Comencemos aclarando que la infraestructura por sí sola no debe ser una meta de un país, sino debe ser vista como un insumo para que un Estado pueda prestar adecuadamente servicios públicos a su población. De ahí la importancia de la planificación de infraestructura, que debe responder a una visión de largo plazo con objetivos claros.

Existen herramientas que contribuyen a este proceso de planificación, el cual finalmente debe aterrizar en una cartera de proyectos que sea viable y creíble. En el caso de Perú, esta herramienta se plasma en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC). Sin embargo, es primordial lograr que esta cartera se desarrolle sobre la base de una definición robusta de sostenibilidad.

Precisamente, el PNIC está en proceso de actualización, tal como lo informaba el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en febrero de este año. Un aspecto importante que quedó pendiente en la anterior versión es la incorporación de la sostenibilidad como característica en la infraestructura. La consideración de este concepto implicaría un gran paso para los proyectos del país, pues este tipo de infraestructura trae diversos beneficios en diferentes áreas que requieren atención en el país. Entre ellos: desarrollo económico, mejora de calidad de vida de la población, infraestructura longeva, protección y preservación de recursos naturales y medioambiente, reducción de desigualdades, entre otros.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la infraestructura sostenible engloba proyectos planeados, diseñados, construidos, operados y cerrados que garantizan sostenibilidad económica, financiera, social, ambiental (incluyendo resiliencia climática) e institucional.

A manera de resumen, la sostenibilidad social implica que debe ser de utilidad para todos los grupos de interés, especialmente grupos vulnerables, y contribuir en la mejora de calidad de vida y el bienestar. La dimensión económico-financiera se cumple si, después de evaluar los beneficios, costos, externalidades e impactos durante el ciclo de vida del proyecto, se da un rendimiento económico positivo y se genera una adecuada tasa de retorno ajustada al riesgo.

Por su parte, la dimensión ambiental considera que la infraestructura debe preservar, restaurar e integrar el entorno natural, incluyendo la biodiversidad y los ecosistemas. Finalmente, la institucional asegura el cumplimiento de planes y políticas nacionales sobre la base de la transparencia durante todo el ciclo del proyecto.

Entonces, el reto consiste en incorporar estas dimensiones tanto en el PNIC como en la propia formulación de los proyectos. Como mencionamos, el PNIC aún vigente no llegó a contar con un indicador de sostenibilidad. Asimismo, si bien los proyectos listados en este plan deben haber pasado por el proceso de evaluación a través del sistema de inversión peruano Invierte.pe, esto tampoco garantiza obtener un proyecto sostenible en sus cuatro dimensiones. Esta evaluación se apoya principalmente en un análisis económico con algunos aspectos sociales, sin considerar adecuadamente las dimensiones ambientales e institucionales.

 La experiencia de otros países en la incorporación de estas dimensiones es clave. Por ejemplo, Australia cuenta con una lista priorizada, llamada Infrastructure Priority List, en la que recoge propuestas de proyectos de todo el país y de diversos actores, y los prioriza y categoriza según su relevancia y apremio. La evaluación de los proyectos que se incorporan en esta lista está a cargo de Infrastructure Australia, un asesor independiente que ofrece recomendaciones y herramientas para el desarrollo de la infraestructura.

El proceso de análisis de los proyectos parte de una metodología exhaustiva y con lineamientos claramente detallados. Su diseño busca que los proyectos incluidos en la lista priorizada sean sostenibles y relevantes para el país. Así, se determina que cada propuesta debe demostrar, entre otros aspectos, que logra crear un impacto social positivo.

Esto se logra a través de una evaluación social reforzada. En el caso peruano,  la evaluación social de proyectos se realiza utilizando como herramienta el análisis costo-beneficio (ACB) con la incorporación de la dimensión social. Sin embargo, la metodología australiana añade a ello un valor agregado que hemos resaltado en dos puntos clave: el ACB debe incorporar impactos ambientales, y el ACB no es el único criterio ni el más importante.

Sobre este segundo punto, este método reconoce que existen beneficios que no pueden ser monetizados o cuantificados, pero que sí podrían tener un impacto positivo y significativo en la sociedad. Plantea evaluar cualitativamente diferentes impactos clave en calidad de vida, productividad, medioambiente y resiliencia. Asimismo, se pone hincapié en temas específicos como demostrar alineamiento a planes nacionales y estatales; integrar la propuesta a una red de infraestructura existente; y contar con la aprobación y coordinación de stakeholders como los beneficiarios y las autoridades de la zona afectada. De esta manera, se abarcan aristas económicas, sociales, ambientales, de resiliencia e institucionales, para las cuales se pide al proponente presentar información cualitativa que las demuestre.

En estas adiciones metodológicas, que pueden parecer sencillas, se logra englobar diversos desafíos que la metodología actual del PNIC o el sistema de inversión peruano no incluye, pero que, de cumplirse a cabalidad, pueden lograr una gran diferencia en la calidad de la infraestructura pública provista.

Ello se vuelve especialmente relevante en el contexto de recuperación de la crisis de la COVID-19 y en un marco de crisis política constante. Dado que las inversiones impulsadas por el PNIC pueden contribuir a una reactivación de la economía, la selección de proyectos para esta herramienta necesita obedecer a las brechas y necesidades de sostenibilidad del país, y enfocarse en un objetivo y con visión de largo plazo.

Realizado por: Roxanna Vivar y Verónica Tello, investigadora principal y analista senior de Videnza Consultores, respectivamente