En los últimos días, he leído a líderes de opinión y a operadores políticos decir que el Congreso también “se debe ir” o que “no puede hacer reformas” porque sería “ilegítimo”. ¿Es el Congreso ilegítimo? Por otro lado, uno también se podría hacer esa pregunta en relación a Boluarte. Empecemos por definir qué es “legitimidad”.
La legitimidad está intrínsecamente ligada a los procedimientos de selección y actuación de dicha autoridad en concordancia con las reglas (constitucionales) preestablecidas. Es decir, un gobierno democráticamente elegido y donde se toma decisiones sustancial y procesalmente alineadas a la constitución de su país, no puede ser considerado “ilegítimo”, así sea impopular.
En el caso del Congreso, si bien este es altamente impopular, no existen cuestionamientos válidos acerca de su elección. Su actuación política -si bien no ha dejado a ningún lado del espectro político contento- ha sido escrupulosamente (quizá exageradamente escrupulosa en algunos casos) respetuosa del texto de la Constitución. El propio Congreso, a pesar de los indicios de corrupción, se negaba a vacar a Castillo, al punto que Castillo prácticamente se “auto-vacó”. Así, por más que sea impopular (lo que -por cierto- no tiene nada de nuevo) eso no lo convierte en ilegítimo.
El caso de Dina Boluarte es algo distinto. Ella llegó al poder con un partido ligado al narcoterrorismo y otros grupos delincuenciales, significando la continuación del proyecto Castillo y Cerrón. Existen motivos de peso para considerar a su gobierno ilegítimo, por lo que que el Congreso podría fundamentar una eventual vacancia y adelanto de elecciones presidenciales (complementarias) de ser el caso.
¿Qué pasa con las revueltas?
Las revueltas y la violencia no le quitan legitimidad a un gobierno, si no existen motivos de fondo para éstas (la destitución de Castillo o el pedido de una nueva constitución no son argumentos para justificar la ilegitimidad). La regla inversa significaría que las personas violentas o delincuentes tienen un derecho de veto sobre el gobierno, del cual no gozamos el resto de ciudadanos.
Por su puesto, eso no quiere decir que los hechos no tengan fuerza propia y puedan influir en los resultados “legales”. Pero eso no convierte a los hechos en justificaciones o argumentos legales per se, sino que estos deben tener fuerza propia. En otras palabras, una turba puede -en los hechos- derrocar a un gobernante, pero eso no convierte a la turba en legítima y al gobernante en ilegítimo.
Cambio de discurso
Algo que me sorprende de ambos grupos (parte de la oposición y la izquierda radical) es la forma como han variado sus discursos acerca de la legitimidad. Para operadores políticos de la oposición como Jorge Lazarte, el Congreso era poco menos que el salvador y el dique de contención frente al riesgo autoritario que suponía Castillo. Incluso usó al Congreso para lograr reformas, como el intento de bloquear legalmente una eventual asamblea constituyente. En abril de 2022 Lazarte declaró en Perú 21 que el Congreso era el principal opositor a Castillo, nuestra defensa contra el autoritarismo y se debería quedar hasta 2026. Además, señaló que la impopularidad del Congreso no era un argumento definitivo, porque los congresos peruanos eran tradicionalmente impopulares. Sin embargo, hace pocos días declaró en su página “Integridad” que el Congreso era ilegítimo y debían adelantarse las elecciones. ¿Qué cambió?
Lo mismo con la izquierda radical. Castillo no podía ser removido de ninguna forma, porque era un presidente democráticamente elegido. No importan los indicios de corrupción, su incompetencia y menos sus vínculos con el narcoterrorismo. Sin embargo, Boluarte, que fue igualmente elegida (en la misma plancha presidencial), no es una presidente legítima porque ocurrieron muertes en protestas (que también ocurrieron con Castillo por cierto). ¿Qué cambió?
Si bien es cierto que puede ser conveniente y necesario un adelanto de elecciones (en 2024), es igualmente cierto que decir que nuestros gobernantes (especialmente el Congreso) no son legítimos, es dañino para la democracia. En los hechos, significa darle un poder gigantesco al narcoterrorismo y otros grupos delincuenciales y violentos. Ellos no pueden dictar el destino del país.
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