Hace un par de semanas la ministra de Trabajo y Economía Social del gobierno español presentó el informe Precariedad laboral y salud mental. Este nos plantea que la salud mental tiene que ver con la desigualdad y recuerda que el impacto sobre la salud mental es más del doble entre las personas trabajadoras más precarias y que la peor situación se observa en mujeres, inmigrantes y jóvenes. Asimismo, que la prevalencia de enfermedades mentales es dos veces más alta en las sociedades desiguales comparadas con sus homólogas más igualitarias.

En la presentación del informe se destacó que los fármacos se han convertido en la intervención abrumadoramente predominante en el ámbito de la salud mental, no por su alto grado de seguridad, eficacia y deseabilidad, sino debido a la infrafinanciación crónica de los servicios y un enfoque que desvincula el malestar cotidiano a la precariedad y la falta de expectativas vitales.

Los expertos destacan que la informalidad, la precariedad, las formas descentralizadas de organización productiva (plataformas digitales), la infravaloración de los cuidados como causas de deterioro de la salud mental pero también han incidido en que, en los contratos estables cuestiones como la desconexión digital o las horas extra u horas de trabajo no previsible impactan negativamente.

Contenido
El informe ha examinado los análisis, indicadores y testimonios para elaborar un diagnóstico integrado que permita avanzar en la comprensión de la relación entre la precariedad laboral y la salud mental, así como hacer recomendaciones para su solución. Los objetivos generales del informe son: (1) conocer la situación, evolución y causas de la precariedad laboral en España; (2) conocer el impacto de la precariedad laboral en la salud mental; y (3) realizar propuestas para eliminar y/o reducir la precariedad laboral y los problemas de salud mental.

Los contenidos y resultados se dirigen simultáneamente a actores sociales muy diversos: a los representantes políticos; a los agentes sociales, sindicatos, empresarios, asociaciones y movimientos sociales; a un público académico y experto; a la población general y, en particular, a la población trabajadora que es la que se ve más directamente afectada por una experiencia que genera malestar, sufrimiento, enfermedades y muerte prematura.

Precariedad laboral
El reporte plantea que la precarización laboral no es un destino natural e inexorable, sino un proceso histórico que resulta de la interacción de diversos factores socioeconómicos y políticos, conectados a las inercias del capitalismo y de la evolución del sistema productivo y la organización de las empresas y el trabajo. La precariedad laboral es un fenómeno multidimensional, dinámico y complejo relacionado con mecanismos de explotación, dominación y discriminación, que puede tomar formas diferentes según su desarrollo y particularidades históricas de cada país.

Es también relacional, porque requiere tener en cuenta las relaciones de poder, y multinivel, porque sus características y efectos dependen de la interacción de múltiples factores económicos, legislativos, políticos, laborales, culturales y ambientales.

Esta mirada se contrapone a la visión individualista, extendida desde la ideología neoliberal, de que somos seres independientes y competitivos y que el éxito es solo fruto del esfuerzo y el mérito personal, y que tiende a culpabilizar a las personas trabajadoras precarizadas o desempleadas de su situación laboral y a aceptar la idea de que cada uno tiene lo que se merece, estigmatizándolas bajo la acusación de una ociosidad culpable, al tiempo que se promueve en el imaginario colectivo que es preferible tener algún tipo de trabajo, por extremadamente precario que sea, a no tenerlo.

Impactos en la salud
La investigación científica muestra que la precariedad laboral es un determinante social dañino para la salud, una suerte de pandemia tóxica que incrementa el riesgo de enfermar y morir prematuramente para quienes trabajan en esas condiciones, así como para sus familias. La precariedad desestructura la vida cotidiana y dificulta planificar el futuro, genera inseguridad y sufrimiento, alienación y frustración, exilio económico y desesperanza, sumisión y miedo, así como problemas muy diversos de salud mental como son, entre otros, la ansiedad y la depresión, que generan un gran sufrimiento psíquico y cuyos efectos se extienden a todos los ámbitos vitales.

Paradójicamente, la precariedad sigue siendo una gran desconocida que es necesario comprender mejor para eliminarla y acabar con sus efectos nocivos. Lamentablemente, ni el sistema de información estadístico español ni la gran mayoría de investigaciones realizadas son aún capaces de analizar y medir apropiadamente la precarización laboral de forma integral, así como tampoco el conjunto de sus consecuencias.

Mercado laboral
Las principales características del mercado laboral español se pueden resumir en cuatro: (1) una tasa de desempleo muy elevada en comparación con países de desarrollo similar; (2) una gran variabilidad del volumen de empleo en cada ciclo económico; (3) un elevado nivel de precariedad laboral (bajos salarios, inseguridad, excesiva temporalidad, etc.), donde se incluye el desempleo; (4) un gran volumen de pequeñas y medianas empresas (pymes); y (5) una baja tasa de ocupación femenina.

Además, hay un elevado y persistente nivel de desigualdad en la distribución de ingresos, que es sensiblemente mayor que en la mayoría de los países europeos, siendo el país de renta alta de la UE con mayor desigualdad. Una de las razones principales de esa desigualdad es la menor capacidad redistributiva del sistema de impuestos y prestaciones sociales.

