Llamó la atención el editorial del decano de la prensa nacional sobre la necesidad de construir un nuevo contrato social minero la semana pasada. El tema es relevante. No sólo se trata de poder aprovechar nuestras riquezas mineras en armonía con la sociedad y el ambiente, sino que serviría para evitar los conflictos que se producen periódicamente con la inversión extractiva. En la propuesta hay algunas ideas interesantes, pero faltan muchos otros elementos específicos. Por otra parte, esta iniciativa resulta útil ya que se enmarca dentro de otra mayor imprescindible orientada a construir un nuevo consenso económico, social y ambiental, como base de un proyecto nacional, que permita romper el equilibrio precario en que nos encontramos desde décadas atrás. Es urgente que los diferentes actores sociales nos pongamos de acuerdo por el bien de todos. La tarea es titánica. Su posterior concreción en algunos cambios constitucionales y en leyes específicas es el siguiente paso.

En positivo se propone que las actividades extractivas deben promover el desarrollo de cadenas productivas locales; el chorreo no es suficiente. También nos gustó, debido a la desconfianza de la sociedad con la fiscalización desde los diferentes niveles de gobierno, establecer sistemas de monitoreo participativo y de comunicación permanente que respeten las preocupaciones locales. Nos pareció inadecuado proponer restablecer esquemas como el óbolo minero que deducía de las regalías mineras las aportaciones a infraestructura y programas con impactos en su zona de influencia. Estas contribuciones empresariales son clave, pero son propias y naturales en todas las empresas que se autocalifican como responsables socialmente o que pretenden crear valor compartido. No se debe erosionar aún más las reducidas aportaciones fiscales netas de los sectores extractivos.

También habría que discutir como redistribuir los ingresos fiscales de las actividades extractivas que integran el canon. Se debe balancear su distribución entre satisfacer las necesidades básicas de toda la población ubicada en localidades específicas y los recursos que se asignan a las regiones y localidades donde se ubican los yacimientos. Los recursos del subsuelo son de todos los peruanos, no sólo de quienes están encima o cerca de estos. En esa dirección hay que desechar iniciativas como las relativas a que el propietario del suelo sea dueño del contenido del subsuelo, u otras que se eluden fácilmente en la práctica como otorgar a las comunidades aledañas un porcentaje del capital social de la empresa extractiva. Los conflictos socio ambientales no sólo son con quienes están encima o alrededor del yacimiento. Un instrumento a desarrollar es realizar estudios beneficio/costos (y realizar las transferencias necesarias) de forma tal que el balance generalmente positivo de un proyecto extractivo a nivel nacional tenga su contrapartida a nivel regional y local.

Cada proyecto extractivo es único; tienen aristas y facetas diferenciadas que dan origen a conflictos. Conga, Las Bambas, Tía María y Quellaveco tiene en común las protestas sociales, pero responden a condiciones particulares. La inadecuada trayectoria de la empresa conductora del proyecto Tía María en México y Perú es un lastre pesado que no se resuelve con desarrollar algunos proyectos sociales específicos. Los cambios en el proyecto en Las Bambas y no haber cumplido con todas las fases que corresponden son gran parte del problema. Por otra parte, hay un tema común relativo a la necesidad de mejorar la institucionalidad ambiental.

Los estudios de impacto ambiental (EIA) no deben ser contratados directamente por la empresa extractiva particular ya que hay una relación vertical de subordinación. Lo deben ser a través de un fideicomiso que reciba los recursos, seleccione y supervise a la empresa consultora ejecutora del mismo. Hay que contemplar la realización de estudios ambientales estratégicos (EAE) para regiones y zonas que están impactadas con muchos proyectos. Asimismo, en el proceso de evaluación y aprobación en el SENACE, el gobierno regional y local respectivo deben tener voz y voto fundado; todo dentro de un periodo razonable de tiempo. Hay que darle espacio al ordenamiento territorial, cuando este exista, aunque tampoco es un mandamiento irrevocable. Es vital mejorar los procesos de consulta previa en su fase preparatoria y de participación ciudadana con la voz de todas las partes. La transparencia y rendición de cuentas es esencial en todas las etapas. Hay que erradicar toda forma de violencia y de imposición vertical. Se debe promover toda la actividad extractiva que admita el medio ambiente en perspectiva de corto, mediano y largo plazo que quieran los ciudadanos.

Este nuevo contrato social minero es parte de otro más importante económico, social y ambiental donde todos tengamos un espacio y podamos construir un proyecto común. No es una utopía. En la edad de oro del capitalismo entre los años cincuenta y mediados de los setentas lo tuvimos tanto a nivel internacional como local. No sólo los empresarios y emprendedores importan. Hay que retomar lo que sea relevante de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, de la Comisión Económica para América Latina y del Desarrollismo. Los trabajadores y nuestras remuneraciones son parte clave de este proyecto; se debe procurar un nuevo balance entre capital y trabajo. Ahora es imprescindible incorporar también el componente ambiental. La tarea es difícil, pero hay que hacerla.