Aún entre los que impulsamos durante muchos años los ajustes (o cambios) al modelo económico estamos preocupados. Por una parte, tenemos a la candidata que lideró recientemente acciones que desestabilizaron el orden democrático durante el gobierno de PPK, que tiene una acusación seria de la Fiscalía y que en lo económico insiste en la misma fórmula del pasado. Del otro lado, un candidato que plantea un nuevo orden a favor de las regiones marginadas y los pobres, pero con antecedentes y capacidades desconocidas y que aún mantiene un discurso poco incluyente, una agenda limitada y poco concertadora.

Estamos convencidos que se deben modificar muchas cosas, pero también hay que mantener otras. Nos alineamos claramente en la perspectiva de la Reactivación Transformadora que impulsa la CEPAL (2020) y otras organizaciones progresistas a nivel internacional que se sintetiza en diversificación productiva, más equidad y transición ecológica. Sin embargo, aquí tenemos muchas interrogantes que plantear y recordarle al candidato que el país es de todos; no de un estrato en particular. Asimismo, que cualquier transformación es una tarea compleja, más en una coyuntura como la actual.

El arte del buen gobierno es una materia y práctica extremadamente difícil. Cualquier gobierno requerirá de una convocatoria amplia y plural que incluya a sus sectores medios y a los empresarios. Hay que construir un proyecto nacional o de patria que nos integre a todos. Un proyecto excluyente es garantía de fracaso a la corta, ni siquiera a la larga. Se trataría de diseñar e implantar una estrategia que nos beneficie a todos en el corto, mediano y largo plazos, con énfasis en los marginados del modelo.

Hoja de ruta
Hay que concertar y para hacerlo se debe dialogar en serio. No se debe tener miedo a lograr acuerdos en pro de la estabilidad y gobernabilidad con un programa de cambios paso a paso, sin extremismos. Los que participamos en la mal denominada Hoja de ruta (HR) de Humala de 2011 sabemos que allí no comenzó la traición a la propuesta de la Gran Transformación (GT). Se debe recordar que la persona que lideró el documento de la HR fue el mismo que el de la GT. La traición se inició con el nombramiento del titular del BCRP y del MEF y se profundizó rápidamente con la salida del primer gabinete en diciembre de 2011.

Tengo a la mano el documento de Lineamientos centrales de política económica y social para un gobierno de concertación nacional (HR) que iniciaba con un compromiso de que la transformación se hará de manera gradual y persistente, en el marco del Estado de Derecho, del respeto absoluto a la división de poderes del Estado, honrando todos los compromisos del Estado, y restableciendo el principio de la ética pública, combatiendo la corrupción y el despilfarro del dinero del Estado.

Sería adecuado que el candidato establezca un compromiso similar dirigido a toda la Sociedad; más aún cuando el Plan formal, depositado en el JNE, fue desarrollado por el Secretario General de Perú Libre y no por él. El de aquella época tenía seis capítulos: política social, macroeconómica y crecimiento económico inclusivo, tributaria, regulación, energía y; Estado y descentralización. Ahora habría que modificarlo de acuerdo con las nuevas prioridades.

Cambios constitucionales
Es imprescindible lograr un nuevo acuerdo o consenso económico, social, político y ambiental. Hasta para el Foro Económico Mundial, que reúne a los empresarios más importantes y autoridades, es una pieza central para un nuevo gran reinicio. También es el primer elemento de la Reactivación transformadora propuesta por la CEPAL para América Latina y el Caribe (ALC).

Fratelli Tutti del Papa Francisco va en la misma dirección. Él afirma que su encíclica es un humilde aporte a la reflexión para que, frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras. La escribe para que se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad, más allá que sean cristianas o no.

Efectivamente, la Constitución Política (CP) es el documento donde deben plasmarse esos acuerdos básicos. Sin embargo, hemos sostenido a lo largo del tiempo que la actual coyuntura, de severa crisis sanitaria y económica, no genera espacios para una votación e instalación posterior de una Asamblea Constituyente. La necesidad de una nueva CP cae por su propio peso y es indiscutible que como en Chile tendría una aprobación mayoritaria de la población.

