Elementos para un nuevo contrato social minero

La construcción de un nuevo contrato social minero o el mayor relativo a la construcción de un nuevo consenso económico, social y ambiental requiere presentar información y argumentos veraces; no manipular información, desinformar y menos descalificar burdamente al adversario. Efectivamente, en algunas negociaciones se utilizan esos instrumentos objetables, pero la urgencia por lograr acuerdos obliga a que se acorten pasos. Asimismo, es probable que la mayor parte de la población reconozca que la minería y los sectores extractivos son relevantes para el país, pero que estas actividades no pueden desarrollarse dañando el ambiente y tampoco teniendo a toda o un segmento de la población regional o local en contra. No se puede hacer minería a la fuerza.

Es innegable que las actividades extractivas generan divisas y valor agregado (especialmente ganancias) que benefician al ámbito nacional, poco al regional y local. El impacto positivo en el empleo es principalmente en la etapa pre operativa y menor en la productiva por la elevada intensidad de capital y especialización; por lo que el cambio de una fase a otra es una fuente de problemas que se enfrenta con la promoción efectiva de articulaciones productivas y de empleo. Al mismo tiempo, hay que reconocer que se pueden generar afectaciones (externalidades negativas) que hay que evitar a toda costa en lo ambiental (agua, relaves y contaminación del agua, suelo, aire y ruidos) y menor captura de emisiones de CO2. En lo económico la lista es larga pero principalmente indirecta: concentración de ingresos y más desigualdad, marginación, elevación de precios en la zona, afecta negativamente la diversificación productiva, entre otros.

Al igual que en lo económico pueden producirse diversas afectaciones sociales y políticas (prostitución, alcoholismo, entre otras) explicadas más por la inserción de grandes inversiones y recursos en una zona generalmente de bajos ingresos o pobre, más que por tratarse de una actividad extractiva. Las comunidades y ONGs deben reconocer que este no es un problema con la minería exclusivamente. A nivel agregado desafortunadamente se puede promover enfermedad holandesa por el gran ingreso de divisas al país y afectar negativamente los precios de las materias primas en el mercado internacional (como ejemplo tenemos lo ocurrido con el precio del cobre entre 2014 y 2016).

Otro tema que sigue abierto es el de las contribuciones fiscales de la minería. Ya hemos presentado evidencia general y por casos donde se demuestra que esta se ha reducido y en algunos casos es negativa. Por ejemplo, la empresa minera de la familia del ex Presidente de la CONFIEP recibió subsidios por US$ 327.2 millones en los últimos cinco años (ver estados financieros). ¿Acaso a las personas naturales nos devuelven el IGV de nuestras compras e inversiones? En 2016 toda la minería recibió más devoluciones que impuestos pagados por S/. 1,581.9 millones (ver SUNAT). Por otra parte, es falso que la devolución general de IGV sea una práctica generalizada en todas partes del mundo. En Colombia, si hay aranceles cero para la importación de bienes de capital, pero la devolución del IVA por importaciones de bienes de capital sólo se produce bajo el Plan Vallejo y Programas especiales de exportación que no se aplican a los sectores extractivos (ver evaluación de política comercial sobre Colombia de la OMC, 2018).
También, con la fuerza de los argumentos, hay que enfrentar la posición de los post extractivistas radicales que no quieren actividad extractiva alguna. La transición productiva no se hace a la fuerza ni importando enfoques de economías desarrolladas, ni de un pasado remoto que no volverá. Hay que preguntarles de ¿dónde saldrán las divisas para la producción y satisfacción de necesidades?, ¿cómo evitar la escasez y mercados negros? Asimismo, ¿cómo van a mejorar en concreto, aquí y ahora, las condiciones vida de los peruanos?

El Acuerdo Nacional puede ser el espacio adecuado para el diálogo por un nuevo contrato social minero. Es imprescindible establecer una tipología de casos de casos problemáticos (con base a la historia) para establecer el diagnóstico adecuado y poder arribar a compromisos concretos y ajustes en las leyes y reglamentos que sean necesarios. Es imprescindible que participen los diferentes niveles de gobierno, los empresarios a través de sus organizaciones gremiales y grupos representativos de la Sociedad Civil (ONGs especializadas e incluyendo a las de pueblos originarios y comunidades especialmente de la Sierra y Amazonía). La tarea es compleja pero posible.

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