Vivimos en un mundo globalizado donde las últimas tendencias tecnológicas no tardan en ser asimiladas por empresas y ciudadanos en sus actividades diarias. Sin embargo, en este proceso los Estados suelen quedarse rezagados debido a limitaciones presupuestales, falta de talento humano y restricciones en el intercambio de información entre entidades (Levine, 2012). Casos recientes como el avance acelerado de la inteligencia artificial generativa (capaz de crear contenido original como texto, imágenes e incluso videos) destacan la creciente brecha digital entre el empresariado, los ciudadanos y el sector público. Sin embargo, existe experiencia internacional exitosa que demuestra que este último también puede beneficiarse de este proceso.
Tal es el caso de las interfaces de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés). Las API son cruciales no solo para mejorar las operaciones administrativas y la prestación de servicios públicos, sino también para involucrar a la sociedad civil. Al establecer reglas de cooperación entre dos partes (que pueden ser entidades del Estado, ciudadanos o empresas), facilitan el flujo de datos y el desarrollo de soluciones digitales (The Future of Digital Government: Trend, Insights and Conclusions. ONU, 2022).
Las API en el sector público no son un tema nuevo, porque se vienen desarrollando desde el 2010. Sin embargo, destacan casos como el de Singapur (Embracing Innovation in Government: Global Trends 2018, OECD) y la región de Lombardía, en Italia, que han logrado usarlas para implementar entornos digitales (APEX y E015, respectivamente). En el primer caso, por medio del APEX se logró reducir el número de veces que un ciudadano debe registrar su información básica cuando hace un trámite. En el segundo, a través del E015 se logró brindar información actualizada sobre las estaciones de carga eléctrica de todos los operadores en la región.
Otro caso es el de las tecnologías en órbita terrestre baja (LEO, en inglés). En caso de desastres, es esencial mantener redes de comunicación operativas que permitan planificar operaciones y administrar recursos (ONU, 2022). Sin embargo, la conectividad de una red de internet convencional puede interrumpirse tras un desastre natural, lo que dificulta conocer el estado de la población en tiempo real. Los sistemas de cómputo y satélites en órbita terrestre pueden proveer acceso a internet sin riesgos de corte. De hecho, esta tecnología está ayudando al Gobierno ucraniano a asegurar la continuidad de sus servicios durante la guerra que mantiene con Rusia, gracias a que cuenta con centros de datos en distintos puntos de Europa que reciben información sobre eventos derivados de este conflicto. Esto permite a Ucrania gestionar una estrategia más exacta y eficiente de distribución de agua, alimentos y medicinas a las poblaciones afectadas por la guerra.
La necesidad de articular todas las plataformas de las instituciones públicas en una sola es una realidad, por ejemplo, en Corea del Sur (CEPAL, 2021). En 2016, en línea con su estrategia nacional de digitalizar la administración pública, implementó el On-Nara Business Process System (On-Nara BPS), donde los documentos oficiales del Estado son creados, procesados y almacenados. La plataforma funge como una única mesa de partes, donde un funcionario puede enviar y recibir cualquier tipo de documento desde cualquier otra institución gubernamental. Esto permite ahorrar costos de almacenamiento de información y evitar la duplicidad de los datos. Al 2021, la plataforma era usada por 289 instituciones gubernamentales y más de 890,000 usuarios, y albergaba más de 125 millones de documentos procesados.
De manera más experimental, algunos países están empezando a utilizar algoritmos predictivos. Países Bajos identificó 74 casos en los que la administración pública hace uso de estas herramientas, especialmente en servicios relacionados a asistencia social, prevención de crímenes y procesos administrativos. Sin embargo, su uso todavía sigue en etapa de prueba porque la recolección de información es compleja, y su tratamiento no siempre es transparente o tiene sesgos que son difíciles de superar (van Veenstra, Grommé, Djafari; 2021).
Todos estos ejemplos muestran que un Estado puede incorporar los avances tecnológicos para ser más eficiente en sus procesos y para entregar más y mejores servicios públicos. Tal vez el Perú todavía está lejos de poder implementar soluciones similares a las presentadas, pero puede empezar por fomentar la participación de las instituciones públicas, las empresas y los ciudadanos en espacios de desarrollo de soluciones digitales; estandarizar y ordenar la mayor cantidad de información posible; y hacer transparentes estos procesos. Todas ellas fueron condiciones necesarias y comunes a todos los casos.
Realizado por: Franco Sebastiani y Henry Quiche, analista senior y analista junior de Videnza Consultores, respectivamente
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