Todo se sabe, tarde o temprano, todo se sabe.
Ayer la Fiscal Sandra Castro reconoció haberse reunido con el ex Presidente Martín Vizcarra para solicitarle protección porque tenía miedo respecto de su seguridad personal. Miedo porque se estaba enfrentando, presuntamente, a una gran mafia a la que se encontraba investigando en el denominado caso “cuellos blancos del puerto”.
¿Por qué no acudió a la cabeza de su institución? Aunque la respuesta obvia hoy -Chavarry, investigado en ese caso, era Fiscal de la Nación- no deja de evidenciar algo que a estas alturas ya podemos afirmar con cierta contundencia: no hay institucionalidad en la Fiscalía, y también no hay institucionalidad en el sistema de justicia.
Recordemos, nuevamente en retrospectiva, que el 08 de enero de 2019, la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, en auspiciosa conferencia de prensa, declaró en emergencia al Ministerio Público para “recuperar la confianza de la ciudadanía”. Excelente anuncio en el momento, poco avance en la actualidad.
Pasado, presente y futuro de una institución feble, con poco crédito ciudadano, con idas y vueltas. Así funciona la justicia en el Perú. Así son las cosas pues como diría un médico hoy tristemente célebre.
Una institución debe de marchar más allá de las personas, a pesar de estar compuesta de personas. En el caso, si Chavarry era sospechoso de un hecho que las Fiscales investigaban, debía existir la suficiente gobernanza, sobriedad y objetividad para que el caso no se detenga y que las Fiscales tengan la seguridad correspondiente. Si el Fiscal de la Nación es el único que podía solucionar eso, entonces no hay institución (hay feudo). Las instituciones funcionan solas empujadas por las personas que las componen. Nadie es indispensable. Nadie puede irrogarse la institución.
La confesión de la Fiscal Sandra Castro no es menor, acudió a quien luego sería uno de los principales investigados por otros casos de corrupción. Y no solamente eso, se “saltaron” la institucionalidad porque -precisamente- esta no existe.
Sí, claro, podría decirse que acudieron al señor Vizcarra por ser cabeza del ejecutivo que tiene a su mando el sector interior que a su vez era el único que podría darles la seguridad personal requerida. Sí seguro hay cierta explicación en esa conducta, aderezada también por la emoción (miedo) que se adueñaba de sus acciones. Mas lo sucedido deja en claro que, precisamente no hubo nunca un manejo institucional. Se entiende equivocadamente que la Fiscal es la patrona de la Fiscalía y que el Presidente lo es del país. Son personas, no instituciones.
Y también saltan bastantes dudas respecto a la transparencia del actuar de las fiscales, insumo elemental del funcionario público: ¿por qué acudieron a la casa del Presidente y no gestaron una cita formal? ¿por qué recién se sabe esto hoy?
La señora Castro sucumbió a sus miedos y manchó con ello una investigación icónica. Tal cual como sucedió con la señora Mazzetti al reconocer haberse vacunado clandestinamente (manchó su trayectoria como funcionaria). Todos podemos experimentar miedos, qué duda cabe de eso. Fatalmente cuando se forma parte de la función pública la persona se entrega al Estado y deja de ser ella, para convertirse en la cara de una institución, cosa que también acontece con los privados, por cierto. Si existe institucionalidad no hay riesgos, esa es la diferencia.
Esto no debió haber ocurrido y pasó. Lo del caso “vacunagate” tampoco debió suceder y tuvo lugar. La pregunta del millón es: ¿qué haremos para forjar institucionalidad dentro de la justicia? Claramente el sistema no quiere hacer mucho. “Desde fuera” los candidatos tampoco dicen algo relevante (solo plantean “parches”). El futuro así no es muy promisorio y más bien genera miedo.
Lima, 23 de febrero de 2021
Eduardo Herrera Velarde.
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