Desde el actual gobierno de la transición se debió convocar a los expertos, a representantes de las diferentes fuerzas sociales y políticas del país para proponer los ajustes o cambios que sean necesarios; y que posteriormente se deben someter al Congreso de la República y/o a un referéndum. Esta convocatoria debe ser incluyente e integradora, como recomiendan los expertos en el tema, invitando también a los empresarios.

Compromisos de partida
No es suficiente anunciar en un foro que se respetará la actual CP mientras esta no se modifique. El Plan depositado en el JNE contiene todo un conjunto de propuestas en materia económica; con muchas de ellas estaríamos de acuerdo. Sin embargo, hay que afinar la lista e incorporar nuevos temas.

No solo se trataría de lograr un nuevo balance entre Estado y Mercado; relievar la importancia del planeamiento estratégico a nivel nacional (no planificación); priorizar el rol de la ciencia, tecnología e innovación; incorporar el propósito de la diversificación productiva y de creación de eslabonamientos productivos. Asimismo, un banco central independiente preocupado también por el empleo como la Reserva Federal de los EE.UU. y con la prohibición de financiar al gobierno; buen gobierno corporativo y responsabilidad social para las empresas públicas, organismos reguladores sectoriales preocupados principalmente en los usuarios y consumidores, entre otras.

Para tranquilidad de todos se debe señalar rápidamente que no se propondrá o apoyará iniciativas que pretendan la reelección continua del presidente de la República; que no se vulnerará la independencia de los poderes del Estado; se explicará la naturaleza y dirección de las reformas políticas. Por otra parte, en lo económico que se continuará con la libre tenencia de moneda extranjera, la intangibilidad de todas las modalidades de ahorros, que la propiedad privada solo podrá ser afectada con las causales y procedimientos establecidos en la actual CP, entre muchos otros temas intangibles.

Capitalismo de Estado
El Plan de Perú Libre propone un modelo de acumulación de capitalismo de Estado basado en las empresas públicas de los sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos y comunicaciones. Sin embargo, no queda claro en qué consistiría su nacionalización o estatización. Tampoco, si solo se desencadenaría luego de negociaciones fallidas con los dueños o si, como aparece en otra parte del documento, es parte de su estrategia central.

La fórmula del capitalismo de Estado es una modalidad particular respecto del modelo oligárquico y transnacional actual u otras alternativas comentadas por Baumol, et al (2007). Es un modelo que puede ser viable pero que tiene como precondición contar con un sector público con altas capacidades. ¿Las tenemos?, ¿se podrían construir sobre la marcha ignorando o relegando a los técnicos y las clases medias?

No hay que olvidar que toda la producción del sector de hidrocarburos y minería es equivalente al 8.2% de la producción bruta y que este sector genera el 16.2% de las ganancias de la economía nacional de acuerdo con la tabla insumo producto 2019 del INEI. ¿Quién y cómo se definiría cuanto se debe reinvertir en esa y otras actividades económicas?

Política tributaria
El Plan no profundiza en una imprescindible reingeniería tributaria ya que se confía en el aprovechamiento de los excedentes de los sectores estratégicos. Al respecto, se debe recordar que la presión tributaria peruana fue de 16.4% del PBI en 2018, frente al promedio de ALC de 23.1% y de 34.3% de las economías ricas miembros de la OCDE (2019). Nuestra brecha es de 6.7 puntos porcentuales del producto respecto del estándar regional. La lista de propuestas que muchos hemos formulado a lo largo del tiempo es larga, pero ¿cómo se iniciaría?

El gobierno peruano debería recaudar adicionalmente cerca de US$ 15,000 millones anuales para ponerse a la par de nuestros vecinos; pero no solo hay que aumentar significativamente la recaudación sino la capacidad de ejecución y calidad del gasto en los tres niveles de gobierno: nacional, regionales y locales. ¿Cómo se haría? Asimismo, se dice muy poco sobre lo que debería ser la política macroeconómica.

