Por: Carlos Alberto Fernández Dávila

Red Latinoamericana de Urbanistas www.urbanistas.lat

Es de vital importancia que el nuevo Plan de Desarrollo Urbano no solo “rescate” el contenido del PLAM 2035, sino que también cuente con la participación de la sociedad civil para su formulación.

Hace unas semanas, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) presentó al Consejo Consultivo del Plan de Desarrollo Metropolitano 2021-2040 y anunció que se viene trabajando en la actualización de este importante instrumento.

Este es un anuncio de gran relevancia si consideramos que la última versión del plan fue aprobada hace treinta años y que en el Perú la planificación urbana no es una práctica usual. Los gobiernos locales tratan de implementar, sobre la marcha, planes, programas y proyectos basados en la “intuición” del líder de turno, quien considera que dichas acciones ayudarán, supuestamente, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Este nivel de improvisación arrastra diversas consecuencias negativas; la principal es que las inversiones públicas no tienen el efecto deseable.

Por ello, es de vital importancia para la ciudad que la actual gestión edil de Lima haya asumido el reto de continuar con la labor iniciada durante la gestión de la alcaldesa Villarán (2011-2014) con la elaboración del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao al 2035 – PLAM 2035.  En ese sentido, el alcalde Muñoz ha sido claro en manifestar que dicho esfuerzo será “rescatado” para la elaboración del nuevo instrumento.

A pesar de lo anterior, y dado el explicable escepticismo que surge ante el anuncio de un instrumento de esta naturaleza y magnitud, es necesario que se precisen algunos aspectos del proceso.

En primer lugar, y dado que para realizar un Plan de Desarrollo Urbano es necesario contar con un “equipo redactor polivalente”, una primera pregunta es si el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP), entidad que debiera ser quien lo formule, cuenta con las capacidades necesarias para ejecutar dicho encargo. Ello, porque es conocido que, a pesar del enorme esfuerzo que realiza su exiguo número de funcionarios, a duras penas pueden cumplir decorosamente con sus tareas cotidianas. De no ser el IMP quien lo formule, se debería informar entonces qué entidad de la MML tendrá a su cargo dicha tarea, y si esta cuenta con la delegación de facultades y capacidades necesarias.

En segundo lugar, tendría que precisarse en qué medida se espera “rescatar” el contenido del PLAM 2035. Dicho documento, que fue resultado de una ardua tarea y costó mucho esfuerzo y dinero a la MML, no llegó a ser aprobado en la gestión Villarán y tampoco durante la gestión Castañeda. Sobre el particular, cabe recordar que, a finales de esta última gestión, se realizó una consultoría para “revisarlo y evaluarlo” y, por tanto, esta última versión debería ser tomada en cuenta como parte del “rescate” de dicho plan.

En tercer lugar, debería precisarse si se tomarán en consideración los Reajustes Integrales de Zonificación (RIZ) elaborados y presentados por diversos municipios distritales ante la MML. Dado que estos RIZ expresan la voluntad de los municipios distritales de la metrópoli en relación con las calificaciones de uso, así como sus intensidades en el suelo urbano de su jurisdicción, no tomarlos en consideración podría producir graves tensiones con algunas de las autoridades distritales en ejercicio.

En cuarto lugar, debería precisarse cómo se piensa hacer que participe la sociedad civil en la formulación de este instrumento. Este aspecto es sumamente importante, ya que ya se cuenta con un Plan de Desarrollo Metropolitano Concertado, debidamente aprobado y promulgado, el cual sí fue elaborado sobre la base de una amplia participación ciudadana.

En quinto lugar, y en relación al Consejo Consultivo recientemente instalado, debería precisarse qué se espera de dicho grupo de destacados profesionales. Un cuerpo de esta naturaleza se crea con fines específicos y, por ende, deben establecerse los procedimientos adecuados para lograr el apoyo necesario en la formulación del plan. Por el contrario, será poco probable que su colaboración sea eficaz. Tal vez sería mejor considerarlos como un grupo consultivo más que como un consejo que debiera operar como un cuerpo colegiado.

En sexto lugar, sería recomendable que la MML haga un balance de lo invertido a la fecha en la formulación de este instrumento, desde la gestión Villarán. Este balance debería incluir un presupuesto estimado para la tarea que ha iniciado. Será una manera de tomar conciencia de la magnitud del esfuerzo y evitar duplicar gastos o tareas ya ejecutadas. Además, sería muy importante medir y transparentar estos gastos, especialmente en relación con la eficacia de las consultorías contratadas y por contratar, cuyo costo lo asumimos todos los ciudadanos.

Finalmente, sería importante que se haga una evaluación social, económica y ambiental de lo que le ha significado a la ciudadanía en su conjunto estar casi veinte años con un instrumento caduco, y sin una revisión integral de la zonificación y los usos del suelo de la metrópoli.  Es evidente que la forma cómo se ha venido ajustando estos instrumentos, mediante cambios de zonificación puntales, no ha coadyuvado en procurar el beneficio integral de los limeños. La zonificación debería ser consecuencia de una visión integral de desarrollo de los ciudadanos que involucre los aspectos de estructura urbana, movilidad, usos de suelo y, sobre todo, la búsqueda del equilibrio ambiental. Deberíamos aprender de esta experiencia y colaborar para que el instrumento que se está gestando nos permita, como sociedad, avanzar hacia el desarrollo de la ciudad.