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Oscar Sumar

Lobby, ¿qué estamos haciendo?

El lobby -o gestión de intereses- es una industria millonaria a nivel global. En Estados Unidos, según cifras de la OCDE, se movieron 3.5 billones de dólares en actividades de lobby solo en 2010. Perú, sin duda, no es una excepción. Sin embargo, a diferencia de USA, donde hay más de diez mil lobistas profesionales registrados, en Perú la actividad de lobby permanece casi completamente en las sombras y sin regulación efectiva.

lobo abuelita

En nuestro país, en 2003, hubo un intento por regular el lobby, mediante la Ley de Gestión de Intereses. Sin embargo, dicha norma tenía dos falencias fundamentales: por un lado, el registro era muy costoso y de difícil accesibilidad -los gestores debían inscribirse en SUNARP-; y, por otro lado, aun más importante, no existía ninguna sanción por el incumplimiento de las normas señaladas en dicha Ley.

Así, no era de extrañar que, a la fecha de su modificación, en diciembre de 2016, solo hubieran seis gestores registrados y no hubiera ni un solo sancionado por incumplir alguna de las obligaciones contenidas en la norma. Aunque pueda parecer contradictorio, nuestra norma no era particularmente gravosa, ni para las empresas, ni para los funcionarios públicos sino indulgente, si se le compara con ejemplos de legislaciones parecidas en Europa o Estados Unidos. El Center for Public Integrity ha desarrollado un índice que mide cuan fuertes son las regulaciones sobre lobbying. Si se le mide en base a ese índice, la regulación peruana calificaría como “media tabla hacia abajo”.

Por eso, no es de extrañar que una de las recomendaciones de la Comisión Presidencial de Integridad -creada por el gobierno para informar el proceso de elaboración de decretos legislativos- sugiriera fortalecer la regulación sobre gestión de intereses. Una de las normas que típicamente podrían incluirse en una regulación de la gestión de intereses es el llamado “cooling off-period”, por el cual un funcionario debe esperar al menos un año antes de volverse un lobbista en el sector que acaba de dejar -recomendación 16 de la Comisión de Integridad. Otra prohibición habitual es que la gestión de intereses solo se pueda realizar dentro de un espacio oficial, no en un local privado como, por ejemplo, una casa.

Coincidentemente, una nota publicada por The Wall Street Journal en 2007 acusa a nuestro presidente, PPK, de haber hecho exactamente esas dos cosas, que estarían prohibidas en otras legislaciones sobre gestión de intereses a rededor del mundo: haberse reunido en su jardín con el Ministro de Energía y el ex presidente Toledo, conjuntamente con el empresario de la industria pe-trolera, Hunt, para ayudarlo a aprobar legislación a su favor, poco después de haber dejado el cargo de Primer Ministro. Precisamente, uno de los principales cuestionamientos que se hizo a la candidatura de PPK fue su proclividad hacia el favorecimiento de intereses particulares a través de lobbies que -si bien legales- eran cuestionables desde el punto de vista ético.

Por eso, extraña -o quizá no debería de extrañar- que, lejos de poner énfasis en este tema para contradecir a sus críticos, no se haya fortalecido la norma sobre gestión, sino que solo se haya reemplazado el registro de gestores por la anotación de visitas. Básicamente, la normativa sobre gestión de intereses en Perú se reduce a que los que vayan a visitar a un funcionario serán anotados como visitantes en la Web. El no hacerlo no acarrea sanción alguna. Las empresas no están obligadas a divulgar información sobre el acto de gestión de intereses, sobre los recursos invertidos, ni sobre el éxito de la gestión. Además, la autoridad no está obligada a realizar informes donde divulgue data agregada sobre lobbies periódicamente, ni tiene poder de sanción alguno.

Más chocante aun, se ha derogado el registro de lobbistas, con lo cual ahora no existe ninguna norma que obligue a un lobbista a identificarse como tal, más allá del registro de visitas al que está sometido cualquier ciudadano, sea lobbista o no. Es cierto que esa obligación fue incumplida durante catorce años de vigencia de la norma anterior; pero también hay delincuentes robando y secuestrando, lo cual no es un argumento para despenalizar el robo o el secuestro, más aun cuando se identifica que el problema principal es que la autoridad no tiene capacidad de fiscalización o sanción. Se debería dar a la autoridad herramientas para hacer cumplir la norma, no simplemente desaparecer la obligación de hacer transparente la gestión de intereses.

La conclusión es que nuestra norma sobre gestión de intereses es muy débil, lo cual es bastante preocupante especialmente en un contexto como el actual, donde la transparencia en el gobierno debería de ser la norma y donde la sospecha de la influencia indebida del sector privado sobre el público para favorecer intereses particulares debería de ser atacada, no alimentada.

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