Tras 8 días consecutivos de bloqueo por parte de la comunidad de Urinsaya (Coporaque, provincia de Espinar, Cusco), una nueva comitiva del ejecutivo llegará hoy (10 de marzo) a la zona para intentar reabrir el corredor minero. Desde que se inauguró la gestión de Pedro Castillo, esta vía está cerrada 92 días. Más de tres meses los de seis que dura este gobierno.

Los dirigentes de Urinsaya, comunidad ubicada a casi 250 kilómetros de distancia, de la unidad minera Las Bambas, que opera MMG, exigen que esta empresa los reconozca como Área de Influencia Directa (AID). El mismo reclamo que levantan todas las comunidades que se ubican a lo largo del corredor en las provincias cusqueñas de Chumbivilcas (las cuales estuvieron bloqueando el corredor 69 días el 2020 y 15 el 2022, y ahora demandan las de Espinar.

Reclamos para ser incluidos en el AID son un mecanismo de búsqueda de renta

¿Porque comunidades que se encuentran a más de cien kilómetros de distancia de la mina protestan para que se las incluya en el AID de las Bambas? Por qué entienden que así se les concederá el “privilegio” de obtener una serie de “beneficios” que están apartados solo para aquellos que están siendo “impactados” ambiental o socialmente por las operaciones mineras.

Como señala el Senace: “Todo proyecto de inversión cuenta con áreas de influencia, espacio geográfico sobre el que las actividades y componentes de proyecto ejercen algún tipo de impacto ambiental y social. Esta área se define en base a los potenciales impactos del proyecto; y, en función a ello, se diseñan las principales medidas del Plan de Manejo Ambiental que tiene por objetivo minimizar, corregir, mitigar o compensar dichos impactos ambientales”

Efectivamente, el Área de influencia Directa e Indirecta de un Proyecto Minero se establecen en el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) mediante la determinación de los “impactos”, léase las afectaciones ambientales y sociales que sufrirán estos lugares. Para mitigar estos, se elabora el Plan de Manejo de Ambiental y se registran compromisos de inversión social. De acuerdo con el Decreto Supremo Nº 040-2014-EM, OEFA realiza fiscalización y seguimiento de estos compromisos sociales y ambientales.

Esa es la razón por la que las comunidades desean integrarse al Área de Influencia Directa y pugnan por demostrar que, a pesar de los más de cien kilómetros de distancia que los separan de las operaciones mineras, son afectados (impactados) por las operaciones mineras. De esta forma, exigen que se registren en el IGA los compromisos que asuma las Bambas con ellas. Pertenecer al AID, les asegura gozar de los beneficios del DS 052-2010-EM (compromiso previo como el requisito para el desarrollo de actividades mineras) y reclamar: (i) Relacionamiento Responsable; (ii) Empleo Local; (iii) Desarrollo Económico (apoyo a las empresas comunales). Incluso la distribución del canon es influida por el AID.

Sin proponérselo este diseño de política pública ha introducido un pernicioso mecanismo o conducta de búsqueda de renta (rent seeking behavior).

Además, de esta exigencia en el corredor se viene demandando incrementos en los aportes directos que realizan las empresas mineras vía convenios marco, ahora, también esperan “ser integrados a las cadenas de valor”. Es decir que se les den cupos para el transporte de mineral y otras actividades.

Esta situación es una nueva manifestación de que en el corredor minero se ha instalado un mecanismo de búsqueda de renta que ha sido introducido por políticas públicas y estrategias de responsabilidad social de las mineras, el cual se ha incrementado por el entorno de escaso potencial productivo de la zona.

El discurso de Pedro Castillo durante la campaña electoral, las declaraciones de ministros y congresistas, como la actuación de los funcionarios encargados de atender la conflictividad han disparado esta conducta de búsqueda de renta. Dirigentes, autoridades locales y oportunistas han encontrado la coyuntura ideal para exigir negociaciones a las mineras que les aseguren mejores y mayores aportes.

No debiera extrañar tanto lo ocurrido, esta es una conducta económica indeseable, pero perfectamente racional. Se la denomina, como se acaba de mencionar búsqueda de renta o rent seeking.

Como indica Anne Krueger, pueden ser ocasionados como fallas del gobierno cuando busca promover el desarrollo: “siempre que una política gubernamental tenga beneficiarios [integrase al AID] y/o víctimas específicas, aquellos grupos tendrán la tendencia a organizarse en apoyo u oposición a las políticas y posteriormente efectuar cabildeo para incrementar el valor de la ganancia o reducir el valor de la pérdida de esas políticas. Esto se presenta sin que importe si los instrumentos de política fueron adoptados por instigación de los beneficiarios o si fueron inicialmente el resultado de decisiones de interés público”.

A esta situación se suma la incapacidad, negligencia o el convencimiento de los funcionarios públicos del actual gobierno de que las exigencias de las comunidades son legítimas, así como sus métodos (bloqueos, tomas y otros) para plantearlos.

Por tal motivo, este gobierno parece renuente a imponer el orden público, y como ha quedado claro con el accionar del exjefe de la Oficina de Gestión Social del Minem, Marco Sipán, y las declaraciones de la expremier, Mirtha Vásquez y del exministro de Energía y Minas, Eduardo González, son las empresas mineras responsables de la conflictividad en el corredor.

Incluso ante acciones de violencia extrema la policía actuará de forma muy medida, tal y como ocurrió durante el ataque a las instalaciones del puesto Bravo 6 de MMG Las Bambas, en las que se quemó y apedreó equipos e instalaciones. O simplemente no hará nada, como en el ataque al campamento de Usamarca (Emprea Anabi), en la que los comuneros de la comunidad de Pumallacta (Quiñota) quemaron la garita de control, 16 viviendas, 2 comedores, caseta de garita de control, 2 almacenes, 1 módulo de vestuario y 1 generador. En total el 80% de las instalaciones sin que se haya responsabilizado a nadie.

Ante esta situación, como respuesta al pedido a todas luces injustificado de que se les incluya en el AID de la Bambas, la PCM ha creado la Zona de Atención Especial (ZAE). Un artilugio, que nadie entiende bien y del que las comunidades sospechan.

El 07 de enero, la PCM publicó la RM 005-2022-PCM con la que se crea la ZAE. Esta medida no es inocua, pues incentiva el mecanismo de búsqueda de renta, al otorgar a las comunidades un privilegio (la ZAE), por el cual podrán exigir a las empresas que pasan por la zona y al estado una serie de beneficios que no les corresponderían.

Como se sabe, es anticonstitucional cobrar u obtener algún beneficio por permitir la circulación de vehículos o mercancías. Este es, en toda regla, un “derecho de pase”, el cual esta proscrito pues atenta contra la libertad de tránsito, consignada como un derecho fundamental

Ante este impase, los bloqueos continuarán y las exigencias se dispararán, como ya viene ocurriendo, lo cual seguramente se agravará cuando la campaña electoral de este 2022 empiece a calentarse.

Mientras no se ponga un alto o se mitiguen las conductas de búsqueda de renta la conflictividad en el corredor minero, no se detendrá. Medidas como un ferrocarril o un mineroducto, solo cambiarán los lugares en los que se harán los bloqueos o cortes (según sea el caso), los reclamos continuarán por más renta o beneficios.