Antes del referéndum chileno se proyectaba que la mayoría de los electores apoyarían la elaboración de una nueva Constitución Política (CP). Sin embargo, pocos acertaron en términos de que el 78% votaría por esta opción. Asimismo, que decidieran que esta nueva constitución sea realizada por una Convención Constitucional y no por una mixta que incluiría a congresistas regulares. Se trata de una sorpresa agradable no solo para Chile sino para toda América Latina, quizás para el mundo. La posibilidad del consenso existe. También llamó la atención los resultados de la elección presidencial en Bolivia donde una clara mayoría votó a favor del MAS. Ojalá que estos procesos lleguen a buen término por el bien de sus ciudadanos.

Frente a esa mayoría y casi consenso nacional obtenido en esas votaciones, en el Perú domina la dispersión y fragmentación, precipitándonos hacia la ingobernabilidad; es una realidad lamentable que está presente en muchos frentes como el proceso electoral de 2021. Somos una nación en proceso de construcción sin proyecto nacional, ni visión común. La visión es la concreción sintética de un proyecto nacional o de patria. En el Perú de hoy no existe proyecto colectivo que de espacio a todos e incorpore armoniosamente las percepciones diferentes fruto de una realidad compleja y multicultural.

Es interesante anotar que los grupos conservadores en Chile, que estaban en contra de una nueva constitución, han realizado propuestas concretas para cambiarla. Mientras que para los grupos de poder económico y mediático del Perú es impensable alteración alguna; hasta son recelosos de las modificaciones en la esfera política. Se olvidan qué el mundo se está transformando, más aún con la actual pandemia del covid-19. La semana pasada recordábamos que en el escenario base del análisis prospectivo internacional muchos están reconsiderando todo, desde el significado del trabajo hasta el propósito de la educación y las prioridades en la vida.

Propuestas de cambio: Centro
A mediados de setiembre de 2020 el diario La Tercera de Chile consultó a cinco centros de pensamiento sobre que se debe mantener y que se debe cambiar de la CP actual. Estos cinco centros reflejan, según el periódico, gran parte del espectro político del país que apoyan o rechazan la nueva constitución.

Idea país, fundado en 2010 por un grupo de universitarios desde los principios de la doctrina social de la Iglesia, plantea mantener las bases de la institucionalidad y el principio de servicialidad del Estado; y la presidencialidad que se encuentra inserta en la cultura política del país. Dentro de los cambios se propone incorporar la solidaridad como principio en el rol del Estado, para así pasar entenderlo como un Estado solidario, cuya tarea principal sea el fortalecimiento del tejido social, la propensión a cumplir deberes públicos y una opción preferencial por el más vulnerable. Asimismo, incorporar tanto metas solidarias respecto de los derechos sociales, económicos y culturales; como agregar mecanismos que permitan mayor cooperación, en vez de contrapeso, entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Para el Centro Democracia y Comunidad vinculado a la Democracia Cristiana hay que mantener los derechos civiles y políticos, el recurso de protección; el régimen de probidad y transparencia, la autonomía del Banco Central; el deber de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos humanos garantizados no solo por la CP, sino también por los tratados internacionales que se encuentren vigentes.

En este centro de pensamiento son muy claros en que se debe poner fin a la constitucionalización de aspectos neoliberales del orden público económico. Deben fortalecerse los derechos económicos, sociales y culturales y declarar que Chile es un Estado social y democrático de derecho con plena vigencia del principio de solidaridad. En cuanto al régimen político se propone terminar con el hiperpresidencialismo y equilibrar atribuciones entre el presidente y congreso; la eliminación de quórums supra mayoritarios para la creación de leyes y del control constitucional preventivo del Tribunal Constitucional. Asimismo, pretenden una efectiva regionalización y descentralización; el reconocimiento de los pueblos originarios, el establecimiento de igualdad de derechos sustantiva entre hombres y mujeres y promover la más amplia participación ciudadana.

