Hace poco escuché a Elon Musk en una entrevista decir que “el peor error que podía cometer un ingeniero inteligente era mejorar algo (un producto o dispositivo) que fuera inútil o perjudicial”. Recientemente, veo la campaña por “calidad regulatoria” como eso. Como comenté hace unas semanas (aquí), existen muchas objeciones hacia un sistema de “calidad regulatoria”, pero también existe un cuestionamiento más sustancial: la calidad regulatoria consiste en mejorar (¿?) un sistema que es intrínsecamente perjudicial.
Todas las democracias o repúblicas liberales occidentales o con influencia grande de occidente (como Chile, Colombia y Perú en la región) son “estados regulatorios” o “administrativos”. Eso quiere decir que la regulación es ubícua y es el mecanismo de control principal del estado sobre las actividades de los individuos o empresas.
En este contexto, apostar por la “calidad regulatoria” consiste en claudicar ante este modelo, sin posibibilidad de repensarlo. Para repensarlo, convendría saber en qué consiste, cuáles son sus rasgos principales y cómo así llegó a prevalecer como la forma de organización política/social de todo occidente. Para esto, recomiendo especialmente trabajos de Moran (aquí) y Majone (aquí). También recomiendo un número especial de Daedalus (revista de la American Academy of Arts & Sciences editada por el MIT) dedicado al “Administrative State in the 21st Century” (aquí).
En resumen, el “regulatory state” consiste en una serie de instituciones legales: regulación económica; organismos reguladores; tribunales administrativos; agentes de fiscalización; multas; medidas coercitivas; estudios de impacto regulatorio o ambiental; funcionarios o servidores públicos; ministerios; decisiones administrativas; conceptos administrativos; procedimientos; etc.; que son aplicados para asignar y hacer efectivas titularidades sobre determinados bienes. Su surgimiento tiene que ver con la “complejización” de las economías, pero sus puntos de inicio difieren mucho si hablamos de USA, por un lado; o, Euroa o Latinoamérica, por el otro. En el caso de USA, el estado regulatorio es una consecuencia del aparente fracaso del libre mercado, luego del crack de la bolsa de valores en 1929. El New Deal y la Era Progresista diseñaron sistemas que regularon los mercados a fin de evitar futuras crisis. En el caso de Europa y países asimilados luego del Consenso de Washinton, se pasó, más bien, de economías planificadas y Walfare State a tener mayor libertad económica, pero regulada al estilo que ya era común en USA en ese punto. Por eso es completamente tendencioso y falso decir que adoptar el Consenso llevó a países como Perú a tener un libre mercado “salvaje” (sobre esto me he explayado en detalle, aquí).
Si bien el estado regulatorio es ubícuo y su existencia -por más que pueda estar en discusión- es un hecho; eso no quiere decir que la única alternativa que tengamos -o lo correcto- sea perfeccionarlo, en lugar discutir su propia existencia e intentar reducir su influencia. Parece que muchas personas que son “pro-mercado” en términos generales no se dan cuenta de que promover la calidad regulatoria implica apostar por perfeccionar herramientas que son profundamente anti-mercado en primer lugar.
¿Cómo empezar una discusión sobre reducir el estado regulatorio?
Aunque en Perú se nos escapa la tortuga o tenemos una carencia bastante grande en términos teóricos, la discusión no es nueva. Uno de los que la empezó fue nada menos que Guido Calabresi es su “A Common Law for the Age of Statutes”. Para Calabresi, la salida estaría en darle mayor poder a las cortes, aunque admite que el “estado regulatorio” es realmente “inescapable”. Autores como Mario Rizzo han apostado por tener candados a la regulación, antes que “balancing”. Es decir, prohibir cierto tipo de regulación, como los controles de precios o incluso prohibir toda regulación económica (lo cual no implica desaparecer las normas, como a veces rebaten personas profundamente ignorantes sobre Economía y Derecho. Ya se sabe: “sin derecho no existiría el mercado”… paporretéen otra cosa).
En el caso peruano, aunque parezca contraintuitivo, no descarto que la salida pase por fortalecer la provisión pública de servicios como la educación. Si ven lo que ha pasado con la “reforma universitaria”, por ejemplo; notarán que la regulación (muy al estilo del estado regulatorio) impuso una serie de restricciones que han eliminado a la mitad de la oferta privada, sin que la oferta pública crezca o mejore. Una política más razonable hubiera sido que el estado mejorase el acceso y la calidad de sus propias universidades, que representan el 50% de la oferta. Eso, no solo hubiese mejorado el acceso y calidad a educación universitaria, sino que hubiese quitado presión por regular el sector privado.
De momento, parece que una discusión como ésta no está en la agenda de congresistas, funcionarios públicos o técnicos/relacionistas públicos que están por la labor de meter goles fáciles, aunque terminen siendo goles en contra.
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