Planificación estratégica, el reto del Bicentenario

Por: Aldo Facho Dede

En un contexto de inestabilidad y cortoplacismo, ¿cómo hacemos para que la planificación urbana sirva a nuestros políticos para gobernar?

Hace unos días la titular de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, anunció que se incrementará el presupuesto del Programa de Incentivos Municipales para el 2020[1]. Esta importante noticia venía acompañada de un conjunto de medidas para acelerar la ejecución de los presupuestos por parte de los gobiernos municipales, debido a la pobre inversión en lo que va del presente año[2].

Sin embargo, existe el riesgo de que, por cumplir con las metas, se gaste el dinero de forma poco eficiente.  En esa línea, Patricia Benavente, ex presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), publicó esta semana en Hacer Perú el artículo “Destrabe Conceptual”.

Pero también es cierto que, como bien ha señalado Carolina Trivelli en su artículo publicado en El Comercio “Salida permanente de la pobreza”, nuestras ciudades necesitan inversiones que permitan a las personas superar definitivamente las condiciones de pobreza, para lo cual se debe asegurar el acceso a servicios públicos y privados de calidad (educación, salud, transporte, etc.).

También está claro que reducir brechas en infraestructura demandaría años de inversiones estructurales, y seguramente muchos más recursos que los ordinarios. Entonces, ¿cómo se explica que a la fecha existan municipios que hayan ejecutado menos del 50% de su presupuesto? No existe una única explicación, pero en este artículo me gustaría centrarme en una: la falta de un marco de planificación estratégica que nos permita identificar la inversión en infraestructura urbana que nuestras ciudades necesitan para garantizar el bienestar de sus ciudadanos.

En nuestro país, cerca del 80% de los municipios no cuenta con Planes de Desarrollo Urbano[3], los cuales, entre otras importantes funciones, sirven para identificar y priorizar proyectos de inversión pública y de inversión privada en base a un diagnóstico urbano integral.

Esta alarmante cifra pone en evidencia el escepticismo de nuestras autoridades sobre la utilidad de los planes de desarrollo urbano. Porque para planificar se necesitan consensos y cierta continuidad de políticas. Pero como sabemos, nuestras instituciones públicas vuelven a cero cada vez que cambian las autoridades.

En ese contexto de inestabilidad y cortoplacismo, pareciera que invertir en planificación es un lujo de otras realidades, y que para la nuestra lo que realmente importa son “obras y no palabras”, es decir, proyectos de corto plazo que permitan demostrar la capacidad de gestión de las autoridades de turno.

Es lógico, pues en gestiones de cuatro años lo que no se genere como expediente de obra en los primeros dos años, es muy difícil que pueda ejecutarse dentro de ese período.  Siendo así, ¿cómo hacemos para que la planificación urbana sirva a nuestros políticos para gobernar?

Primero que nada, la Planificación debería ser la proyección de los consensos entre el Estado, la sociedad empresarial y la sociedad civil sobre el modelo de ciudad que se busque construir.  Dichos consensos debieran estar reflejados en la visión y los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado, base conceptual para el Plan Urbano.

Segundo. El Plan debe ser estratégico y adaptativo, es decir, tener claramente identificados los proyectos que deben detonar los cambios que se buscan generar con el Plan, así como los mecanismos normativos que permitan acompañar la evolución de la ciudad y de sus normas.  Y la ciudad debiera contemplar el ajuste de sus instrumentos regulatorios luego de un plazo de evaluación en el cual se mida el impacto real en la generación de bienestar.

Tercero. El Plan debe ser la base para cualquier proyecto de inversión pública y privada.  No deberían admitirse expedientes de pre-inversión o iniciativas privadas cuyas obras no hayan sido previamente identificadas y priorizadas en el marco del Plan Urbano, hecho que debería ser suficiente para justificar su viabilidad técnica.

Cuarto. Debemos reglamentar e implementar instrumentos de financiamiento urbano contemplados en la legislación vigente como la “contribución especial por obra pública”, que permiten la generación de recursos desde la identificación de los propietarios que serán beneficiados por la misma. Este punto es muy importante porque permite a los municipios ampliar su capacidad de generar bienestar mediante la obra pública y repartir de forma justa los costos de la misma.

En síntesis, el panorama actual pone en evidencia la necesidad de revisar la finalidad y funcionalidad de los Planes de Desarrollo Urbano, para que los gobiernos municipales puedan aprovecharlos de forma estratégica en la generación de bienestar de sus ciudadanos.

El Ministerio de Vivienda, que es quien reglamenta los contenidos del Plan, debería acompañar su implementación y formar a los técnicos y políticos que los elaboren e implementen, como sucedía décadas atrás con el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano (INADUR).  También debería proponer los reglamentos para los instrumentos de financiación urbanística, que permitan multiplicar la capacidad de los municipios de generar bienestar mediante la obra pública.

El Ministerio de Economía, por su parte, debería exigir de forma fáctica un marco de planificación estratégica que sustente los proyectos de inversión presentados por los municipios.

Con la suma de lo anteriormente expuesto, en vez de estar diseñando mecanismos de excepción para que se gasten los recursos del Estado, estaríamos diseñando las ciudades que necesitamos para garantizar el desarrollo y bienestar de nuestros ciudadanos.

Otro país es posible. Depende de nosotros asumir los retos que ello demanda. Qué mejor escenario que el Bicentenario como hito histórico para empezar a realizarlo.

[1] https://gestion.pe/economia/mef-incrementara-presupuesto-del-programa-de-incentivos-municipales-a-s-800-millones-en-2020-maria-antonieta-alva-noticia/

[2] https://diariocorreo.pe/edicion/piura/autoridades-no-gastan-ni-el-50-de-dinero-en-obras-914861/

[3] https://larepublica.pe/sociedad/1107668-coer-el-80-de-los-municipios-no-cuenta-con-plan-de-desarrollo-urbano/

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