Compliance, también conocido como cumplimiento normativo, corporate compliance o simplemente cumplimiento es el conjunto de normas, prácticas, políticas y procedimientos que adoptan las organizaciones con el fin de identificar los riesgos relacionados con aspectos legales, operativos u otros, que pudieran afectarlos y, de esta manera, prevenirlos y actuar en consecuencia.

El origen del compliance se da en los países anglosajones donde el desarrollo industrial y comercial demanda ampliar los mercados e ir más allá de sus fronteras. En esta expansión, las interacciones y relacionamientos comerciales se potencian y, dada la competencia, comienzan a surgir o, mejor dicho, “normalizarse” malas prácticas comerciales como sobornos, concertación de precios, entre otros, porque éstas siempre existieron.

Un hito muy importante en la adopción del Compliance es la promulgación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1977, la cual busca evitar y/o penalizar los actos de soborno y corrupción por parte de las empresas estadounidenses incluyendo a sus subsidiarias. A esta ley le siguieron una sería de normativas a nivel mundial, y el Perú no fue ajeno a ello, promulgándose en el año 2014 la Ley 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional junto con demás normas vigentes relacionadas.

¿Cómo detectar, prevenir y mitigar el fraude interno durante la crisis actual?

En tiempos de crisis, cualquiera sea su origen, los casos de fraude interno aumentan por lo que las empresas deben prepararse y protegerse contra esta amenaza. La actualización de sus programas de evaluación del riesgo de fraude, así como el reforzamiento de sus controles internos para hacer frente a los factores de riesgo nuevos o ampliados (como la pandemia en estos tiempos); permiten una mayor efectividad en los tiempos de respuesta y una menor demanda de recursos financieros en la solución de los eventos o potenciales eventos que afecten los objetivos organizacionales.

La naturaleza del fraude está determinada por el contexto y el tipo de crisis por la que atraviesa la organización. Éstas podrían ser una presión agresiva a los equipos de ventas para cumplir con los presupuestos, incremento artificial de valoraciones, manipulación de estados financieros, etc.; no siendo extraño que estos fraudes sean perpetrados por uno o más ejecutivos, en connivencia con otros actores internos, desde vendedores hasta miembros del equipo de finanzas y contabilidad; y externos en otros casos.

En la gran recesión de 2007-2009, la encuesta mundial sobre delitos económicos de PwC registró un fuerte aumento en el fraude contable. Cuatro de cada diez encuestados declarando explícitamente que el riesgo de fraude había aumentado debido a la recesión. Los encuestados señalaron que “los objetivos financieros son más difíciles de alcanzar” y “la alta dirección desea informar sobre el nivel deseado de rendimiento financiero”.

Al respecto, una pronta respuesta e investigación para descubrir un fraude puede prevenir una escalada de consecuencias funestas. Con los pasos correctos, las empresas que experimentan fraudes al interior de sus organizaciones pueden resolver las incertidumbres de los asuntos penales, regulatorios y civiles de manera expedita, y así proteger el valor para los accionistas.

¿Por qué hay que estar en alerta máxima por fraude interno?

En esto momentos de pandemia mundial, las oportunidades de fraude abundan. Es posible que los controles en los procesos existentes no funcionen según lo diseñado debido al trabajo remoto o que muchos procesos alternativos creados recientemente estén fuera de control o administrados de manera inadecuada. Es en este contexto, en donde las presiones se intensifican a medida que el COVID-19 afecta a la economía, las empresas en dificultades financieras pueden verse tentadas a manipular sus estados financieros para apuntalar las valoraciones o mantener el acceso a los mercados de capital o verse presionadas a realizar sobornos para acceder a recursos limitados, obtención de contrato, adquisición o venta de materias primas, incumplimiento de normas laborales etc.

Las presiones financieras y de liquidez pueden llevar a los líderes a “racionalizar” las medidas fraudulentas para continuar pagando a sus colaboradores, o simplemente permanecer en el negocio, con una visión de corto plazo dejando de lado la sostenibilidad del negocio en el largo plazo; de ahí que se justifiquen ciertas acciones para “salvar la empresa” o la apropiación indebida de activos como una solución a corto plazo de necesidades de efectivo; configurado el famoso triángulo del fraude.

En ese sentido, los siguientes pasos deberían tomarse en cuenta a fin de detener o mitigar los riesgos de fraude interno:

1. Actualizar la evaluación de riesgo de fraude e incorporar nuevos factores que surgen de la crisis de COVID-19
2. Identificar, clasificar y abordar los riesgos
3. Actualizar los controles, políticas y procedimientos internos
4. Comunicar e involucrar en el negocio, al comité de auditoría y a los auditores
5. Investigar los incidentes de fraude interno con prontitud
6. Informar temprano

Los tiempos actuales, agobiados por la crisis sanitaria, demandan cambios drásticos, una nueva gestión integral de prevención de fraude que sea efectiva y eficiente, sustentada en un adecuado soporte tecnológico y el concurso de administradores de riesgos con habilidades digitales. ¿Los tenemos? Si la respuesta es negativa entonces recordemos a Alvin Toffler “El cambio no solamente es necesario en la vida, es la vida misma”.