Por: Aldo Facho Dede

Red Latinoamericana de Urbanistas www.urbanistas.lat

El problema de fondo es que en nuestro país no existen instrumentos de gestión urbanística que nos permitan avanzar sobre obras primordiales, a la vez que se resuelven los conflictos que las mismas generan.

Recientemente ha vuelto a ser noticia la disputa, que data desde el 2008, entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) por la construcción de un intercambio vial entre las avenidas Universitaria y Venezuela.  Si bien existía un convenio marco que autorizaba la construcción, algunos grupos de alumnos y docentes protestaron enérgicamente por la ejecución del proyecto, lo que ha generado la paralización de las obras hasta la fecha.

La actual gestión edil reactivó las negociaciones con el Rectorado de la universidad con el objetivo de conseguir la modificación del proyecto original para evitar que una de las orejas del intercambio se desarrolle sobre los terrenos de la universidad.  Cuando aparentemente se había llegado a un acuerdo que beneficiaba a ambas partes, otra vez algunos grupos de alumnos se levantaron contra las obras, por lo que impidieron su continuación.

Como es sabido, las ciudades se basan en el concepto aristotélico del “mayor bien”, por medio del cual un grupo social subordina ciertos derechos individuales a las necesidades del colectivo. Esto sucede debido a que dicho grupo social comprende que esa renuncia le concederá futuros y mayores beneficios.  Bajo esa lógica regulamos nuestra conducta en el espacio público y aceptamos las restricciones impuestas por las municipalidades a nuestras posibilidades de construir en nuestros terrenos.  Los mencionados espacios, y los servicios que nos ofrece la ciudad, deben generarse por la cesión obligatoria y gratuita de suelo impuesta a la propiedad privada, lo que garantiza con ello las vías que permiten el libre tránsito, los equipamientos y los espacios públicos.  Ello está claramente señalado en el Artículo N°3 de la Ley N°29090 que regula los procesos de las habilitaciones urbanas.

En la ciudad que comúnmente recorremos, esas cesiones ya han sido hechas. Por eso, contamos con calles, avenidas, parques, colegios, hospitales, etc.  Sin embargo, existen algunos predios dentro de las áreas ya urbanizadas que aún no han cedido lo que les corresponde y esto  genera importantes perjuicios a los ciudadanos en general, pues se impide la conclusión de obras de infraestructura que nos beneficiarían a todos.  Este es el caso de la UNMSM[1], como también lo es el de los predios de la Marina de Guerra del Perú sobre la Av. Venezuela, la Universidad Nacional Agraria de la Molina, el Lima Golf Club (San Isidro)[2], entre otros.  Hasta hace poco, lo era también del Jockey Club del Perú, que paralizó por años las obras del intercambio vial de la Av. El Derby con la Av. Panamericana Sur por su resistencia a habilitar su predio y ceder el área determinada para la ampliación de las mencionadas avenidas.

Los argumentos de los socios del mencionado club eran similares a los de los alumnos de la UNMSM: nos van a quitar terrenos para ampliar vías, vamos a perder áreas verdes, etc. No obstante, la realidad es que ninguno de esos reclamos puede competir con que la ciudad tiene una prioridad mayor que la propiedad individual, en especial cuando se trata de áreas afectadas por el trazado de avenidas que han sido previamente diseñadas en el Plan Vial Metropolitano (Ordenanza 341-MML). Es inconcebible que obras de esa envergadura se paralicen por la falta de solución de este tipo de conflictos y que existan otras que ni siquiera se puedan iniciar por la complejidad de su ejecución.

Durante la gestión del Sr. Castañeda se aprobó una ordenanza diseñada exclusivamente para incentivar la solución de este tipo de conflictos (Ord.2005-MML 2016), la cual redujo al 50% la entrega de aportes a la municipalidad para los predios que entreguen de forma anticipada el suelo correspondiente a la ampliación de avenidas.  Ni con este tipo de incentivos los conflictos se han destrabado, por lo que persisten los intereses individuales a los colectivos.

El problema de fondo es que, en nuestro país, no existen instrumentos de gestión urbanística que nos permitan avanzar sobre obras primordiales, a la vez que se resuelven los conflictos que las mismas generan.  Si bien el Ministerio de Vivienda ha esbozado su necesidad en el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (RATDUS), el Congreso no ha avanzado sobre la discusión de las diversas propuestas de Leyes de Gestión del Suelo. En consecuencia, los municipios no tienen instrumentos legales que avalen sus acciones.  Tampoco se han generado leyes que obliguen a los propietarios de predios dentro de zonas urbanas a habilitarlos y ceder el suelo que la ciudad reclama para la construcción de vías, creación de parques y de equipamientos esenciales (colegios y hospitales).

El reto es muy grande y, como vemos, escapa incluso a nuestros alcaldes, pues demanda mayores acuerdos que debieran involucrar a nuestros legisladores.  Los reclamos legítimos relacionados con un mejor diseño urbano que priorice los espacios para los peatones, cruces seguros y áreas verdes no debieran confundirse con el deber de cualquier propietario en habilitar su predio, y ceder los espacios que la ciudad necesita para poder mantener y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

[1] https://diariocorreo.pe/peru/unmsm-en-busca-de-una-nueva-ciudad-universitaria-694267/

[2] http://msi.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2015/10/PLAN-URBANO-DISTRITAL-DE-SAN-ISIDRO-2012-2022.-Versi%C3%B3n-Final-VIGENTE_compressed.pdf