Además del trasfondo (geo)político de la reforma constitucional en Latinoamérica; una forma útil de clasificar la discusión en torno a la modificación de los textos es entre los que abogan por el mantenimiento de la ortodoxia económica (prescripciones del Consenso de Washington como libre comercio, privatización y estabilidad monetaria) y los que abogan por regresar a la heterodoxia, que muchas veces relacionan con al reconocimiento de más derechos en el texto de la Constitución. Dado que nuestra región fue un gran experimento de reforma constitucional entre 1980 y 2000, es posible extraer algunas conclusiones viendo la performance de los países que viraron hacia la ortodoxia (Chile o Perú) y los que confiaron en la expansión del reconocimiento derechos y la heterodoxia económica (Venezuela o Bolivia).
Para empezar, es claro que los países más económicamente ortodoxos y más “libres” tuvieron mejores resultados en términos de crecimiento (disculpen la calidad del gráfico, pero estoy cogiéndolo de un trabajo propio, aún no publicado):
Esto es confirmado en trabajo como el de Grier y Grier (2021, aquí), donde muestran que la aplicación del Consenso de Washington sí tuvo un efecto positivo en el crecimiento de los países que lo aplicaron. En este gráfico, Bolivia aparece como un outlier, pero su situación se está deteriorando muy rápido, como era previsible.
Por otro lado, no existe evidencia según la cual reconocer más derechos socio-económicos aumente la provisión de bienes o servicios básicos. Todo lo contrario, la consagración de derechos puede tener el efecto de volver más “intervenido” un determinado ámbito, como la provisión de agua o la educación, afectando la calidad y acceso.
Un contra-ejemplo, más bien, es la provisión de electricidad. En 1992-93, estaba por debajo del 70% en Perú. Luego de reordenarse (separándose por categorías) y privatizarse partes de la cadena (sobre todo distribución), el acceso pasó de 70 a casi 100% (según cifras del Banco Mundial); aumentó la calidad (se redujeron pérdidas de energía) y se redujo el precio del servicio (Bonifaz, 2001, aquí).
El Consenso de Washington tiene muchos críticos, incluyendo muchos economistas cercanos a él, ideológica y culturalmente (Rodrik, 2006, es un ejemplo paradigmático, aquí). El Consenso de Washington, a diferencia de lo que quiere hacer creer la izquierda, no es un panfleto neoliberal, sino la recopilación de décadas de experiencia técnica y académica de instituciones como el BM y el FMI, además de la comunidad de economistas occidentales ligados al desarrollo y las políticas públicas. Su evaluación es crítica, basada en métodos científicos, que incluyen el esceptimismo y la medición objetiva. Por otro lado, la heterodoxia es un producto del populismo político. No tiene contraparte académica o técnica. No tiene críticos, tiene “seguidores”.
Lo anterior, no nos debe hacer perder de vista que la ortodoxia económica ha demostrado resultados brillantes en países como Perú. Reemplazarla por el modelo inverso es lo que está en discusión, no mejorar el modelo. La mejora del modelo ha provenido de los mismos académicos y técnicos que propusieron el Consenso en primer lugar.
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