Este año ha sido un año muy activo para la regulación económica. El tema parece estar cobrando mayor relevancia fuera del ámbito académico, desde que Perú está acogiendo recomendaciones de la OCDE en términos de calidad regulatoria. También ha sido el año de varias propuestas sin sentido por parte del Congreso. Esto último, no es una sorpresa. En este breve post tocaré de manera somera algunos de los temas que más han ocupado mi atención -al menos en los últimos meses:

(i) En calidad regulatoria, varias entidades del Poder Ejecutivo han comenzado una revisión de sus trámites, todo bajo la supervisión de una Comisión Multisectorial. He tenido la suerte de participar desde el comienzo, siendo testigo de la creación de este mecanismo, y ahora participando en su implementación; donde he podido asesorar a algunas de las primeras instituciones que han pasado por esta revisión. Mi balance del proceso, hasta el momento, es positivo. La manera en la que se están aproximando, tanto la Secretaría como la Comisión, es pragmática y no encasillada en sus propios parámetros como temíamos al comienzo. Las entidades también se están tomando muy en serio el proceso. El resultado será despercudir a la administración pública de muchos trámites innecesarios, en beneficio del ciudadano.

La revisión, sin embargo, no está exenta de algunos problemas de implementación. Por ejemplo, existen serias dificultades para obtener data sobre los costos de los procedimientos en las pocas semanas que dura la revisión de cada entidad. Además, las entidades no han estado obligados en el pasado a levantar esta data, por lo que en muchos casos no existe y se tiene que crear de cero. Otro tema, también relevante: muchas veces los trámites están regulados mediante leyes que -teóricamente- están fuera de la revisión hecha por la Comisión. Sin embargo, las entidades deben justificar ante la Comisión por qué un determinado trámite es “necesario”. La respuesta parece ser “para mi es necesario porque la Ley me manda a hacerlo”. Sin embargo, la Comisión revisará una justificación “sustancial” del trámite, lo que en la práctica implica discutir si se debe o no respetar la ley. No creemos que sea un problema insoluble, pero sin duda es un reto para la Comisión cómo resolver este dilema.

(ii) Se ha propuesto extender la prohibición de crear nuevas universidades por dos años más. Es inaudito que una medida como ésta sea incluso considerada para el debate y más aun que -como todo parece indicar- vaya a ser aprobada. Ningún país en el Mundo -y menos aún uno en desarrollo- se puede dar el lujo de darle la espalda a la educación de esa manera. La justificación es que se podrían crear universidades de  baja calidad. Si esta “actitud” del Congreso fuese la actitud de cada peruano, sin duda nos llevaría a la parálisis total. A todos nos pueden pasar cosas malas con solo salir de nuestras casas, sin embargo lo hacemos esperando que todo vaya bien y porque es necesario hacerlo. De igual manera, el Congreso ha puesto un filtro para la creación de universidades (y su permanencia). Confiamos tan poco en ese filtro? Entonces, para qué está? Qué pasa si estamos impidiendo que justamente la actual demanda por educación de mayor calidad sea respondida por el mercado? Es increíble como los peruanos tenemos un gusto por dispararnos a los pies. Y no es un consuelo, pero tenemos a varios economistas “de lujo” para ser culpados por estos despropósitos.

(iii) Durante varias semanas hubo un animado debate sobre la mejor manera de informar a los consumidores sobre los alimentos que consumían. Digo animado y no informado, porque sobraron certezas de parte de los pro-regulación, pero poca discusión sobre aspectos que pudieran si quiera acercar este debate a uno sobre la racionalidad económica de la regulación. Existe mucha literatura sobre las fallas y los problemas de la regulación de advertencias, comenzando por los famosos y reconocidos profesores de regulación Kip Viscusi y Omri Ben-Shahar. El tipo de discusión relevante para elegir la mejor herramienta regulatoria no se encuentra en libros de medicina.

Sin caer en las falacias ad-hominen, falta entender que la regulación, en sí misma, es un campo de estudio. Un campo de estudio tan fértil que incluso ha dado varios premios Nobel. Pensar que un médico es el más apto para opinar sobre regulación de la salud es como pensar que los médicos -y no arquitectos o ingenieros- son los más aptos para construir un hospital. Sin duda, sería útil escuchar sus sugerencias, pero no más que eso.

(iv) La Comisión de Protección al Consumidor del Congreso ha planteado la iniciativa de “fortalecer” a los organismos reguladores. Esto hubiera estado muy bien en los años noventa, cuando nuestra economía estaba haciendo el tránsito de estatizada a libre. Sin embargo, hoy en día deberíamos de pensar más bien como ir retirando a los reguladores de los mercados. Hoy en día, a diferencia de en 1990, comprar un teléfono es como comprar cualquier otro bien: un carro, una camisa o una hamburguesa. No existe justificación para darle un trato distinto más allá de la inercia regulatoria y el famoso dicho “la regulación llama a más regulación”.

(v) Finalmente, al igual que la eterna y estéril discusión sobre la pena de muerte, cada cierto tiempo resurge la discusión sobre el control previo de fusiones. La regulación “anti-trust”, en sí misma, no está exenta de críticas. Y solo de manera antojadiza podríamos concluir -a falta de data- que lo que le falta a Perú para ser más productivo es que sus empresas tengan más limitaciones para crecer. Cuántas fusiones o compras de empresas peruanas hubieran calificado para una aprobación previa de fusiones que tuviera unos estándares similares a los aplicados en USA o Europa? Cuánto de la concentración del mercado peruano se explica en compras de empresas? (fuera del socialmente irrelevante ejemplo de la cerveza que -además- ya no se podría deshacer). Cuánto de la concentración se explica, más bien, en la regulación estatal que -como en el caso señalado en el punto ii (prohibición de creación de nuevas universidades)- reduce artificialmente la competencia?

Yapa: acaban de realizarse las elecciones del CAL, una época irritante para todos los “coleguitas”. Y con razón: los colegios de abogados no tienen razón de ser, son una burla, un botín para corruptos y comechados. Es indignante que tengan el apoyo del Estado que los ha vuelto semi-públicos. Uno está obligado a pagarles para poder ejercer la profesión.