Según el Censo Nacional de Población de Vivienda del 2017, el 10.3% de la población peruana tiene alguna discapacidad. Es decir, más de 3 millones de personas viven con limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Este grupo enfrenta numerosas barreras que dificultan el ejercicio y disfrute de sus derechos fundamentales: baja afiliación al sistema de salud, limitada participación en la actividad económica, interrupción de los estudios secundarios y elevadas cifras de pobreza.
Sobre ello, se puede señalar lo prioritario de implementar acciones articuladas contempladas en la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030 que permitan reducir las brechas en servicios en beneficio de esta población y la magnitud de dicha problemática en dimensiones como las siguientes:
- El 64.3% en edad de trabajar no cuenta con empleo.
- El 22.7% no tiene seguro de salud.
- El 65.2% alcanza como máximo un nivel de educación secundaria.
- El 22.8% está en condición de pobreza monetaria.
La detección e intervención temprana contribuye también a reducir estas brechas. Por ello, la primera infancia, que se extiende desde la gestación hasta los ocho años, es un periodo clave para el desarrollo del cerebro y las habilidades de los niños y niñas. La no detección de alertas tempranas y la no intervención a fin de lograr resultados en la primera infancia generan desigualdades que se van acrecentando a lo largo del ciclo de vida.
Estas desigualdades son mayores cuando la intervención temprana no se da en población vulnerable, como son los menores con discapacidad (UNESCO 2009). Provoca que las dificultades que afrontan diariamente se agraven y, a la vez, generen consecuencias permanentes de exclusión y pobreza. Es por ello que el acceso a servicios es prioritario en esta población. Y, de manera especial, el acceso de los menores de 36 meses con discapacidad a los servicios de cuidado o de acompañamiento extrafamiliar. Estos, en conjunto con sistemas de detección temprana, contribuyen al fortalecimiento de las habilitades parentales y al alcance del potencial de estos menores.
Asimismo, los servicios de cuidado infantil ofrecen un espacio para el desarrollo integral. La evidencia muestra efectos positivos en los menores de 36 meses que asisten a estos servicios cuando cumplen ciertos estándares de calidad, aunque hay una agenda pendiente de evaluación sobre los menores con discapacidad. En esta línea, se puede señalar que la calidad del servicio de cuidado tiene un impacto considerable en el desarrollo mental y social de los niños. Aquellos que asisten a centros de buena calidad tienen mejor desempeño en dichos aspectos que quienes asisten a centros de baja calidad (Barros, 2011). De igual manera, de la evaluación de impacto del servicio de cuidado diurno (SCD) de Cuna Más, realizada en el 2017, se concluye que hay efectos positivos en el desarrollo infantil. (MIDIS, 2017)
Sin embargo, la cobertura de estos servicios y su adecuación para la atención de calidad de los menores de 36 meses aún no alcanzan los estándares requeridos. Así, al 2021 el Programa de Intervención Temprana (PRITE) del Ministerio de Educación, contaba con 117 establecimientos a nivel nacional que atendían a 4063 niños y niñas con discapacidad. Por su parte, el programa Cuna Más brindó el servicio a más de 50 niñas y niños con discapacidad a través del SCD, y a más de 60 mediante el servicio de acompañamiento familiar. Estos avances aún requieren implementar acciones para un mayor acceso, dado que este número es insuficiente para cubrir la demanda: al 2023, el Registro Nacional de las Personas con Discapacidad sumaba 8734 niños y niñas de 0 a 5 años de edad con discapacidad. Este registro solo representa el 19.4% de la población con alguna discapacidad (UNICEF, 2021), por lo que se debe implementar acciones articuladas para una mayor cobertura.
Realizado por: Claudia Benavides, investigadora principal de Videnza Consultores
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