Se estima que casi un tercio de la población tiene un nivel de renta baja (inferior al 75% de la mediana), otro tercio se encuentra en el estrato de rentas bajas-medias (entre el 75 y el 125% de la mediana) y solo un 9.5% en el grupo de renta alta (superior al 200% de la mediana). La pandemia ha mostrado también que un alto número de hogares viven al día y tienen muchas dificultades para afrontar gastos imprevistos. Al considerar la evolución de las rentas del trabajo (versus las rentas del capital) se observa una reducción de la cuota salarial al mismo tiempo que se reducía la densidad sindical.

Recomendaciones generales
El informe hace tres recomendaciones generales: luchar contra la precariedad laboral y sus efectos en la salud mental, mejorar las condiciones de protección, salud y cuidados de las personas trabajadoras y medir, analizar y evaluar la precariedad laboral y los problemas de salud mental y plantea medidas específicas en cada apartado.

En primer lugar, combatir la precariedad laboral y sus efectos en la salud mental de la población requiere promover un modelo laboral más democrático, saludable y sostenible, además de intervenciones (incluyendo políticas, legislación e inspección) más eficaces y mejor gestionadas y evaluadas.

Según el informe es necesario desarrollar una regulación de las relaciones laborales con un nuevo Estatuto del Trabajo para el siglo XXI que promueva trabajos dignos y empleos justos en un sistema productivo más democrático y sostenible en el marco de un decrecimiento material justo y una economía circular.

Ello no será posible sin nuevas medidas legales para la desprecarización de las condiciones de empleo y trabajo (tipos y duración de contratos, tiempo de trabajo, reducción de jornada máxima y garantía efectiva de los descansos, restricciones a la distribución irregular de jornadas y límites frente a la devaluación salarial).

Derechos colectivos
Asimismo, se requiere el refuerzo de los derechos colectivos de las personas trabajadoras y, en especial, de la negociación colectiva; la promoción de convenios colectivos que desprecaricen el empleo y las nuevas formas de organización del trabajo, en particular, en las redes empresariales o las relaciones laborales multipartitas; la protección efectiva del trabajo de autónomos, migrantes (regulares e irregulares), mujeres, minorías étnicas y raciales y otros colectivos especialmente afectados por la precariedad laboral.

Por otra parte, se propone también el fomento de una mayor participación democrática en el desarrollo económico y la vida laboral, incluida la posibilidad de promover formas de producción alternativas al modelo tradicional de empresa (cooperativas y cogestión).

Mejorar protección
Según el informe la protección del empleo (incluyendo el desempleo y todos los trabajos, remunerados o no) y las prestaciones sociales (incluyendo las pensiones, subsidios e indemnizaciones) deben ser ampliadas. La atención pública integral de la salud es un derecho universal que debe ser adecuadamente atendido.

Hay que abrir debates y poner en práctica políticas como la gestión del tiempo y el reparto del trabajo, el trabajo garantizado, la implementación de una renta básica universal o garantizada y, especialmente, el desarrollo de la democracia económica en las empresas para avanzar en la realización de trabajos socialmente necesarios y ecológicamente sostenibles. Es necesario garantizar el acceso a servicios públicos, suficientes y de calidad (incluyendo servicios de educación, sanidad pública, salud pública/colectiva y cuidados), independientemente de la situación o condición laboral o social.

Salud mental
La estrategia preventiva de la salud pública mental debe ir más allá del tratamiento individual e hipermedicalizado para centrarse en los procesos y mecanismos sociales (incluyendo la discriminación, la violencia y la explotación) causantes de la mala salud mental en las poblaciones.

Hacer frente a la salud mental colectiva requiere fortalecer y desprecarizar el sistema sanitario público (sobre todo la atención primaria y comunitaria) y desarrollar un sistema integral de salud pública mental (incluyendo la promoción de la salud, la prevención de trastornos, la detección precoz, el tratamiento y la rehabilitación), así como un sistema público de cuidados universal y de calidad que pueda ofrecer un servicio integral y humano, tanto para las personas con necesidades de cuidado como para las trabajadoras.

Medir, analizar y evaluar
Según el informe hay que reconocer que la precariedad laboral existe y conseguir que se mida, se analice y se evalúe es un punto de partida para la acción. Los Gobiernos nacionales, autonómicos y locales deben poner en marcha, con el apoyo de los servicios estadísticos nacionales, de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos: (1) un sistema de vigilancia eficaz, válido e integral de la precariedad laboral que permita (2) hacer un seguimiento sistemático de su magnitud, evolución, desigualdad y efectos sobre la salud mental y el bienestar de la población y (3) evaluar la efectividad y la equidad que tienen las políticas e intervenciones implementadas.

Para crear el espacio y la capacidad institucional que permitan combatir con eficacia la precariedad laboral, es imprescindible tomar conciencia del problema, invertir en sistemas de información, en proyectos de investigación multidisciplinares, en la formación de profesionales, estadísticos e investigadores de la salud y de los responsables en la formulación y gestión,, así como comunicar y explicar a la población los efectos de la precarización laboral y social sobre la salud mental. Para todo ello es necesario invertir los recursos y medios humanos adecuados y de forma sostenida a lo largo del tiempo.

Colofón
Mientras en el Perú estamos paralizados frente a la crisis política y social, en otras partes se identifican nuevos desafíos y propuestas para hacerles frente. La ministra de trabajo español anotó que el principal reto es ofrecer seguridad y tranquilidad al conjunto de la ciudadanía, y eso pasa por garantizar mejores condiciones de trabajo y evitar que se borre la distinción entre el trabajador y la persona, entre el tiempo de vida y el tiempo de trabajo. Ojalá que comencemos a trabajar estos temas en nuestro país.