Escribe Besly Muñoz Quintana, alumna de Derecho de la Universidad del Pacífico

“Para que las niñas y niños con discapacidad puedan ejercer sus derechos sin ninguna discriminación y en igualdad de condiciones con los demás, es necesario que los países se comprometan a realizar los ajustes razonables que esta población requiere”- UNICEF.

La pandemia mundial del COVID-19 ha afectado severamente a distintos sectores de la sociedad; siendo la educación uno de los sectores que más se agudizaron en esta crisis; interrumpiendo el aprendizaje de más del 73% de los estudiantes, o más de 1 200 millones de niños y jóvenes en el mundo según los datos estadísticos proporcionados por la Unesco en 2020.

En este sentido, como medida de mitigación para hacer frente a esta pandemia inesperada, los diversos Estados se vieron en la obligación de gestionar la educación en sus territorios, migrando a la modalidad virtual a fin de prevenir los contagios y salvaguardar la salud y la vida de los estudiantes. A consecuencia de ello, se desató una de las crisis educativas más grandes del siglo debido a las brechas digitales ya existentes y poco abordadas por los gobiernos. Los datos estadísticos de UNICEF señalan que aproximadamente 1 300 millones de niños, entre los 3 y 17 años, no contaban con conexión a internet en sus hogares a inicios de la pandemia, siendo principalmente perjudicados los niños con habilidades diferentes y aquellos que habitan en zonas rurales.

El retorno a clases y la ineficiencia de la infraestructura educativa 

La infraestructura educativa es la composición de los elementos que configuran el espacio físico donde se desarrollan los procesos de aprendizaje: servicios, mobiliario, ambientes de trabajo, entre otros (CAF-Development Bank of Latin America, 2016; Duarte, Gargiulo, & Moreno, 2011). En ese sentido, la definición de “infraestructura educativa” abarca más allá del espacio físico donde se dan las interacciones entre estudiantes. Es el espacio donde se desarrollan los contenidos pedagógicos y se da el proceso de aprendizaje en sí, así como también abarca la existencia de recursos básicos dignos y funcionales para garantizar el aprendizaje y las formas sustentables de acceder a ellos. De esta manera, una educación de calidad debe garantizar los espacios estructurales adecuados, así como el soporte a las necesidades cognitivas y los elementos fundamentales para la inserción de todos los niños en un aula de clases.

Habilidades diferentes presentan necesidades diferentes:

Felizmente, como sociedad, somos cada vez más conscientes del desarrollo cognitivo de los niños y las necesidades para su crecimiento. Sin embargo, cada niño cuenta con requerimientos distintos, la complejidad de estos varía, pues también existen niños en situación de discapacidad mental, quienes son muchas veces olvidados.

Según los datos estadísticos de UNICEF, 240 millones de niños que presenta alguna discapacidad, de los cuales 7 de cada 10 niños con discapacidad no asisten a la escuela. Estas cifras ponen en evidencia la existencia de un gran porcentaje de niños con necesidades específicas para un desarrollo digno y eficaz que les garantice las condiciones equitativas de educación. En tanto, la realidad es que ante la inexistencia de atención a sus necesidades estos niños dejan la escuela a edad temprana, muchos incluso no llegan a acceder a ella por no existir centros adaptados a sus necesidades.

Entre las principales dificultades que afrontan estos niños se encuentran las discapacidades visuales, que suponen la accesibilidad de espacios inclusivos para la autonomía en el aprendizaje; las discapacidades motoras, siendo el tratamiento a las necesidades no solo la instalación de rampas así como en las  discapacidades auditivas, no solo el uso del lenguaje de señas, sino que en cada caso se debe consonar con las dificultades específicas de cada niño.

Asimismo, existen discapacidades cognitivas. Investigaciones realizadas por la Universidad de Trastornos de Aprendizaje Escolar (UTAE) demuestran que las prevalencias de trastornos del aprendizaje (TA) afectan del 5% al 15% de la población mundial. El TA interfiere en la adquisición del  aprendizaje de habilidades académicas y/o sociales en los niños y no se reduce a una cifra de nivel de inteligencia y/o de oportunidades socioculturales adecuadas.

Financiación de la educación inclusiva

Para UNICEF, las políticas y los sistemas de financiación centralizados son una barrera a la introducción de las reformas financieras necesarias para la educación inclusiva, por lo que el problema surge no solo en el nivel de los recursos, sino también en cómo estos serán asignados y distribuidos.

En nuestro país se sigue el modelo de distribución per cápita donde los recursos dependen de las necesidades de los estudiantes. El monto de la financiación varía para ciertas categorías de estudiantes, denominadas “financiaciones ponderadas”. Si bien estos datos reflejan los costos reales de educar a estudiantes con discapacidad, se enfocan en la discapacidad, más no en las necesidades educativas de los estudiantes.

El Estado debe garantizar la viabilidad económica para generar espacios que atiendan el amplio número de requerimientos para la población estudiantil con que vive en situación de discapacidad. Asimismo, como el rol rector del Ministerio de Educación, debe regular la adaptación del material educativo interactivo para estimular las capacidades de cada alumno y no se limite solamente a la accesibilidad a su educación.

Involucrarnos como comunidad en el desarrollo integral de los niños con habilidades diferentes

Nuestro país es uno de los países con más brechas en infraestructura educativa, no solo para los niños con discapacidad, sino para los estudiantes en general. Si bien se evalúa el rendimiento académico de alumnos de 6.º de primaria y 2.º de secundaria y las estructuras y los espacios educativos, la OCDE señala que aún estas herramientas cuentan con deficiencias, pues no miden la calidad y funcionamiento de la labor educativa. Por otro lado, no existen datos actualizados respecto a las discapacidades para hacer proyectos viables en el ámbito educativo. En contraste, la ODS4 de la agenda 2030 señala que es deber tanto del Estado como de padres y docentes garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos los niños y niñas y ese es el objetivo que se debe cumplir, pues Una verdadera Infraestructura Educativa no tiene fronteras.

Referencias:

• https://www.unicef.org/lac/media/35186/file/Financiacion.pdf

• Documento de posición de UNICEF, titulado The Right of Children with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education (El derecho a la educación de los niños y niñas con discapacidad: enfoque basado en los derechos humanos sobre la educación inclusiva

• Modelos para determinar la financiación de la educación de estudiantes con discapacidad

• UNICEF. (2021, 10 noviembre). Hay casi 240 millones de niños con discapacidad en el mundo, según el análisis estadístico más completo de UNICEF.

• https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/casi-240-millones-ninos-con-discapacidad-mundo-segun-analisis- estadistico

• https://www.unicef.org/es/unicef-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible

• https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/ninos/trastornos-del-aprendizaje-escolar

• UNIR (2021, 3 diciembre). Discapacidad motora en el aula: tipos y necesidades educativas especiales del alumnado. UNIR.

• (CAF-Development Bank of Latin America, 2016; Duarte, Gargiulo, & Moreno, 2011).

• https://www.oecd.org/latin-america/paises/peru/