Visión del progresismo
En el caso de Chile 21, centro de pensamiento ligado al progresismo presidido hasta el 2000 por el expresidente Lagos se propone mantener la consagración de todos los derechos fundamentales ligados a la protección de la vida privada y la libertad de expresión. Asimismo, consolidar el derecho a la información pública, la solución pacífica de las controversias en temas internacionales y mantener autonomías constitucionales tales como la Contraloría General de la República.

En términos de los nuevos temas se plantea incorporar al agua como bien nacional de uso público, la prioridad del consumo humano y de su rol como soporte de los ecosistemas. Se propone revisar el rango de ley orgánica constitucional que rige a los carabineros, al ser un obstáculo para el control civil. El reconocimiento del Estado plurinacional y de la iniciativa popular para promover leyes. Como un tema importante también para el Perú se propone el fin del principio de subsidiariedad. Un asunto novedoso consiste en establecer la categoría de neuroderechos para ordenar y regular los avances de la inteligencia artificial.

En el caso de la Fundación Nodo XXI vinculada al Frente Amplio, muy activa en tratar de canalizar las protestas sociales del octubre de 2019, se propuso también eliminar el principio de subsidiariedad; el postulado de la centralidad de la familia y grupos intermedios frente al Estado que en la práctica ha favorecido la determinación de grandes y concentrados grupos económicos por sobre la sociedad. Se propone procurar de más tiempo para la familia.

Se aclara que superar la subsidiariedad no será para erigir, en su lugar, un Estado todopoderoso, sino para realizar y ampliar la libertad de las personas: expandir libertades ya reconocidas, o formular otras nuevas. El impulso a los derechos sociales no solo debe circunscribirse al acceso a prestaciones básicas para subsistir sino a garantizar espacios para el desarrollo libre e igualitario de las personas. Los derechos sociales se vincularían más con los derechos humanos que con prestaciones puntuales, por lo que su garantía corresponde a la esfera política antes que a servicios específicos luego concebidos como mercados. Una nueva institucionalidad pública deberá refundar y coordinar estos aspectos parciales -la educación, la salud, las pensiones, los cuidados- para ampliar en los hechos los espacios de libertad e igualdad para las personas.

Se debe discutir el derecho de propiedad, ya que por la interpretación dominante ha favorecido y naturalizado la concentración económica, que impide discutir el modelo de desarrollo. Para ellos un nuevo pacto social sólo será posible bajo un nuevo modelo de desarrollo. Chile demanda más, las personas buscan no sólo consumir y recibir prestaciones; asimismo quieren participar de la vida activa y económica del país. Rediscutir el derecho de propiedad supone no sólo mayor participación del Estado en políticas de fomento productivo e innovación, sino también formas de propiedad cooperativa y control comunitario que den a la sociedad un mayor protagonismo.

Derecha avanzada
Horizontal, centro de estudios sin fines de lucro de pensamiento liberal propone mantener la inviolabilidad de la dignidad humana. Se debe proscribir cualquier forma de relación opresiva y de dominación entre personas o grupos, y asegurar una consideración de igual ciudadanía y respeto por todos los miembros de la sociedad como base de una sociedad plural. Para este centro es imprescindible perfeccionar las reglas que aseguran la autonomía de instituciones relevantes tales como el Tribunal Constitucional, el Banco Central y los tribunales y órganos electorales. Hay que insistir en una república democrática y representativa que incluye elecciones periódicas, participación amplia y activa de la ciudadanía, y un gobierno de las mayorías que respete los derechos de las minorías.

En término de los cambios se propone una CP mínima para una mejor democracia basada en reglas que habiliten la política democrática, y en derechos y libertades que permitan desarrollar los diversos proyectos de vida en igual consideración y respeto; ya que no hay que petrificarla. Según Horizontal la CP debe estar acompañada de un Estado para el siglo XXI; de lo contrario, la promesa de los derechos sociales será solo una ilusión. Se necesita un aparato público profesional, meritocrático, que esté cotidianamente al servicio de las personas. Es fundamental distinguir mejor entre el gobierno de turno y el aparato profesional de la administración del Estado, generando una verdadera carrera funcionaria, que entregue estabilidad y eficiencia en la función pública.

