universidades? No solo ellos, incluso personas de puntos opuestos del espectro ideológico (intervencionistas, pro-mercado, progres y libertarios) parecen coincidir en la necesidad y virtud de la Ley Universitaria.  Esta ley tiene el gran mérito, desde el punto de vista “comunicacional”, de generar un gran consenso entre personajes que -a primera vista- normalmente no compartirían intereses. 

Acuña fortalecer

Hasta ahí llega lo que hay que admirar de la Ley Universitaria. Fuera de eso, es una norma con justificación bastante dudosa: la “calidad” en sí misma, no es una justificación -desde el punto de vista regulatorio- para intervenir un mercado. Por varios motivos: la calidad es subjetiva, es variante y responde a la demanda de los consumidores, salvo que existen fallas de mercado. La justificación para intervenir -al menos si queremos ser medianamente ortodoxos- se debe buscar en una falla de mercado. No existe tal falla. ¿Asimetría informativa? Solo es relevante cuando produce selección adversa (inexistente en el caso de universidades donde los “limones” y las “cerezas” están plenamente identificadas). ¿Externalidades positivas? Estas llevan a menos educación que la óptima, no a más. Sería absurdo reducir la oferta por externalidades positivas.

En segundo lugar, la ley tiene efectos negativos desde casi cualquier punto de vista: disminuye la oferta, reduce la competencia, aumenta los precios. Todo eso, ¿a cambio de qué? De aumentar la calidad definida como cumplimiento de la ley. Es decir, de forma completamente tautológica. Definir la calidad de una universidad en términos formales (p.e. ser propietarios de un edificio) es tan arbitrario como definir la calidad de un restaurante en poseer un local propio. La ley no garantiza que las universidades tengan calidad, solo garantiza que personas con espalda financiera puedan ser creadores de universidades.

En tercer lugar, la propia ley es un imán del lobby, completando la dinámica bootleggers and baptists. Este lobby incluso es posible que haya tenido impacto en las elecciones presidenciales. Yo no niego que existan intereses oscuros que busquen debilitar algunas normas de Sunedu, pero eso no quiere decir que la ley esté bien en primer lugar.. La actitud de un empresario mercantilista no es de real apoyo ni real oposición a la ley, sino de oportunismo. Querrán simultáneamente la ley, pero también excepciones a la ley. Cualquiera iniciado en teoría económica de la regulación entenderá esto sin problemas. Hay que mirar a los verdaderos interesados y ganadores. Si pensamos en personas con espaldas financieras y dueños de universidades que -desde mi punto de vista- son mediocres, ¿quiénes nos quedan?

castillo sunedu

Finalmente, invitaría a la gente que no tiene un interés detrás a reflexionar. Hace pocas semanas conversaba con un académico que respeto mucho y que tiene una orientación habitualmente pro-mercado. Sin reflexionarlo mucho, informalmente, me dijo “la ley me parece bien, ordena el mercado y saca a jugadores muy malos. Tiene costos, pero la carne viene con hueso”. Le repliqué “en realidad, es al revés, el libre mercado viene con hueso y eso es lo que hay que aceptar”. Me dio la razón. Por lo demás, los peores huesos a los que hacíamos referencia se podrían sacar del mercado con mucho menos que una Ley Universitaria: normas municipales y de lavado de activos.

 

 

 

COMENTARIOS

  • 1
  • 30.12.2021
  • 11:01:44 hs
Gonzalo R. Moya V.

Excelente artículo, profesor.

Pregunta: ¿En qué medida podemos trasladar sus críticas a la reforma educativa (a través de la Ley Universitaria, LU), hacia la reforma de transporte, cuya reciente contrarreforma (a través de la formalización de los taxis-colectivos) ha sido muy criticada por los mismos quienes defienden a la LU y por ende a la SUNEDU?

Los corredores de color son monopolios legales, en el sentido de que tienen por ley derecho de exclusividad en sus rutas (a pesar de no tener una pista exclusiva para sus recorridos, como es el caso del Metropolitano).

El Tribunal Constitucional aceptó prohibir los taxis colectivos dentro de Lima y Callao, donde sí hay oferta de buses, pero incluso aquí parecen complementar o suplir, justo con las combis y custers, un servicio público formal deficiente e insuficiente.

Es decir, incluso en los tramos en cuyas rutas se yuxtaponen o traslapan, el transporte informal tiene una demanda positiva por cobrar un pasaje menor para distancias más cortas, así como incentivos en el chofer para detenerse en los paraderos a recoger pasajeros, dado que sus ingresos sí están en función a los pasajes cobrados.

(https://elcomercio.pe/lima/transporte/taxis-colectivos-mtc-autoriza-prestar-el-servicio-a-cualquier-chofer-con-una-sola-firma-en-un-padron-sutran-nndc-noticia/?ref=ecr)

(https://elcomercio.pe/opinion/editorial/editorial-informalidad-empadronada-editorial-mtc-juan-francisco-silva-reforma-del-transporte-notepases-noticia/)

    • 2
    • 30.12.2021
    • 06:57:44 hs
    osumar

    Gracias Gonzalo. Sí creo que es un caso equivalente. Hay una idea -medio romántica/irracional- de querer controlar una estética de la ciudad o de los servicios, pero a costa de cosas que son mucho más importantes en una sociedad como la nuestra (en nuestro estadio de desarrollo económico), como el precio y la disponibilidad. Estas ideas “estéticas” son alimentadas por personas que buscan mayor control del Estado y por mercantilistas, por lo que es muy difícil luchar contra ellas. Además, los argumentos racionales son más difíciles de procesar.

    Felices fiestas y espero podamos seguir conversando el próximo año!

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