Renegociación de contratos
Efectivamente la lista de abusos y corrupción amparadas en muchos contratos de concesión, modalidades de regulación y de otro tipo es numerosa. Hay que revisar, y en su caso, renegociar muchos acuerdos y establecer nuevas modalidades de contratación. En algunos casos habrá que esperar su terminación.

Por ejemplo, en las concesiones carreteras de economías más desarrolladas predominan los contratos de plazo flexible asociados a un valor presente neto de los ingresos propuesto en la oferta pública. Con esta modalidad ya habrían revertido muchas concesiones en el Perú, reduciendo ganancias extraordinarias de los operadores en beneficio del Estado y de los consumidores. Otra modalidad es la de los peajes en sombra que evitan conflictos con la ciudadanía. Chile y Colombia están entre la tercera o cuarta etapa en sus modalidades de contratación, mientras que aquí seguimos con las mismas de siempre después de 25 años. ¿Sabía usted que Provías Nacionales nunca ha evaluado integralmente las concesiones otorgadas?

Hay que priorizar el uso del gas natural para el ámbito nacional. Es inaceptable contar con gas natural y al mismo tiempo nos aplican tarifas eléctricas para uso doméstico superiores al promedio de los Estados Unidos de América. Hay fallas en los contratos que otorgan libertad absoluta a las empresas para decidir atender el mercado externo respecto del interno y en la regulación, que establecen precios de referencia inadecuados y permiten rentabilidades a los operadores eléctricos tres veces por encima de los estándares internacionales. No se trata de nacionalizar o estatizar; simplemente que el Estado y los nacionales tengan la prioridad de adquirir ese gas a los precios del mercado internacional o con otras fórmulas que simulen el valor de equilibrio de la oferta y la demanda. El Plan olvida otros sobrecostos que afectan a la economía como las elevadas tasas de interés activas, en la cadenas logísticas internas y para la exportación.

Joint Ventures
Es imprescindible eliminar rápidamente las exoneraciones tributarias a los sectores extractivos y orientarlas temporal, excepcional y exclusivamente a nuevos sectores que generen encadenamientos productivos y de empleo con base conocimientos. De nuevo, más que nacionalizar o estatizar se requiere de un nuevo orden regulatorio orientado, como en los EE. UU., en primera instancia a favor de los consumidores.

Hay que apoyar todas las actividades extractivas que admitan los ciudadanos y que no vulneren el medio ambiente en una perspectiva de corto, mediano y largo plazos. Asimismo, en el caso de la explotación del Uranio, Litio y otros metales raros de elevado potencial hay que pensar en Joint Ventures entre la inversión extranjera, nacional y el Estado.

¿Sectores dinamizadores?
La CEPAL (2020) nos plantea una lista de sectores dinamizadores que habría que redefinir para el Perú. Es imprescindible avanzar hacia un cambio estructural progresivo hacia sectores más intensivos en conocimientos, con tasas de crecimiento de la demanda y del empleo más altas. Al mismo tiempo, se debe preservar la calidad y los servicios que prestan los recursos naturales y el medio ambiente.

Solo como referencia se propuso: a) fuentes energéticas renovables no convencionales (porque no también hidrógeno verde como en Chile); b) electromovilidad urbana; s) digitalización; d) industria manufacturera de la salud; e) bioeconomía; f) economía circular, y g) turismo. Hay muchos clusters embrionarios por impulsar en nuestro país.

Sumar no dividir
Una reactivación transformadora requiere de todos. Es un proyecto que debe sumar más que dividir o restar; hay que aprovechar lo que se ha logrado, impulsar y reconvertir paso a paso. Se debe hilar fino, establecer prioridades y eliminar radicalismos peligrosos. La ruta de la confrontación, sectarismo, demagogia y poca transparencia no solo tendrá nuestro absoluto rechazo, sino que nos conducirá como país rápidamente al abismo.