Aún para la derecha se reconoce como fundamental el deber con las generaciones presentes y futuras; redefinir el rol que tienen el medioambiente y la naturaleza en la vida social. Es clave establecer para los órganos del Estado y de la sociedad civil el deber de promover un desarrollo responsable de todo el territorio, a través de políticas públicas sustentables que concilien la protección del medio ambiente y la biodiversidad, con el desarrollo económico y el progreso social.

Propuestas conservadoras previas
Hasta el partido Renovación Nacional, soporte original del presidente Piñera, ha propuesto cambios interesantes a la CP de 1980. Según el documento publicado en La Tercera (31/1/2020) se incluyen propuestas en tres temas: Más y mejores derechos y deberes del Estado; más y mejor democracia y más y mejor inclusión. En el primer tema se hacen siete propuestas relativas a derecho a una previsión (pensión) digna, derecho a una salud integral y oportuna, derecho al orden público y seguridad personal, derecho a protección frente al narcotráfico, derecho a una educación de calidad, derecho a participar en un desarrollo sustentable y el derecho humano al agua.

En el segundo tema es establecen una serie de propuestas relativas a un Estado solidario, régimen semipresidencial de gobierno, Estado unitario descentralizado, modificaciones al Tribunal Constitucional, y orden público económico que sancione los abusos. Para los congresistas de la centroderecha chilena, ojalá fuera así en nuestro país, El Estado deberá promover la solidaridad a través de políticas públicas en que todos contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, reconociendo la comunidad y vínculos existentes entre miembros de la sociedad. Asimismo, es deber del Estado impulsar un desarrollo territorial equitativo entre las regiones, provincias y comunas e incentivar a los grupos y asociaciones intermedias a contribuir desde sus propios objetivos al bien común. Obviamente la CP garantizará la libertad de emprender y desarrollar cualquier actividad conforme a ley.

El último gran tema se titula más y mejor inclusión. Aquí se propone el fin a toda discriminación e igualdad plena de la mujer, favorecer su participación en los órganos de representación política y asegurar la igualdad de remuneraciones cuando se ejerzan cargos de igual responsabilidad. La CP deberá reconocer a los pueblos originarios como parte integrante de la nación chilena y asumir la obligación de respetar y promover su cultura, identidad, lengua y tradiciones ancestrales; asimismo, será obligación del Estado impulsar acciones que faciliten su desarrollo, participación política y acceso a las condiciones de vida que prevalecen en el país. Por último, se priorizará la infancia y la maternidad; el denominado envejecimiento positivo y la integración y valoración de los discapacitados.

Boleta de votación
Es interesante revisar la boleta de votación por correo de los EE.UU, en este caso de un condado de Maryland. donde se puede ver un mayor nivel de la democracia participativa respecto del Perú cuando un ciudadano cualquiera no solo vota por la plancha presidencial, sino que también elige los jueces ordinarios y de apelaciones del Estado; al igual que se autoriza o no la instalación de un mayor número de casinos para financiar las escuelas públicas. Asimismo, a nivel del condado se decide la renovación o no del jefe de policía, de bomberos y del abogado general; y se autoriza el monto mínimo para las licitaciones públicas competitivas, entre otros temas. Es un nivel de participación ciudadana que habría que considerar en nuestros países.

Algo Más
Bolivia y Chile nos enseñan la importancia de alcanzar mayorías y del consenso. Son también laboratorios útiles a nuestro país; hay que aprovechar sus enseñanzas. Aquí los peruanos también nos merecemos mejorar nuestra Constitución principalmente en el ámbito político, institucional y el económico.