Las últimas semanas han sido muy duras para el país, pues como ciudadanía hemos sido testigos de la corrupción que aqueja a varios de los principales organismos del Estado. Sin embargo, pese a nuestra frágil institucionalidad, el Perú retoma el liderazgo del crecimiento económico en Latinoamérica: el BCR ha anunciado que revisará al alza su proyección de 4% del crecimiento del producto bruto interno (PBI) para el 2018 por “una robusta recuperación de la actividad económica”.
Este escenario ocurre a pesar de persistir una baja productividad acompañada de una economía informal extendida. Es decir, en perspectiva, nuestra capacidad de crecimiento es mayor.
Analicemos con más detenimiento la informalidad en sus dos dimensiones: el sector y el empleo.
El sector informal agrupa a las unidades productivas no registradas en la administración tributaria; es decir, las que no pagan impuestos. Aunque está conformado por aproximadamente 7 millones de unidades, representa menos de la quinta parte del PBI.
El empleo informal es aquel que no goza de los beneficios definidos por ley: seguridad social, gratificaciones, vacaciones pagadas, etc. En el Perú, según el INEI, casi tres de cada cuatro trabajadores de la población económicamente activa (PEA) ocupada se desempeñan en un empleo informal.
Pero el dato quizá más elocuente de nuestra realidad es que el empleo informal en el ámbito rural asciende a más del 95% (2017). Es decir, en el campo el sector formal hoy no existe.
En 1940, el Perú era un país donde el 65% de la población residía en la sierra y solo el 28.3% en la costa. Solo cinco departamentos tenían una población predominantemente urbana: Arequipa, Lambayeque, Lima, San Martín y Tacna.
Pero en el año 2015, el INEI calculó que la población rural se redujo a solo 23.3%. Y los primeros resultados del censo 2017 precisan que apenas 28.1% de peruanos aún viven en la sierra, mientras que la costa alberga al 58% de peruanos. Ratifican, además, un centralismo por corregir, pues Lima concentra al 29.2% de la población total. Es decir, en un periodo de 77 años, en el cual han discurrido algo más de dos generaciones, los peruanos, sobre todo de la sierra, nos hemos instalado en ciudades, principalmente de la costa.
El Estado no ha sido capaz de capitalizar este enorme flujo humano, el que a su vez ha contribuido a la emergencia de una cultura emprendedora, pero signada de informalidad, en un escenario de pobre institucionalidad.
Hace algunos años los profesores del MIT y Harvard, Daron Acemogluy James A. Robinson, publicaron “Por qué fracasan los países. Los orígenes de la prosperidad y la pobreza”, donde destacaban el valor de las instituciones como elemento clave del devenir de los países. Ellos proponen dos conceptos relacionados interesantes.
- Institución económica extractiva, que promueve la concentración de la riqueza y el poder en manos de una reducida élite, que incluso puede cometer el error de oponerse al desarrollo industrial y a la adopción de nuevas tecnologías, pues la mano de obra barata es una de las razones para no cambiar.
- Institución económica inclusiva, que desconcentra la riqueza y el poder, y promueve la competencia en un entorno de desarrollo y movilidad social, lo que genera una amplia clase media con mayor educación.
Estos autores, a partir de un análisis sustentado en numerosos ejemplos históricos, plantean cómo las instituciones económicas inclusivas generan prosperidad y riqueza, mientras que las instituciones económicas extractivas solo conducen al estancamiento y la pobreza de sus países.
Riesgos y oportunidades
El Perú es un país urbano, pero con un software mental rural, pues la mayoría de citadinos somos migrantes o hijos de migrantes. A ello se suma una débil institucionalidad que, como vemos, acentúa el deterioro social. Es decir, somos un país que aún no ha logrado articular un proyecto común.
Este escenario, a pesar de su apariencia, constituye un terreno para los riesgos, como la insurgencia de algún outsider que nos lleve al abismo del autoritarismo, o a las oportunidades si construimos una agenda para el desarrollo de instituciones políticas y económicas inclusivas. Seamos optimistas, los peruanos ya hemos demostrado nuestra capacidad para ejercer ciudadanía y superar etapas adversas.
No olvidemos que atravesamos por el periodo de oportunidad en que la proporción de personas en edades potencialmente productivas (15 a 64 años) crece de manera sostenida en relación a las personas potencialmente inactivas (menores de 14 y mayores de 65 años). Conocido como bono demográfico, es un escenario favorable para el desarrollo que debe ser capitalizado.
¿Convertimos el riesgo de la informalidad en una oportunidad?
Realizado por: César Amaro, investigador principal de Videnza Consultores
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