Natalia Guerra-García, alumna de Economía de la Universidad del Pacífico

En el Perú, los datos más completos sobre la capacidad de atender a los pacientes de coronavirus en estado crítico se publicaron el día 20 de abril por el Ministerio de Salud (MINSA). Estos datos reflejaron la realidad de la situación de las regiones, considerando que cada día continúan aumentando los casos de COVID-19 acompañados del aumento de las pruebas tomadas, y que se estima que aún no hemos llegado al pico de hospitalizados en camas UCI.

De las 525 camas UCI con ventilación mecánica registradas como disponibles solo para los pacientes de coronavirus, al 20 de abril, el 73.3% (385) se encontraban ocupadas. De las 140 disponibles, 61 estaban en Lima y 79 repartidas entre el resto de los 23 departamentos del Perú. Los datos más alarmantes del informe del MINSA fueron aquellos del total de camas UCI en Amazonas, Tumbes y Loreto. En Amazonas y en Tumbes se registraron cero camas UCI, aunque se aclaró que en Tumbes habría 7 pero faltaría actualizar la cifra, y en Loreto, tercera región con más casos de coronavirus confirmados al 22 de abril, solo se registraron 5 y todas estaban ocupadas. En Lambayeque, segunda región con mayor cantidad de casos, y en Piura, cuarta, se registraron solo 7 y 25 camas UCI respectivamente. En el caso de Piura 15 ya estaban ocupadas (MINSA, 2020).

No sorprende que nos encontremos en una situación tan deficiente. Esta es resultado de un manejo deficiente de los recursos estatales en salud y en agua y saneamiento, y de un sistema de salud pública que ya cojeaba sin pandemia alguna, en especial en las regiones del Perú.

El paso a paso para el correcto lavado de manos ha invadido las redes sociales y los medios de comunicación, y el agua y jabón son símbolos de prevención. Sin embargo, aunque el acceso a agua segura (sin sustancias tóxicas ni gérmenes) debería ser un servicio de lo más básico, en las regiones es realmente escaso. Según el INEI (ENAHO 2018), el porcentaje de hogares con acceso al abastecimiento de agua segura en Loreto, por ejemplo, es de 11.7%, en Lambayeque 14.6%, en Piura 19.9% y en Tumbes 25.9%. Es decir, desde el paso uno que es la precaución, estas regiones ya se encontraban en desventaja frente al resto del país, que tiene un promedio nacional de 35.1% de hogares con acceso a agua segura. Es más, esta brecha no solo afecta ahora con el COVID-19, sino siempre ha puesto en riesgo a la población de contraer otras enfermedades transmitidas por el agua.

Respecto a  la capacidad de los servicios de salud,  en departamentos como Loreto, el sector salud se enfrenta desde hace años a enfermedades tropicales tales como el dengue y la malaria. Los casos de malaria en el año 2018 en Loreto alcanzaron la cifra de 4109 casos. En el 2019, además, se tuvo 2663 casos de dengue, 2 veces más que en el 2018. Los establecimientos de salud (EESS) así como el personal, constantemente se han encontrado saturados por la demanda de atención de pacientes con estas enfermedades. En otras palabras, a la llegada del Coronavirus, regiones que en estos momentos son de las más afectadas ya contaban con menos espacio en los EESS y una menor cantidad de personal de salud disponible que se pudiera dedicar solo a enfrentar al nuevo virus y a atender los nuevos casos.

Otro obstáculo es la infraestructura en sí de los EESS. A causa del fenómeno del Niño Costero del 2017, Lambayeque fue el cuarto departamento con mayor cantidad de EESS dañados (85) (SINPAD/COED/INDECI, 2019). Hoy es el tercer departamento con más casos de Coronavirus, con un 11.23% de letalidad, la tasa más alta en Perú (MINSA, 2020). Esto parece no ser coincidencia, ya que al primer trimestre del 2018, el informe más reciente de la Autoridad Nacional para la Reconstrucción con Cambios no registraba intervenciones iniciadas para la mejora de los EESS de ninguno de los departamentos en los que se vieron afectados (ARCC, 2018). ¿Cómo se puede enfrentar con eficacia una pandemia teniendo hospitales ya dañados por otro tipo de fenómenos? Además, respecto al equipamiento, cuya escasez tanto preocupa ahora, resulta que siempre debió haber preocupado. En el 2018, Lambayeque tenía 15.6 camas por cada 10,000 habitantes y Loreto, 10.3 (MINSA, 2019). Ahora se está haciendo el mayor esfuerzo posible para conseguir camas hospitalarias y de UCI, pero resulta que la brecha siempre existió y que el problema solo se ha venido arrastrando.

El poder de un país se encuentra en la fortaleza de sus instituciones y en su capacidad de proveer a su población de servicios públicos de calidad de la manera más equitativa posible. Necesitamos un sistema de salud articulado, en el cual se pueda satisfacer la demanda de medicamentos y necesidades del pacientes a través de sistemas de información integrados, capacidad infraestructural y personal de salud capacitado. Esto, no solo para enfrentar enfermedades a nivel del Coronavirus, sino el resto que desde siempre hemos debido enfrentar con el mismo apremio. Debemos gestionar proyectos de inversión en agua y saneamiento de manera urgente, para abastecer con agua segura a todo el Perú, en especial porque el agua contaminada transmite enfermedades que podrían ser fácilmente prevenidas. La presión bajo la que nos ha puesto esta pandemia ha demostrado que el Estado tenía los recursos monetarios necesarios y que podía gestionar de manera rápida y urgente. Siempre fue urgente una mejora integral del sector salud, en especial en las regiones, no solo ahora y no solo a la luz del COVID-19.