Intereses particulares y omisiones

Se acaba de publicar la Agenda País versión 1.0 elaborada por la CONFIEP. Ya se presentó al Presidente de la República y se está difundiendo a través de los medios de comunicación. El documento tiene 156 páginas con una introducción y catorce capítulos sectoriales; todos con un diagnóstico, problemas identificados y recomendaciones. Se comprende infraestructura, minería e hidrocarburos, agroexportación, pesquería, inclusión financiera, educación superior, régimen laboral, farmacéutica, micro-pequeñas y medianas empresas, vivienda, radiodifusión, automotriz, sistema privado de pensiones y protección financiera. Hay aportes, pero muchas omisiones e intereses particulares a la vista. Se insiste de manera camuflada en una reforma laboral a su conveniencia.

Erróneamente en la introducción sólo se explica el menor crecimiento económico por factores internos, olvidando lo ocurrido en la economía internacional desde 2013 y lo que acontece como resultado de las políticas de Trump. Se repite que el único motor es la inversión privada, ignorando los otros componentes de la demanda agregada. Tampoco, se comenta como la caída de los precios de las materias primas afecta y posterga las decisiones de inversión. La lista de temas y sectores olvidados es larga. No hay mención alguna a la necesidad de diversificar la estructura productiva y a la de fortalecer el sistema de ciencia –tecnología e innovación. Ninguna palabra con relación a mejorar el sistema tributario que genera ingresos públicos muy por debajo de los estándares regionales y de la OCDE. Nada de planeamiento estratégico, a excepción de lo señalado con relación a la infraestructura; de la necesidad de una economía más competitiva, de reducir las elevadas desigualdades, de mejorar la seguridad alimentaria y energética. Obviamente no se menciona la economía campesina y de otras formas asociativas de producción. La reforma del Estado se limita a más desregulación, a excepción de fortalecer Senasa y Digemid.

Los sectores con propuestas a la medida para favorecer intereses particulares son los de educación superior donde quieren licencias permanentes de la Sunedu para facilitar inversiones (universidades negocio); automotriz donde hay que eliminar el impuesto selectivo al consumo reciente; farmacéutico donde no se dice una sola palabra a favor de los consumidores; de inclusión y protección financiera con propósitos plausibles pero sin examinar los elevados costos de la intermediación financiera y de los seguros. Donde está el mayor contrabando es cuando se habla de las micro, pequeñas y medianas empresas donde se plantea un nuevo régimen laboral con remuneración mínima vital, jornada, vacaciones, sobretiempos, descansos y aportaciones a la seguridad social a la baja. En el capítulo laboral plantean un absurdo subsidio tributario a favor de quienes tienen trabajadores a tiempo indeterminado.

En el capítulo de infraestructura quieren más asociaciones público privadas (APP) en todos los campos a la par que señalan que los riesgos para la corrupción en obra pública son mayores (¿no leen los periódicos?). Subrepticiamente quieren Sedapal, más hospitales y escuelas, olvidando que también se necesitan más recursos públicos para pagar los compromisos presentes y futuros por APP Se contradicen cuando insisten en más planeamiento para la infraestructura, pero a la par más apoyo a las iniciativas privadas cofinanciadas. En minería no hay afectaciones por la menor demanda de materias primas y de sobreproducción que impactan negativamente en los precios internacionales. Tampoco hay problemas ambientales y económicos con el actuar de muchas empresas de ese sector. Se repite que los multiplicadores del empleo por cada empleo directo son fantásticos (o ilusorios): 6.35 empleos indirectos cuando los estándares internacionales son entre 2 y 3.

En hidrocarburos insisten en renegociar todas las regalías a favor del Estado hacia la baja y en pesquería poder operar en las zonas delimitadas para los pescadores artesanales (costa sur). Quieren que se mantengan los subsidios a favor de la agroexportación olvidando que los mayores ingresos para los trabajadores agrícolas se están dando en los independientes y no en los asalariados. Por último, cuando se habla del sistema nacional de pensiones plantean positivamente la necesidad de establecer una pensión mínima y de nuevos competidores en el sistema, pero se olvidan de las reducidas pensiones de los jubilados y de la necesidad de aportes complementarios de las empresas y del Estado. En fin, mucha manga ancha para ellos y poco en beneficio del interés público. No se confundan, el interés privado no conduce necesariamente al bienestar público.

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