¿Nueva economía colaborativa?

Es el calificativo que muchos le asignan a las numerosas plataformas digitales creadas para la prestación de servicios tales como Uber, Glovo, Rappi, Cabify, Deliveroo, Airbnb, entre otras. Es un error, ya que todas son dirigidas desde empresas con fines de lucro. No hay colaboración ni intercambio desinteresado; ni trato igualitario entre pares. Se trata de una operación de mercado que responde a una necesidad real y en gran parte auto promovida bajo una serie de características operativas y tecnológicas determinadas. Efectivamente, contribuyen a generar algo de empleo adicional precario, pero a costa de afectar la actividad y el empleo regulado. La desaparición de taxis formales es una realidad que estamos viendo ya en las calles de Lima. Las nuevas plataformas implican prácticas laborales y fiscales perniciosas, a la par que no se trata de empresas socialmente responsables (ESR). La generación de mayor valor agregado e impactos macroeconómicos son también discutibles.

Hay que reconocer que algunas de estas plataformas son útiles para la generación de trabajo a inmigrantes, ingresos extras para hogares y su flexibilidad permite que muchas personas se ajusten a estas. Sin embargo, de ahí a que sus prestadores sean emprendedores o microempresarios hay un gran salto. Scasserra (2019) señala que estas empresas imponen las reglas en el mercado como las formas y tiempo de pago, las condiciones de búsqueda, la forma de entrega, estándares de calidad, los montos de cobro, las políticas de descuento, entre otras. Asimismo, tienen la potestad para promover, sancionar y desvincular a sus “colaboradores” de manera arbitraria y unilateral. Se trata de trabajadores en dependencia encubierta que deberían estar protegidos por las leyes laborales del país que corresponda.

Se genera valor agregado por el servicio, pero habría que estudiar si este aumenta el de la sociedad o es una simple transferencia de otros componentes de la cadena del bien o servicio integrado. Se trata de empresas modernas, pero ¿son acaso socialmente responsables? Al eludir su responsabilidad laboral y fiscal, al estar totalmente desreguladas, al no proporcionar información suficiente al consumidor e ignorar los impactos de su accionar sobre el entorno (por ejemplo, en condiciones de seguridad, tránsito y calidad de vida de los vecinos de las viviendas sujetas a alquiler temporal) definitivamente no son ESR. ¿Ese es el tipo de empresas que deseamos para el futuro?

Es hora de revisar el impuesto sobre servicios digitales (“Tasa Google”) que se acaba de establecer en España, a la par de las regulaciones a las Licencias de vehículo con conductor en Madrid. Analizar y acriollar las normas y prácticas para regular las viviendas de alquiler temporal de los principales ayuntamientos de ese país. Se debe evitar la competencia desleal de las plataformas digitales a la par que se mejora la regulación de los servicios prestados de manera tradicional. Hay que impulsar la formación de plataformas digitales bajo la modalidad empresarial de cooperativas, no de empresas con fines de lucro, como respuesta a la extrema dificultad de lograr la sindicalización de sus trabajadores de estas plataformas. Scasserra nos recuerda el caso de CoopCycle que es una cooperativa de ciclistas repartidores. Hay que actuar antes que sea demasiado tarde.

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